Bolivia reclama justicia

La hipocresía de la Organización de Estados Americanos (OEA), ni las maniobras de la derecha perdedora, impedirán que Bolivia y su pueblo hagan justicia contra quienes, desde un gobierno de facto, durante un año asesinaron, destruyeron la economía y encarcelaron y humillaron a los seguidores de Evo Morales.

En Bolivia armaron una conspiración derechista con la OEA como pieza fundamental, Comités Cívicos departamentales, jefes de las Fuerzas Armadas y autoridades de la Iglesia Católica, bajo la dirección siempre injerencista de Estados Unidos. Ese grupo organizó y llevó a cabo un complot contra el expresidente indígena Morales, quien después de ser reelecto en las elecciones de 2019 se vio obligado a la renuncia y el exilio, al igual que un alto número de sus ministros y seguidores.

Resultó un acto de injerencia política sin tapujos lo ocurrido ese fatídico noviembre cuando cayeron las conquistas de 14 años de progresismo.

La OEA fue el instrumento utilizado por Washington para movilizar a la derecha sureña, en especial, pues cuando se declaró ganador al líder del Movimiento al Socialismo (MAS) afirmó que las elecciones eran fraudulentas. En ese momento comenzó el vía crucis del pueblo boliviano.

Sin embargo, un año después de que la entonces senadora y segunda vicepresidenta de ese cuerpo, Jeanine Áñez, de manera inconstitucional y protegida por la soldadesca, fuera proclamada presidenta de facto del país por los sectores golpistas, la presión popular la obligó a realizar, un año después, nuevos comicios generales en los cuales por amplio margen el MAS volvió a dirigir la nación del altiplano.

La OEA, en octubre del pasado año, se cuidó de emitir cualquier palabra contra el nuevo mandatario Luis Arce y su vice David Choquehuanca. Los dos habían ocupado los cargos de ministros de Economía y Relaciones Exteriores, respectivamente, en el ejecutivo de Morales.

Luego del triunfo con más de un 55 % de los votos para la dupla, este año se produjo el blindaje político de la nueva administración progresista con comicios subnacionales para gobernadores, alcaldes y concejales.

Las regionales confirmaron que el MAS es la única fuerza política con presencia nacional. Ganó en 240 de las 336 alcaldías, 13 más que en 2015, según reportó la agencia boliviana de noticias ABI, que indicó, además, que el partido oficialista triunfó con el ciento por ciento de la votación válida el pasado día 7.

LA JUSTICIA SE HIZO PRESENTE

Para muchos, la justicia boliviana demoró en aplicar las leyes que castigarán, si se compruebas las acusaciones, a la expresidenta Áñez y a varios de sus ministros, por delitos cometidos durante su estancia en el Palacio Quemado.

Sobre Áñez, procedente del departamento Beni en el centro sur nacional, recaen varias denuncias por las cuales, según el ministro de justicia, Iván Lima, podría ser condenada —y así lo solicitará— a 30 años de prisión.

La rubia artificial que montó un espectáculo en su toma de posesión, con una biblia en la mano, rodeada de sacerdotes y soldados, actuó como la racista que es, y humilló a los pueblos originarios, al impedirles, incluso, que usaran su Wiphala, histórica bandera reconocida como símbolo patrio.

La suerte terminó para la blonda exsenadora. A su casa en Beni —donde aspiraba este año a la gobernación— llegaron los policías que procedieron a su detención. Trasladada a La Paz, la capital, la jueza de instrucción dictó una condena preventiva de seis meses de cárcel mientras transcurren las investigaciones para una sentencia definitiva.

Ese día también fueron apresados dos de sus ministros y otros sujetos que ocuparon puestos claves en su administración.

Para la derecha boliviana y para Luis Almagro, secretario general de la OEA, a quien su amiga Áñez recurrió para una ayuda internacional que la sacara de entre las rejas, se trata de “un acto de venganza”, no de justicia, del gobierno de La Paz, que negó tal proceder.

Los hechos demuestran que las acusaciones contra la exmandataria tienen fundamentación.

Áñez, una mujer de ideas conservadoras, sin piedad alguna hacia quienes protestaron por sus medidas anticonstitucionales, se autoproclamó para la presidencia, apoyada por Estados Unidos y la claque subversiva contra Morales y sus seguidores, cuyo foco es identificado en Santa Cruz.

