Nuevo gabinete para aliviar tensión en gobierno chileno

El presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, cambió seis ministros en medio de la crisis interna de la derecha, la pandemia de la COVID-19 y la baja aceptación de su gobierno, con solo un 12 % de respaldo.

Esta es la quinta vez que Piñera transforma su gabinete desde que asumió el Palacio de La Moneda en 2018, en su segundo mandato.

El pasado martes, en una ceremonia en la sede gubernamental, asumieron los nuevos titulares, hasta ahora senadores o diputados de la bancada derechista, que apoyaron al dignatario en su reciente derrota de la promulgación de una ley que permitirá a los trabajadores hacer uso del 10 % de su dinero depositado en el fondo de pensiones para encarar la difícil situación económica generada, en parte, por el nuevo coronavirus.

La importante cartera del Interior y Seguridad Pública recayó en Víctor Pérez Varela; la de Defensa, Mario Desbordes, hasta ahora presidente del partido oficialista Renovación Nacional; Andrés Allamand en Relaciones Exteriores, y Jaime Bellolio en la Secretaría General de Gobierno.
El dignatario cambió a Karla Rubilar de la Secretaría General de Gobierno al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y desde este a Cristián Monckeberg para sustituir a Claudio Alvarado en la Secretaría General de la Presidencia.

Un nombramiento muy criticado es el del nuevo ministro del Interior, quien en su ejercicio político fue alcalde designado de Los Ángeles, en la región de BioBío, entre 1981 y 1987, tras ser nombrado por Pinochet.

Pérez fue diputado por cuatro periodos consecutivos desde 1990 y desde 2006 es senador. Esta es una de las figuras que preocupa a los partidos opositores, por su recordada vinculación a la represión de trabajadores y estudiantes, que muestran su rechazo a los planes neoliberales del oficialismo.

En corto discurso, el presidente afirmó que “Chile enfrenta hoy los problemas y adversidades más grandes en décadas y este cambio de gabinete se realiza precisamente para enfrentar mejor esos desafíos”.

Aun con los peores índices de respaldo popular de un mandatario luego de la caída de la dictadura de Augusto Pinochet, Piñera, uno de los tres hombres más ricos del país, significó que  las tareas más urgentes de los próximos 20 meses está seguir enfrentando la pandemia de COVID-19, consolidar los avances contra la enfermedad y fortalecer las medidas para garantizar la protección social de millones de chilenos afectados por la crisis.

Chile atraviesa un grave momento económico, luego de una holgada situación, pero siempre con significativos números de bajos ingresos en los sectores más vulnerables, ahora agravados por la pérdida de más de millón y medio de empleos debido a la pandemia.

Desde que apareció el primer caso de la COVID-19, el 3 de marzo último, la nación andina registró hasta el 26 de este mes, 9 187 personas fallecidas. Los contagiados ascienden a 347 923, en tanto organismos sanitarios se declararon al borde del colapso por el alto número de casos.

Con palabras que trataron de transmitir tranquilidad, el presidente que enfrentó antes de la COVID-19 las mayores protestas populares de la llamada etapa democrática en octubre pasado y hasta que asomó la enfermedad, precisó que entre sus actuales prioridades y con el desempeño de los nuevos ministros —entre ellos los claves de Seguridad Pública y Defensa— encargados de la represión interna, enfrentar la delincuencia y lo que él catalogó de violencia.

En este nuevo movimiento interno, Piñera situó hombres claves para frenar de nuevo el descontento de la población que durante meses exigió su renuncia y la redacción de una nueva Constitución Nacional que permita la reestructuración del país, ya que la actual fue suscrita bajo la larga etapa dictatorial del traidor Pinochet, jefe del golpe de Estado militar que en 1973 derrocó al legítimo presidente Salvador Allende.

Según la agencia de noticias Prensa Latina, medios políticos opositores valoraron el cambio en el gabinete como un fortalecimiento de las posiciones más conservadoras y la instauración de un “gabinete del rechazo”.

El senador Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, señaló —de acuerdo con un despacho de ese medio— que Chile precisa un “cambio de rumbo, pero el presidente no dimensiona la situación del país y va en sentido contrario a lo que se necesita”.
Elizalde se refirió a que el nuevo ministro del Interior, “no es una paloma, sino un halcón que representa las posturas más duras dentro de la derecha del país”.
Los cambios ocurren pocos días después de que se expresara la división interna de la derecha en la votación del Congreso Nacional sobre una ley enviada por el gobierno, la cual impedía a los trabajadores hacer uso de un 10 % de sus acumulados en el fondo de pensiones —una entidad privada— para paliar la actual crisis económica.

