Indígenas bolivianos dan la cara contra gobierno de facto

Este 9 de agosto, cuando se festeja el Día Internacional de las Comunidades Indígenas, pueblos autóctonos de Bolivia reclaman sus derechos constitucionales con una huelga general por tiempo indefinido para que el gobierno de facto de Jeanine Áñez respete el 6 de septiembre como fecha de elecciones generales, postergadas por segunda vez.

En América Latina sobreviven centenares de pueblos autóctonos de raíces milenarias, algunos de ellos en lucha frontal ahora contra gobiernos neoliberales que usurpan por la fuerza sus riquezas para engrosar los capitales de las trasnacionales.

Bolivia, Ecuador, Brasil, Paraguay, Venezuela, Chile y Argentina destacan en Suramérica, pero también tienen presencia en naciones centroamericanas, como Panamá, Nicaragua, Costa Rica, entre otras. México también conserva grupos poblacionales autóctonos o mestizos de amplia presencia nacional.

En el Estado Plurinacional de Bolivia viven casi más de 10 millones de indígenas —de una población de 11 633 371— asentados en las etnias de Los Andes o regiones altiplánicas y valles, la de los Llanos Orientales, localizadas en las regiones cálidas al nororiente de la cordillera central, y las del Sudeste, o Gran Chaco.

En ese Estado Plurinacional, regido ahora por un régimen ilegal que siguió al golpe de Estado contra el primer presidente indígena del país, Evo Morales Ayma, son reconocidos como idiomas oficiales 37 lenguas de los pueblos autóctonos, según la Constitución Nacional del 2009.

Este Día Internacional de las Comunidades Indígenas, instaurado por Naciones Unidas (ONU), los ojos del mundo, azotado por la pandemia de la COVID-19, se fijan en una población que a nivel mundial engloba más de 400 millones de personas desprotegidas y pobres, que, sin embargo, luchan por conservar sus raíces y la biodiversidad del planeta. Y en especial en Bolivia y Ecuador, donde mantienen una lucha pacífica pero continua para recobrar su política del Buen Vivir.

Los enormes conocimientos de siglos, culturas, y lucha por mantener su milenario patrimonio en la sociedad moderna, también se visualizan en estos días en que esos pueblos, ante la indiferencia oficial, hacen uso de su medicina tradicional para enfrentar el azote de un virus desconocido hasta diciembre pasado, cuando apareció el nuevo coronavirus en China.

MORIR POR LA COVID-19 O POR LA DICTADURA DE ÁÑEZ

La situación de desestabilización en Bolivia luego del golpe de Estado de noviembre del pasado año atraviesa ahora por uno de de sus momentos más tensos, con 81 846 contagiados por la COVID-19 y 3 228 muertos, una presidenta salpicada por la corrupción y sin intenciones, según evidencia, de salir del Palacio Quemado por aplastante voto popular.

Áñez es una senadora que ante el desconcierto de las fuerzas revolucionarias por la salida del país del mandatario y su vice y las distancias que separaban a los dirigentes del entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), aprovechó el vacío momentáneo para autoproclamarse jefa del naciente régimen neoliberal.

Luego de una explosión de rebeldía de los pueblos indígenas que apoyaban a Morales, con un saldo de una treintena de muertos en La Paz, la capital, debido a la represión militar, la derechista gobernante prometió la celebración de comicios generales en poco tiempo. En realidad, fue una artimaña, ya que después declaró su postulación y luego, por tres veces, la postergación de los comicios que, indican encuestas, perdería por bajo índice de votos.

Primero iban a ser en mayo de este año, después el 6 de septiembre y ahora el 18 de octubre, usando la pandemia como pretexto.

En una nación sin estructura sanitaria, que expulsó del país a los profesionales cubanos que colaboraban en el área de la salud apenas situada en Quemado, el mal manejo de la enfermedad está arrasando con los bolivianos, en especial la población autóctona.

Quizás para naciones que desconozcan la capacidad de resistencia indígena les resulte un suicidio colectivo lo que pasa en la nación andina.

Millares de personas se encuentran hoy en las calles para exigirle al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se celebren los comicios en la fecha programada de septiembre, para no dilatar más la eventual salida de Áñez y su equipo neoliberal del poder.

La decisión del TSE es considerada ilegal, pues solo la Asamblea Plurinacional está facultada para cualquier cambio en el organigrama electoral.

