Tecnologías al "derecho"

En una sociedad donde urge hallar soluciones legales adecuadas en un entorno mediado por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el Derecho Informático, como “nueva” disciplina jurídica, adquiere un rol determinante.

A decir de Yarina Amoroso, presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho e Informática, quien accedió a conversar con Cubahora, el derecho informático, como convencionalmente se identifica al derecho que se ha gestado de la interacción de la sociedad con las TIC, deviene un serio compromiso desde las ciencias jurídicas para incentivar valores, tutelar derechos y establecer las responsabilidades que contribuyan al uso responsable de los adelantos tecnológicos.

“Es un derecho que se gesta por integración de principios jurídicos, aporta las reglas de interpretación para adaptar formas jurídicas existentes o para crear normas específicas, las cuales brindan respuestas a las nuevas necesidades y exigencias de las sociedades tecnológicamente avanzadas. Está llamado a contribuir y consolidar la aspiración de preservar la dignidad humana y la seguridad jurídica en el ciberespacio”, puntualizó.

Cuba, país que ha refrendado en varias ocasiones y escenarios su voluntad política de aprehender las ventajas que propone la era moderna en aras del co­nocimiento, la economía y la actividad político e ideológica, no es extraña en estudio y trabajo a este campo disciplinar, aunque se reconoce que queda mucho por hacer.

“Actualmente en el país el segmento más acabado es el de Seguridad Informática, pero este es solo una parte importante de los múltiples temas que conforman el llamado Derecho Informático. Es necesario ponernos al día acorde a las exigencias jurídicas. A medida que se generaliza el uso de las TIC se avanza en la digitalización de procesos, en la industria de bienes informáticos, en la conectividad, se diversifican los canales de comunicación y se amplían las posibilidades de acceder a servicios en entornos web”, argumentó Amoroso al referirse al estado de esta “nueva” disciplina en el país.

Como en cualquier campo académico llama la atención la estrecha relación que se teje entre esta disciplina y otras ramas del derecho. En el territorio nacional, dicha interdisciplinariedad también se evidencia, aunque al decir de nuestra entrevistada “hay que seguir propiciando aún más el trabajo multidisciplinario que trasciende a las materias jurídicas. Ejemplo de ello es el ejercicio realizado en materia de informatización de los servicios del Sistema Bancario, lo cual deviene pieza clave para llagar hasta el Comercio Electrónico”.

Entre los días 15 y 19 de mayo, La Habana acogió la XI Conferencia Internacional de Derecho e Informática y el VII Congreso Iberoamericano de Investigadores y Docentes de Derecho e Informática (CIIDDI). Una vez finalizados ambos cónclaves quedaron establecidas nuevas e interesantes líneas de trabajo, una suerte de derroteros dentro del sector jurídico cubano e internacional.

“Los temas relativos a la protección de datos personales, el derecho al acceso a la información, la propiedad intelectual en el entorno digital, el Teletrabajo, el desafío jurídico de la Internet de las Cosas, el Big Data, la Informática Forense y la Gobernanza de Internet, junto a la crítica de conductas hegemónicas que tratan de imponer patrones de comportamiento y reglas de derecho, entre otros, fueron algunos de los temas debatidos, y a los que se les seguirá dando continuidad”, explicó Amoroso.

Por eso, este 8 de junio, cuando se celebra en Cuba el Día del Trabajador Jurídico, cabe reparar en cuestiones referentes a la formación de profesionales legales capaces de lidiar con las exigencias de los nuevos tiempos.

Ante una última interrogante de dónde queda el papel de las unidades docentes cubanas para lograr tan importante meta, Amoroso respondió: “Hoy nuestras universidades desempeñan un rol decisivo, tanto en la formación como en la actualización e investigación sobre estos temas; a la vez, nuestras aulas son el espacio propicio para ampliar las potencialidades de nuestro capital social, recurso imprescindible para el desarrollo, implementación y sostenibilidad del programa de informatización que lleva implícito la necesidad de contar con una sólida base jurídica”.