Criminalización y terrorismo: plan de EE.UU. contra Venezuela

Aunque es muy probable que siga oculto, ya que la valentía no le acompaña, el diputado contrarrevolucionario Juan Guaidó fue citado de forma oficial el jueves por el Ministerio Público de Venezuela, al que deberá responder por su reconocida implicación en la última intentona de golpe de Estado y magnicidio preparado por Estados Unidos (EE. UU.) contra el presidente Nicolás Maduro, a quien acusa, además de narcotraficante.

EE. UU., la mayor potencia mundial que está demostrando su gran incapacidad para afrontar una crisis sanitaria de magnitud como la de la COVID-19, se lanzó junto a su aliada Colombia y la oposición violenta venezolana, en un plan de aniquilación política del país suramericano, que está demostrando, por el contrario, su organización, disciplina y atención a la ciudadanía en medio de un bloqueo naval, aéreo, financiero y comercial impuesto por la injusta administración del republicano Donald Trump.

Con Maduro y los principales líderes revolucionarios asesinados, asaltado el poder por los mercenarios, Washington maniobraría desde la Organización de Estados Americanos (OEA) para intervenir con sus soldados en Venezuela e instalar un gobierno de transición hasta, al parecer, la celebración de elecciones presidenciales a fines de este año.

La Casa Blanca, con apoyo de Colombia, que conocía los movimientos, y de elementos contrarios al proceso bolivariano como Guaidó —autoproclamado presidente del país, pero sin pueblo—, trazó una estrategia que derrocaría a Maduro y los principales líderes revolucionarios. Acusados de narcotraficantes, víctima el mandatario de un magnicidio, asesinatos selectivos, junto a un golpe de Estado militar y el terrorismo interno empleado en otras oportunidades pararían de golpe el socialismo, pensaron, en la tierra de Simón Bolívar. Algo, imaginaron, tenía que salir bien en esta ocasión.

El proyecto fue descubierto e impedido por los servicios de inteligencia venezolanos, los jefes desenmascarados y Guaidó señalado como uno de los líderes de lo que sería una masacre, uno de los cabecillas del abortado propósito, concebido para aprovechar las incidencias de la propagación del COVID-19 entre la población en el bloqueado país suramericano.

Los estrategas norteños pensaban que las autoridades venezolanas no podrían controlar la pandemia COVID-19, lo que traería un caos interno de enfermos y muertos, dado el acosamiento que mantienen sobre ese país. A la inteligencia de los líderes de esa nación, que da muestras de una enorme resistencia cívica, se unió la solidaridad de naciones como China, Rusia, y Cuba, que se pusieron al servicio de las autoridades socialistas de Caracas.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en estos días ha comparecido ante la prensa para informar sobre el entretejido cívico-militar que rodea la fallida intención de Washington y los presuntos implicados con la bendición del régimen derechista del presidente colombiano Iván Duque.

Guaidó, en realidad, debe presentarse para esclarecer las declaraciones de su principal acusador y compinche de la contrarrevolución, el general Cliver Alcalá Cordones, desertor al servicio de la DEA, quien se entregó en Bogotá a las autoridades norteamericanas, en caso de que Duque, en un arranque que nadie espera, lo extraditara a Caracas, dada la gravedad de los hechos.

En días pasados, Alcalá Cordones confesó publicamente en la ciudad colombiana de Barranquilla su participación en el intento de derrocamiento de un gobierno legítimo, y aseguró que contaba con las instrucciones de Guaidó, quien firmó el acuerdo para compra de armas junto a su asesor político Juan José Rendón, llamado también “el rey de la propaganda negra y la guerra sucia”, nacido en Venezuela y radicado en La Florida, EE. UU.

Las declaraciones de Alcalá a la emisora colombiana W Radio obedeció, en opinión de analistas, a evitar un “falso positivo” que podría ser asesinado en Barranquilla, y por eso prefirió dar la cara. Algunos medios, como Correo del Orinoco, advierten que la intención del exgeneral no era subordinarse a las órdenes de Guaidó cuando tomaran el poder, sino constituir su propio gobierno.

HILO DE LA MADEJA

El pasado 23 de marzo fue incautado un arsenal de armas por valor de medio millón de dólares en territorio de Colombia que sería trasladado de manera ilegal a Venezuela por una zona fronteriza de los dos países. El objetivo era armar a grupos mercenarios de asalto, integrados por 90 hombres, entrenados antes por militares estadounidenses en ese país.

En conferencia de prensa en Caracas, el fiscal Saab indicó que dos de sus pares locales procesarán los elementos reunidos en las actas policiales bajo el número MP69482-2020. También informó que hay órdenes de detención contra Alcalá Condones y su socio Antonio José Sequera Torres, el segundo al mando de los terroristas. Los delitos que se les imputan son traición a la patria, tráfico de armas de guerra, terrorismo, intento de magnicidio y asociación.