Participante comprobada en el golpe de Estado presidencial del 2019, mediante un Decreto Supremo liberó de responsabilidad penal a los soldados que masacraron a 37 indígenas campesinos de Sacaba (Huayllani) y El Alto (Senkata), quienes protestaban, junto a otros cientos, por el golpe de Estado . Debido a la presión internacional, la exmandataria anuló el decreto de impunidad.

Su gobierno antidemocrático puso en la cárcel o desapareció a sus opositores. Catalogados los hechos como terrorismo de Estado, persiguió a miembros o simpatizantes del MAS, defensores de derechos humanos, líderes de movimientos sociales, periodistas.

Activó y financió grupos paramilitares que agredieron y humillaron a funcionarios públicos electos en las elecciones del 2019.

La COVID-19, una pandemia global que también hizo estragos en Bolivia, fue utilizada para robar dinero del erario público, ya que autorizó la compra de equipos a sobreprecios que nunca llegaron a los hospitales.

Ordenó la paralización de los procesos de industrialización nacional y entregaron bienes públicos a allegados de las autoridades.

El ministro de justicia del actual ejecutivo afirmó que tanto Áñez como cuatro de sus exministros también están acusados de terrorismo, sedición, conspiración y corrupción, aunque algunos medios judiciales les imputan otros delitos.

LA OEA EN ESCENA

Desde que se conoció la prisión de Áñez, el pueblo boliviano, en respaldo a su gerencia democrática, marchó en las calles andinas exigiendo justicia por los crímenes de los golpistas.

El pasado día 22 organizaciones sociales se movilizaron en las nueve capitales departamentales para reclamar el enjuiciamiento de Áñez y sus ministros por la vulneración de derechos humanos, y para exigir sanciones a los responsables.

“Los casos no deben quedar impunes y las investigaciones deben continuar”, afirmó Flora Aguilar, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa.

El conflicto poselectoral de hace casi dos años dejó 37 muertos, 833 heridos y 1504 arrestos o aprehensiones, según la Defensoría del Pueblo.

Otro actor de las movilizaciones que no cesan, el secretario Nacional Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Eber Rojas, cuestionó que líderes de la oposición y cívicos incitan a rechazar los procesos judiciales contra las antiguas autoridades.

Rojas precisó que quienes piensen en un nuevo golpe de Estado, ahora contra Arce, recibirán también un castigo ejemplar del pueblo. “Están incitando desde sus casas, por qué no hablan con la sociedad boliviana, con las organizaciones sociales. Exigimos justicia y paz en Bolivia”, afirmó.

La OEA, propulsora de la salida de Morales tras una mentirosa declaración sobre fraude electoral —en el proceso en que participó como observadora— guardó silencio mientras Áñez y su equipo quebraban las leyes y cometían abusos y robaban el dinero del pueblo.

Almagro, un desprestigiado ex diplomático uruguayo, salió a la palestra tras la detención de su aliada y cargó contra el gobierno de Arce, a pesar de su cuestionada actuación contra Morales.

La Secretaría de ese organismo regional radicado en Estados Unidos, principal cómplice en la caída de regímenes progresistas en América Latina y El Caribe, emitió un comunicado la pasada semana donde hace peticiones que van desde el cuestionamiento sin base de las instituciones bolivianas hasta el llamado a la liberación de los “políticos opositores” detenidos en ese país.

Lima, ministro de justicia de Bolivia, catalogó estas declaraciones de injerencistas e inconstitucionales y precisó que su gobierno no permitirá la intromisión de Almagro y sus secuaces en el país.

En el extenso documento la OEA manifiesta su “preocupación” por el “abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”, con referencia a la detención de Áñez y afirmó que “en los últimos meses” ha constatado “la cancelación o sobreseimiento” de juicios contra miembros del MAS, “así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores a Arce”.

Y así continúa con una retahíla de mentiras, lo que contrasta con su silenciosa actitud ante las denuncias contra el hoy prófugo ministro Arturo Murillo, quien anunció una “cacería” contra las personas relacionadas con Morales.

La OEA trató en los últimos días de fomentar un nuevo golpe de Estado, ahora contra Arce, con el apoyo de partidos opositores, pero se encontraron con la fuerza de los movimientos políticos, obreros y sociales. Ahora no ocurrirá otro ataque sorpresivo, como ocurrió con Morales. Los bolivianos constituyen un pueblo que resiste la opresión extranjera desde hace cinco siglos. En este 2021, ya está comprobado que constituyen una fuerza inquebrantable. Pasaron un año de callada resistencia, pero volvieron con una singular fuerza.