La sociedad argentina, que no olvida lo ocurrido con el mochilero Santiago Maldonado, exige hoy a la policía de Buenos Aires la aparición con vida del joven Facundo Astudillo Castro, de 22 años, quien al parecer sufre una desaparición forzada a manos de los uniformados.
El drama para los familiares de este muchacho, considerado un amiguero —así llaman en ese país a quien posee gran facilidad para hacer amistades— comenzó el pasado 30 de abril, cuando salió de su casa en Pedro Luro, en el sur de la provincia de Buenos Aires, para visitar a su exnovia en Bahía Blanca, a unos 115 kilómetros de distancia.
Facundo, quien militaba contra la violencia institucional es, al parecer, una nueva víctima de los personeros de Gendarmería, acusados de la muerte de Maldonado, de 28 años, al que metieron por la fuerza en un vehículo de esa corporación armada. Apareció ahogado, meses después, en el río en cuyas riveras fue visto por última vez cuando era apresado tras participar en una protesta de una comunidad indígena por ocupación ilegal de sus tierras.
Hasta donde llegan hoy las investigaciones, Facundo fue detenido por un patrullero de la policía bonaerense por circular sin permiso y quebrar la cuarentena impuesta por el gobierno de Alberto Fernández con motivo de la COVID-19, indicó el abogado Leandro Aparicio, representante de la familia.
De acuerdo con versiones puestas en duda fue llevado a la dependencia policial de Mayor Buratovich alrededor de las 10:00 (hora local) en el retén de la ruta 3, a pocos kilómetros de Pedro Luro.
Ese primer movimiento estuvo vinculado a la actuación de canes que buscaban los rastros del joven e identificaron su presencia en la camioneta policial 23360, así como los de los uniformados que viajaban en ese transporte.
Dos de esos gendarmes —Mario Gabriel Sosa y Jana Curruhinca— indicaron que levantaron un acta en la comisaría y lo dejaron seguir camino, en tanto Aparicio denunció que los dos testigos mintieron, ya que “están siendo amenazados por la policía de la provincia de Buenos Aires, al igual que otras personas que están dando testimonio”.
A criterio de la familia del joven, Sosa y Curruhinca no asentaron la supuesta estadía en la carpeta. Ellos no querían que los perros rastrearan la gendarmería el pasado 19 de junio, porque legalmente todo indica que nunca estuvo ahí.
Para Aparicio, hay un plan de encubrimiento de las autoridades policiales que desde el primer momento actuaron contra el joven sin constancia de presencia en el recinto, pero que ya en esos momentos estaba secuestrado.
En su opinión, “hay cinco etapas del encubrimiento que podemos acreditar: 30 de abril, primeros días de junio, 18 de junio, 26 de junio, 13 de julio. Ahora sigue hasta los más altos niveles, y lo vamos a demostrar con todas las testimoniales”.
VERSIONES ENCONTRADAS
Uno de los agravantes de la desaparición en democracia son las versiones encontradas. Desde que salió a la luz el caso, —tal como ocurrió con Maldonado— supuestos testigos lo sitúan en distintos puntos del país, distantes de su lugar de partida y detención.
La madre del joven, Cristina Castro, que contrató a dos abogados y a un perito independiente, pidió la ampliación de las investigaciones, según un escrito presentado ante la jueza federal María Gabriela Marrón.
En el documento, al que tuvo acceso el periódico Página 12, Castro sostiene que “(…) el señor Fiscal alteró groseramente la declaración para procurar el desvío de la investigación, la propagación de noticias falsas, y el consiguiente perjuicio en el avance de la búsqueda”.
Hasta ahora, los familiares de Facundo establecen que la Policía es responsable de los hechos, a pesar de la negación de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, quien dijo que sus subordinados “no cometieron ninguna irregularidad”.
Los hechos encubridores comienzan el 30 de abril, en segundo término las maniobras para evitar una denuncia oficial por parte de los amigos de Facundo, luego el 17 de junio en el rastrillaje frustrado, y las declaraciones de un policía de apellido Galarza, quien mentirosamente dijo había visto al joven en General Cerri; la cuarta etapa ocurre con el arribo de Berni a Bahía Blanca. La justicia invalidó la declaración de Galarza por tratarse de un policía.
También declaró la exnovia del joven, Daiana González, quien afirmó que “me fueron a ¨apretar¨ varios policías de Mayor Buratovich”. La primera versión de la policía quiso involucrar a la muchacha con el caso, lo cual fue desmentido por el abogado de la familia.
