Un respiro para Vizcarra

Al presidente peruano, Martín Vizcarra, solo le quedan diez meses de gobierno, pero aun así, luego de librarse de una destitución legislativa, apenas tiene un respiro ante cuatro partidos políticos que, en principio, intentan evitar una reforma electoral.

Las agrupaciones políticas Acción Popular (AP), Unión por el Perú (UPP), Alianza para el Progreso (AP) y Podemos llevaron adelante este mes la petición de vacancia presidencial al Parlamento por supuestos casos de corrupción.

Aunque el plan no prosperó (32 por la vacancia, 78 en contra y 15 abstenciones), el mandatario sabe que los grupos opositores tratarán de salirse con la suya. En la mira está la negativa a cambios en las condiciones de la campaña de los comicios generales previstos para abril próximo.

La reciente crisis política generada por el pedido de vacancia presidencial tuvo, entre otros actores de peso, a miembros de la bancada de AP. Uno de los impulsores fue el presidente del legislativo, Manuel Merino, y el legislador de AP Otto Guibovich, un ex militar retirado.

Merino buscó la colaboración de la Fuerza Armada para darle un eventual golpe de Estado al mandatario. Llamó al Presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, general Astudillo; y al Comandante de la Armada, Vice Almirante Cerdán, para informarles, dijo, lo que estaba ocurriendo.  Quería luz verde para sus maniobras antidemocráticas, pero los militares se negaron a seguirle el juego y reportaron de inmediato al Titular de Defensa y este, al Jefe del Estado. Días después el Presidente del Congreso debió admitir el hecho, y pedir disculpas a la institución contactada.

Guibovich es una figura conocida entre los uniformados. Operó como jefe militar en Tingo María, una localidad ubicada en la selva alta, puerta de entrada a la Amazonia peruana, durante el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori y trabajó en coordinación estrecha con su asesor Vladimiro Montesinos y los servicios de inteligencia de la época. En su momento, fue acusado y retirado de la institución castrense.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Édgar Alarcón, quien solicitó la vacancia,  tiene 39 denuncias en fiscalía y dos acusaciones constitucionales por presunto enriquecimiento ilícito y peculado.

Un somero análisis demuestra que detrás de la frustrada destitución existe un plan mayor, que pretende eliminar a Vizcarra de manera rápida y poner en su lugar a una figura complaciente con los grupos derechistas enquistados en el Parlamento y la gran oligarquía peruana.

Para los grupos opositores es de suma importancia sacarlo del camino político. Les resulta inconveniente cambiar las reglas de juego de las elecciones. El proceso comicial comenzó el pasado 8 de julio cuando fueron convocadas por la presidencia las elecciones generales. A partir de ese minuto, los parlamentarios tienen seis meses para discutir y aprobar la reforma política y partidaria, aún con varios puntos decisorios pendientes.

La propuesta- indicó Semanario Latinoamericano- modifica la Ley de Organizaciones Políticas para permitir que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) acceda a las cuentas bancarias de las agrupaciones, como parte de la supervisión de sus fondos de campaña. Hasta la fecha, solo el tesorero del partido accedía a esta información.

Vizcarra es, para algunas fuerzas políticas, una piedra en el zapato. Era vicepresidente del sustituido Pedro Pablo Kuczynski (PPK), pero se desempeñaba como embajador en Canadá. En marzo de 2018 debió trasladarse a Lima, la capital, para relevarlo en el cargo luego de un sonado escándalo político que incluyó corrupción política y financiera.

Poco después de asumir, el exembajador observó las manipulaciones de un Congreso que obedecía al fujimarismo mayoritario en escaños, en detrimento del gobierno nacional.

Sin reconciliación posible, y ante un plan en marcha para destruir un mandato entonces corto, Vizcarra se vio obligado a disolver el Parlamento Nacional que no solo trababa sus leyes, sino que lo sustituyó violando la Constitución Nacional por la vicepresidenta Mercedes Araoz, quien renunció al cargo 24 horas después luego del rechazo popular a su nombramiento.

