El gobierno de Brasil, en manos del ultraderechista Jair Bolsonaro, enfrenta complejos procesos socio-económicos, centrados ahora en la privatización de grandes empresas, como la petrolera estatal Petrobras, las elecciones municipales del próximo mes, y el devastador paso de la COVID-19, que deja hasta ahora más de 5 694 000 de infectados y 148 500 fallecidos.
Un solo escalón separa a Brasil de Estados Unidos (EE.UU.) e India, los más castigados por la enfermedad a nivel global. Los brasileños están atrapados en la ausencia de una infraestructura hospitalaria y un sistema vertebrado de salud, amén de la posición del presidente de desestimar la gravedad de la pandemia global.
Aunque fue contagiado por el patógeno, Bolsonaro desestimó las medidas orientadas por la Organización Mundial de la Salud, y demostró su ignorancia al negar el uso de las mascarillas faciales e incumplir las orientaciones de distanciamiento personal y social.
El boletín diario del Ministerio de Salud recordó que el primer caso reportado fue en Sao Paulo, la mayor y más poblada urbe del país. Brasil posee 27 Estados y Brasilia, capital federal, que ocupan 8 000 000 de km2 habitados por 209 millones 469 333 personas.
Es en estas pésimas circunstancias sociales que afecta de manera especial a los grupos más empobrecidos, entre ellos los pueblos indígenas, que el próximo 15 de noviembre se realizarán elecciones municipales.
Tales comicios son un balón de ensayo de cara a las presidenciales del 2022. Datos oficiales indican que están convocados 147 000 000 de votantes, pero puede imponerse la abstención dada por la gravedad de la pandemia y el desinterés del electorado en los partidos políticos tradicionales.
Ese día, y con una campaña impulsada en las redes sociales, se elegirán los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 5 568 municipios del país.
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Como siempre, el interés mayor recae en Sao Paulo, el territorio más industrializado, y en Río de Janeiro, corazón del turismo suramericano. Esos dos Estados participan con un porcentaje importante en el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación.
Bolsonaro asumió la presidencia el 1 de enero de 2018, luego que la Corte Suprema de Justicia, y tras meses de persecución por el exjuez Sergio Moro, condenara a ocho años de cárcel al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, líder histórico del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), y candidato favorito a ganar la liza. Lula fue inhabilitado entonces para ocupar cargos públicos.
Ante la falta de preparación y tiempo, el PT nombró a Fernando Abad como su aspirante. La derrota vino por la presión de la campaña del después presidente y el desconcierto de los petistas al ver acusado a su exmandatario, quien cuando entregó el gobierno a la también izquierdista Dilma Rousseff (derrocada por un golpe de Estado parlamentario en 2016) disfrutaba de más del 80 % del apoyo popular.
El ultaderechista Bolsonaro, un fiel admirador de su homólogo estadounidense Donald Trump, acaparó la simpatía de más de 40 millones de votantes que, como él, practican el evangelismo, y le siguen como a un Mesías, por cierto, su segundo nombre de nacimiento.
El momento político favorece ahora a los conservadores, a pesar de que el mandatario está indicado por permitir en su familia la corrupción y vínculos con el paramilitarismo. Algunos politólogos consideran que el controvertido mandatario, asesorado por expertos en propaganda, fomentó una imagen de poderío que tanto gusta al votante brasileño.
Aunque indicó que no apoyará a ningún candidato en la próxima liza, y luego de apartarse de las filas del Partido Social Liberal (PSL) que lo colocó en el Palacio de Planalto, el jefe de gobierno aparece ahora como un político independiente, lo que seguramente cambiará para las presidenciales, en las que aspira a la reelección.
Con esa decisión no podrá adjudicarse ni triunfo ni derrota en las municipales, en un momento de crisis económica y sanitaria. Aun con una economía en recesión, el mandatario, a quienes sus opositores llaman El Payaso, por sus histriónicas actuaciones y discursos sin sentido —en burda imitación de Trump— posee un 40 % de partidarios, cifra nada desdeñable, pero que significa un 15 % menos que durante la segunda vuelta de las presidenciales de 2018.
Mientras la izquierda fracasó en la creación del llamado Frente Amplio antibolsonaro, en Sao Paulo, principal colegio electoral del país, se mantiene como favorito el actual alcalde y postulado a la reelección Bruno Covas, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Casi pisándole los talones, el presentador de televisión Celso Russomanno, del conservador Republicanos, y Joice Hasselmann, del PSL, diputada y antigua aliada del presidente.