Analistas coinciden en que la exsenadora quiere ganar más tiempo para continuar con su persecución judicial contra los líderes y candidatos del MAS, partido al que intento proscribir sin éxito y que tiene el primer lugar en las intenciones de voto.

La Central Obrera Boliviana (COB), que agrupa a nueve federaciones gremiales, entre ellas la de la minería, mantiene una huelga general por tiempo indefinido, la que mantiene virtualmente paralizado al país, bloqueado por el cierre de carreteras, incendios de neumáticos y otros objetos que impiden el paso de vehículos.

Los pueblos indígenas bolivianos, que alcanzaron un notable desarrollo entre el 2005 y el pasado año, mientras gobernó Morales, devinieron sujetos políticos fundamentales en la estructura plurinacional y están representados no solo en las grandes centrales obreras, sino en instituciones como la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el MAS es mayoría, y seguiría siéndolo cuando se efectúen las reclamadas elecciones.

Áñez y su camarilla de respaldo, en la que aparecen las Fuerzas Armadas —las que pidieron la renuncia al líder indígena, y la Iglesia Católica— no solo desconocen el deseo de una mayoría de la población, sino que están armando un nuevo golpe de Estado para tratar de sofocar la rebeldía.

En un comunicado, y ante el descontrol de la pandemia, la presidenta de facto acusó a la COB y las organizaciones integrantes del Pacto Social afines al MAS de impedir el paso de camiones cisternas con oxigeno medicinal, lo que habría causado la muerte de 31 contagiados.

Áñez envío denuncias a Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que obliguen a las sublevadas entidades a desbloquear las carreteras. La acusación fue desmentida por las entidades que realizan la huelga general, ya que, esclarecieron, solo pueden pasar por las vías los vehículos que contienen insumos contra la enfermedad.

Ante la nueva maniobra gubernamental, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional plantearon públicamente que el régimen de Áñez deliberadamente no autoriza salida de tanques de oxígeno de la empresa privada Praxair para proveer a hospitales y clínicas. 

La situación interna de Bolivia tiende a deteriorarse aún más. La COB aceptó reunirse con el TSE para tratar de mantener la fecha del 6 de septiembre para los comicios, pero tras cinco horas de reunión no hubo acuerdos.

Aunque quedó abierto el camino para nuevas conversaciones, varios analistas coinciden en que Áñez y sus socios impedirán cualquiera alteración de fechas.

En tanto, el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, lamentó que no haya posibilidad de entendimiento. “Lamentablemente, no hay voluntad del TSE; hemos estado cinco horas justificando el pedido del pueblo, las reivindicaciones sociales y los argumentos jurídicos”, sin resultado alguno.

Pero en lugar del diálogo, el régimen derechista tensa más la cuerda. El ministro interino de Gobierno, Arturo Murillo, dijo a los medios en Cochabamba que las cisternas estaban varadas por una semana por los bloqueos y denunció que en algunas carreteras están saqueando camiones, lo cual fue desmentido por la COB mediante videos en que se observa la circulación de ambulancias, y vehículos con insumos médicos.

El candidato del MAS y probable ganador de las presidenciales, Luis Arce, declaró a la prensa que “el pueblo movilizado de manera pacífica está comprometido con la salud y la vida” y afirmó que “el gobierno de facto continúa con su campaña de mentiras tratando de tapar su incapacidad. La falta de oxígeno, medicamentos, pruebas, respiradores y equipos de bioseguridad, la padecemos desde hace meses”.

A través de su cuenta en Twitter, Arce lamentó el pronunciamiento de la OEA de calificar las protestas y movilizaciones como juego político en tiempos de pandemia y obviar los crímenes de lesa humanidad del gobierno usurpador.
Según la agencia de noticias Prensa Latina, otra de las figuras del MAS, el vicepresidente de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, repudió la ineficiencia de Áñez, “que sólo se queja y no actúa para cuidar la salud pública”, dijo.

También el vicepresidente del MAS en el departamento central de Cochabamba, Orlando Zurita, aseguró que las medidas de presión ejecutadas esta semana se radicalizarán en Bolivia si el gobierno arresta a sus dirigentes.

Zurita, uno de los organizadores de la protesta, advirtió que “el Ejecutivo tiene que pensar mil veces antes de detener a cualquier líder”.

En este día, que debía ser de festejos para las comunidades indígenas, en América Latina hay protestas contra las dictaduras neoliberales.