La exnovia fue la primera en advertir a los amigos de Castro que no había llegado a su casa y puso a disposición de la madre y de la justicia su teléfono.
Hasta ahora hay cinco testimonios contundentes, ya que a los tres vecinos que dicen haberlo visto a la salida de la comisaría siendo subido a una camioneta patrullera se sumaron otros dos.
Ahora los investigadores de la familia tendrían en la mira una camioneta de patrulla rural, diferente a las blancas y negras de la bonaerense.
SOCIEDAD MOVILIZADA
Casos de policías llamados “gatillo fácil” y de violencia institucional constituyen una de las preocupaciones de padres y jóvenes argentinos. Tanto en el caso de Facundo como en el de Maldonado, y también en el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, hay presunción de mandato de violencia premeditada, seguida de encubrimiento de las autoridades.
Aunque hay fotos del joven junto a un patrullero, Berni, quien se declara de derecha y defensor de la represión pública, aseguró ante la prensa que “no hay ningún elemento de juicio objetivo que inculpe un accionar indebido de la policía”, a pesar de testimonios valederos.
En las últimas semanas, y a pesar del desastre epidemiológico que es para Argentina la COVID-19, centenares de personas caminaron por las principales calles de Buenos Aires para exigirles a las autoridades la aparición con vida del “amiguero”.
Desde el Congreso Nacional hasta la sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires marcha la juventud bonaerense desde el día de su aparente secuestro.
Los movilizados denuncian la “responsabilidad política en su desaparición y en las acciones de la Policía Bonaerense en toda la provincia”, según expresan las pancartas. Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, expresó: “hay una responsabilidad política clara en las acciones de la Bonaerense. El de Facundo Castro no es un caso aislado. El despliegue mediático del ministro Berni en favor de la represión y la mano dura, el que no ha sido criticado por ningún miembro del Poder Ejecutivo ni por el gobernador Axel Kicillof, es el aval con el que opera la policía provincial. Reclamamos que se vaya Berni y el inmediato esclarecimiento de lo sucedido a Facundo Castro”.
También en una audiencia abierta del Frente de Izquierda, varios oradores, entre ellos Cristina Castro, indicaron que a estas alturas de la investigación “no nos interesan los 300 policías de la Federal que siguen dando vueltas en un rastrillaje sin resultados”.
Uno de los más criticados en la reunión virtual fue el fiscal de Bahía Blanca, Ulpiano Martínez, a cargo de la pesquisa.
Cristina Castro también cuestionó al magistrado en una entrevista en el programa La mañana, que conduce Víctor Hugo Morales, por la AM750, ya que ni recibe ni atiende sus llamados, cuando ella solo quiere aportar datos para encontrar la verdad sobre su hijo.
También fueron puestos en la picota medios periodísticos de Bahía Blanca, a los que la mujer calificó de “cloacas” por difundir noticias falsas que entorpecen la búsqueda.
Ahora también se comprueba a la oficial Siomara Ayelén Flores, quien declaró que dio un aventón a Facundo en el camino hacia Bahía Blanca en su auto particular, en el que se encontraron manchas de sangre en el baúl.
Mientras, una delegación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia visitó la Casa de la Provincia de Buenos Aires para solicitar una entrevista urgente con el gobernador Kicillof, en la que le exigirán la verdad sobre la actuación policial.
Son 18 las organizaciones políticas y sociales que exigen a las autoridades la aparición con vida de Facundo, un caso que, expresaron en un comunicado, no es aislado, pues hay otros muchachos sin aparecer en la provincia y en el país. La Central de Trabajadores Autónoma (CTA) llamó a acciones por la aparición con vida de Facundo, y hace unos días su secretario general, Ricardo Peidro, en conferencia virtual con sus bases obreras, afirmó, que “Nuevamente la policía bonaerense en el centro de la escena. Por eso no alcanza que cambien las generaciones hacia el interior de esas fuerzas, lo que tiene que cambiar es la concepción enraizada en los organismos y fuerzas de seguridad de tener la represión interna y el abuso como práctica”.
Peidro destacó que esta situación está agravada con la visión de que los jóvenes son los enemigos: “Esos cuerpos armados llevan en lo profundo la concepción de que ellos representan la rebeldía y la potencialidad del cambio”.
A la compleja situación de la pandemia, que la Casa Rosada aún no logra controlar, vuelve a escena la desaparición forzada en democracia de un joven de familia, sin antecedentes penales, sin enemigos.
Ojalá que Facundo no tenga el mismo final que Maldonado, Nahuel y otros tantos que un mal día se encontraron con sus verdugos en medio de un camino.
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