Ante la indolente postura de Duque, el fiscal general de Venezuela, afirmó: “Frente a todo esto la justicia colombiana deja la actuación de las autoridades judiciales de ese país en una situación totalmente bochornosa”, y permitió a Alcalá, confesor de delitos, salir del país apoyado por autoridades de EE. UU., sin proceso legal alguno.  “Al parecer las autoridades estadounidenses pueden detener a quien sea en Colombia sin participación de la justicia colombiana. Un hecho que demuestra que Colombia es una colonia anexada a los EE. UU.”, destacó el jurista.

La Casa Blanca, principal organizadora de las acciones contra Venezuela y su mandatario, es parte interesada, ya que aparecen militares-instructores y un contratista, que es un mercenario estadounidense vinculado al hecho. No le conviene que el antiguo militar siga desbarrando ante la prensa colombiana.

POMPEO PROPONE GOBIERNO DE TRANSICIÓN A VENEZUELA

EE. UU. está consciente de que sus últimas disposiciones para aniquilar la Revolución Bolivariana —ofreció 15 000 000 de dólares a quien entregara a Maduro tras acusarlo de narcotraficante— son un nuevo fracaso, y que su ahijado Guaidó, si comparece ante la justicia, irá preso de inmediato.

Ante la mentirosa actitud de la Casa Blanca, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano aseguró: “La inverosímil acción puesta en marcha por el gobierno de los EE. UU. a través de la Fiscalía General, a decir de las acusaciones esgrimidas por el Sr. William Barr, no se encuentran sostenidas en asidero probatorio alguno, siendo evidente que responden a una reacción desesperada ante los reiterados fracasos de dicho gobierno por subvertir el orden constitucional en nuestro país”.

En un comunicado, el órgano de justicia criticó el accionar del régimen ultraderechista de Trump por insertarse “en niveles de barbarie extrema al hacer ofertas públicas con la cooperación de un órgano de su Sistema de Justicia, sin observar las garantías universales de debido proceso”.

En otro fallido intento por aparentar, infructuosamente, ser el líder del mundo (cuando en realidad ni puede resolver sus problemas internos), EE.UU. tuvo el descaro de proponer —como era la intención original de su último desbaratado plan— la formación de un gobierno de transición proyectado por Elliott Abrams, representante especial de ese país para Venezuela, respaldado por el secretario de Estado, Michael Pompeo.

Como chantaje, Washington levantaría las medidas coercitivas unilaterales que impuso a esa nación suramericana. De conformarse el Consejo, Pompeo planteó, en otra intromisión pública, que estaría integrado por miembros del oficialista Partido Socialista Unido de la Revolución (PSUV) y de la oposición, anunció el pasado martes ante la prensa de su país.

Claro que no es tan simple. El secretario puso condiciones, y la primera es que Maduro se retire del poder, según la propuesta denominada Marco Democrático para Venezuela.

La respuesta venezolana salió de inmediato por medio del canciller Jorge Arreaza, quien recordó a la Casa Blanca que “Venezuela es un país soberano que toma sus propias decisiones y no está tutelado por EE.UU.”.

Tras rechazar la propuesta norteamericana, Arreaza aseguró que “la soberanía de Venezuela no está en negociación”, refirió a la emisora colombiana BluRadio en una entrevista. En sus declaraciones, el jefe de la diplomacia destacó: “Ellos (los conservadores de la Casa Blanca) pueden decir lo que quieran, cuando quieran, como quieran pero las decisiones en Venezuela se toman en Venezuela, con sus instituciones y su constitución”.

Washington planteó, en su alucinante plan, la creación de un Consejo de Estado que gobernaría hasta las elecciones presidenciales y legislativas de fines de este año, informó la multinacional Telesur.

Todos estos movimientos de la ultraderecha estadounidense gravitan sobre realidades inexistentes. En las peores condiciones posibles, Venezuela se enfrenta desde hace 20 años al imperialismo más cruel de la historia humana, y le está ganando la pelea, a pesar de traiciones, ataques, bloqueos, y la obsesión de un grupo de millonarios por hacerse aún más ricos con el petróleo del digno país.

Mientras, en Nueva York, la ciudad espejo de EE. UU., sus ciudadanos se enferman y mueren porque el sistema de salud es privatizado y deshumanizado. Trump, que ve en peligro su reelección este año, traga sus hieles y junto a sus habilidosos y a la vez sicópatas asesores quiere ser el presidente que derrotó a Maduro. No sabe que sus colmillos son muy flojos para la fortaleza patriótica de Venezuela.