Para Piñera y su partido Renovación Nacional fue un duro golpe que la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de sus apoyos políticos más poderosos, se uniera a los opositores que llevaron la voz cantante en la votación parlamentaria.

“Creemos que para nosotros es grave que parlamentarios de nuestro partido concurran con su voto a aprobar iniciativas que son impulsadas por la izquierda para desbaratar un sistema que entre todos estábamos tratando de mejorar”, afirmó Jacqueline Van Rysselberghe, una de las voces de esa agrupación.

Los diputados en cuestión serán juzgados por el Tribunal Supremo de la UDI, al que la colectividad partidista exige la aplicación de las máximas sanciones internas.

De esta forma, Sandra Amar, Álvaro Carter, Virginia Troncoso, Cristhian Moreira y Pedro Álvarez-Salamanca fueron puestos contra la pared. Tres de ellos, Amar, Carter y Troncoso renunciaron al partido, y explicaron en una nota que “no hemos cometido ninguna falta a los principios de la UDI, ni hemos cometido delito alguno. Solo hemos votado en conciencia”, indicó el diputado.

Pero la deserción fue más amplia. El partido Renovación Nacional, del dignatario, también se dividió a la hora de las votaciones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

El presidente de Renovación Nacional, que renunció al cargo tuvo un ácido desacuerdo con varios de los legisladores. “La verdad es que todos los que nos están criticando, los que pontifican desde un altar en los diarios, la verdad es que yo los invitaría a que salgan un poco a la calle, vean la realidad, porque esto no es una cuestión de populismo, no es maldad, no es querer destruir el sistema, sino la necesidad”, dijo.

AHORRISTAS A LA CALLE

Después que Piñera aceptara la decisión parlamentaria, miles de chilenos hacen largas filas para tratar de sacar de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) el 10 % de sus ahorros, cuya extracción debía realizarse a partir del pasado día 29, y a través de Internet.

La ley de emergencia que mostró el desgaje de los partidos oficialistas contra el régimen que supuestamente apuntalan, es una medida que permitirá elevar el empobrecido poder adquisitivo de la población, en medio de la crisis económica más grave en 35 años, de acuerdo con el Banco Central.

Aunque las AFP se comprometieron a reforzar sus páginas web para evitar el corte de las transmisiones, la población prefirió hacerse presente en las oficinas, pues se observa una congestión en la conectividad digital.

La derecha estaba resistida a la aprobación de la ley, pues aunque las extracciones de fondos reactivará el consumo y tendrá un impacto positivo del 3 % en el Producto Interno Bruto, pone en peligro las AFP que, al parecer tienen sus días contados en la eventual nueva Constitución, donde el modelo de pensiones será reformado.

Se estima que la nueva inyección a la economía será de 20 000 millones de dólares en un año, el tiempo dado por la ley para la retirada del dinero.

MAPUCHES: TRES MESES EN HUELGA DE HAMBRE

A Piñera le sobran los problemas. Uno de ellos, al que se le da poca divulgación por los medios, es la actual rebelión del pueblo mapuche para que el gobierno respete sus derechos.

Los mapuches, apoyados por una mayoría de las centrales sindicales y estudiantiles de Chile, además de organismos internacionales de derechos humanos, están movilizados desde hace varias semanas en defensa de una ley promulgada que los protege en caso de detenciones, la cual no se hace efectiva.

Ese pueblo autóctono sufre más que cualquier otro sector la discriminación y el despojo de las empresas trasnacionales, tanto locales como extranjeras.

Distintas protestas para que se escuchen sus voces se realizaron en numerosas localidades chilenas. En la actualidad hay ocho presos políticos de ese pueblo autóctono en la cárcel de Angol, además del machi Celestino Córdova, que llevan casi 90 días en huelga de hambre. A estos hombres se sumaron 11 presos de Lebu, estos con 21 jornadas sin consumir alimentos y otros siete en la cárcel de Temuco, con la misma decisión.

El pasado día 9 en la Comisión de Derechos Humanos del Senado se realizó una sesión para “conocer la situación de los presos mapuches recluidos en la cárcel de Angol y de Córdova, pero sin mayores avances porque el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, insistió que el diálogo de los voceros de los huelguistas debía realizarse con Gendarmería.

Así anda la situación en Chile. Ya se conocerá que harán a favor del gobierno los nuevos ministros, y qué tiempo durarán en el cargo.