El PT no tiene oportunidad en el seno paulista, mientras el Partido Comunista (PCdoB) presentó por primera vez un postulado propio, Orlando Silva, en tanto, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) irá de la mano de Guilherme Boulos, ex candidato presidencial, con gran visibilidad dentro de la izquierda.
En Río de Janeiro, el entorno de la corrupción y los escándalos salpican a los dos principales contendientes, el alcalde Marcelo Crivella (Republicanos), ingeniero y obispo evangélico, y Eduardo Paes (Democratas, centro derecha).
Crivella fue objeto de una reciente operación policial que investiga la probable existencia de una “organización criminal” dedicada al delito “en el ámbito de la administración municipal”, mientras que Paes es cuestionado por su estrecha relación con acciones criminales.
En Río de Janeiro, la llamada tierra del samba, la izquierda acercó posiciones con la alianza del PT, que confirmó a Benedita da Silva, exgobernadora del Estado, como alcaldesa, y el PCdoB, como compañero de fórmula.
Lula envió un mensaje de apoyo a Da Silva, también evangélica, quien intentará competir con Crivella por el voto religioso.
Mientras la clase política brasileña batalla porque sus agrupaciones ocupen los cargos más cercanos a la ciudadanía, el gobierno federal continúa las privatizaciones de empresas y servicios públicos.
Luego de semanas de protestas y huelgas de centrales sindicales, partidos de oposición y movimientos sociales —interrumpidas por la presencia de la COVID-19— el gobierno federal da fe de su política de desaparición del Estado, cuyas propiedades están pasando a manos privadas.
La nueva ley de pensiones resultó una reforma impactante para los trabajadores. Se estima que hay otro medio millón de ciudadanos en extrema pobreza y sin ayuda oficial alguna como resultado de esa reforma neoliberal. El aumento de la edad mínima de jubilación permite que los fondos de pensión privados acumulen más capital. En Brasil la mayoría de la población comienza su vida laboral en la niñez y la adolescencia, por lo que ahora tiene que trabajar el doble de tiempo contribuyendo al enriquecimiento de los fondos inflados hasta el día previo al retiro. Además, se ha fijado un mínimo de 40 años de contribución para recibir la pensión íntegra y se limita el cobro de varias jubilaciones de forma simultánea.
Tal como anunció al asumir el cargo, Bolsonaro va vendiendo los grandes recursos casi por completo. Ya pasaron al capital privado parte de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) cuya cadena de producción del crudo y de gas representa 45 % del PIB industrial.
Aparecen para ser privatizados las unidades de Correos, Telebras y Electrobrás, esta ultima la mayor empresa de generación y transmisión de energía eléctrica de América Latina, aun abierta a la incorporación de inversores privados desde hace más de un año, con un valor de 5 860 millones de euros.
El pasado día 3, y a través de las redes sociales, se realizó el acto “En Defensa de la Soberanía Nacional y Por el Pueblo Brasileño”, contra las ventas del patrimonio económico de la nación.
En la reunión virtual participaron cientos de dirigentes políticos opositores que tratarán de inhabilitar la votación del Supremo Tribunal Federal (STF), el cual confirmó la liberación por el gobierno de ocho de las 13 refinerías de Petrobras sin la aprobación del Congreso, una acción catalogada de “traición al pueblo” por la expresidenta Rousseff
Según informó el Palacio de Planalto, este 2020 se licitarán otros 44 proyectos de infraestructura, mientras las de las dos mayores entidades financieras públicas del país, Banco do Brasil y Caixa Económica Federal, no se realizarían en el corto plazo, pero podrían suceder antes del final del mandato de Bolsonaro, el 1 de enero de 2023.
Mientras, Paulo Guedes, ministro de Economía y figura más visible del Ejecutivo, exasesor del dictador chileno Augusto Pinochet, aseguró ante los medios de comunicación que el Gobierno intentará “vender todo” para reequilibrar las cuentas públicas. Este año, dijo, hay concesiones de 22 aeropuertos, carreteras, puertos, empresas públicas de agua y saneamiento, y vías ferroviarias.
Bolsonaro aprobó la privatización de las principales atracciones turísticas del país con el Programa Nacional de Desestatización (PND): El Parque Nacional de Iguazú, con sus famosas cataratas; Jericoacoara, donde están algunas de las mejores playas del Brasil y el Parque Nacional de los Lençois Maranhenses, un conjunto de dunas blancas separadas por lagunas de agua.
Pronto, el Brasil conocido será otro país. Hasta el Amazonas está en venta.
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