Si quienes intentaron derrocar por segunda vez a Vizcarra hubiesen triunfado hace unos días, hoy la situación política sería muy diferente. De acuerdo con la Constitución su sustituto sería Merino y, coinciden analistas, en la agenda de los opositores estuvo dejar atrás las reformas electorales y cambiar la fecha de las elecciones, en aras de ganar tiempo y ajustar sus campañas, muy deprimidas debido a la presencia de la COVID-19, que ya dejó 805 mil 302 contagiados y 32 mil 262 fallecidos hasta el pasado día 26.

Incluso el jefe El jefe del Gabinete Ministerial, Walter Martos, aseguró en el portal Cuarto Poder que dos partidos políticos solicitaron a Vizcarra la postergación de los comicios por dos años con el pretexto de la pandemia

Según Percy Medina, jefe del Instituto Internacional para la Democracia (IDEA), la del 2021 será una carrera electoral atípica, donde la única forma de captar la atención es mediante la televisión y las redes sociales

¨Debido al peligro del contagio, señaló, los futuros candidatos estarán ausentes. Es un escenario bastante improvisado el que tenemos actualmente”.

Las agrupaciones políticas tienen un cronograma fijado, pero sin cumplir, y están ahora en una carrera contra el tiempo para definir sus concursante.

Nada pueden hacer hasta que no concluya el debate de la reforma política que ellos mismos han aplazado. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no está facultado para inscribir aspirantes en las diferentes chapas mientras ese asunto esté pendiente

Resuelto ese paso, los partidos deben realizar  elecciones internas para armar las boletas. De acuerdo con la norma de paridad y alternancia aprobada, la primera vicepresidencia de la nación deberá ser asumida por una mujer.

Al pleno del JNE le corresponde fijar las fechas en que se organizarán las primarias, pero no cuenta con quórum para hacerlo

DIFERENCIA DE LARGA DATA

Cuando con motivo de las Fiestas Patrias Vizcarra entregó su primer Mensaje a la Nación, quedó claro que buscaría un camino propio, y que éste no sería afín a los partidos tradicionales de ultraderecha.

Desde entonces trataron de moverle el piso mediante una campaña destinada a desprestigiarlo, con adjetivos y expresiones denigratorias, entre ellas que era ¨un improvisado no electo¨ y ¨usurpador¨ del poder.

Aunque cambiaron las bancadas, lo cierto es que el Congreso no deja en paz al presidente, pues cambiaron los nombres pero no la ideología.

En julio del pasado año, en su segundo mensaje a la nación -.julio del 2019- el Presidente insistió en las transformaciones políticas que habían recibido apoyo ciudadano en el Plebiscito celebrado bajo su auspicio al respecto.

En enero de este año fue electo el actual Congreso, que marcó la derrota de las fuerzas que antes habían conspirado. La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) perdió su representación parlamentaria y el Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, redujo su presencia a 12 de los 73 congresistas anteriores.

Aunque fuera de su entorno,  apristas y fujimoristas se mantienen en la cuerda del descrédito del dignatario y su Ejecutivo y se alinean hipócritamente contra quienes protestan por el neoliberalismo imperante, que ellos implantaron.  

El gobierno de Vizcarra es atacado por distintos flancos, con el uso de las redes sociales como medio fundamental para confundir a la población. Actuales congresistas se valen de la crisis sanitaria –que es global- y sus consecuencias económicas y sociales para formar una matriz de opinión contra los dirigentes del Ejecutivo, a los que acusan de incapaces.

Ello significa que el mandatario no está tranquilo para impulsar sus planes, en medio de la compleja situación de la salud pública y sus consecuencias. Sus enemigos apenas le dan un respiro mientras conspiran, como es de suponer, con antipopulares planes que les permitan apoderarse otra vez del futuro de Perú.