Chile a las urnas este fin de semana

En medio de una crisis sanitaria, un rechazado presidente, el temor ante un anunciado abstencionismo y la esperanza puesta en una nueva Constitución Nacional, Chile celebra este fin de semana cuatro elecciones al unísono, con algunos ribetes que las tornan históricas.

Anda mal, en general, ese país andino liderado por el ultraderechista Sebastián Piñera, rechazado en las encuestas —solo un 9 % de popularidad— y en las calles por millares de movilizados que pusieron en jaque su régimen neoliberal desde 2919 y continuaron en medio de la pandemia de la COVID-19.

Este sábado y domingo serán elegidos unos 2768 cargos públicos a los que aspiran más de 22 000 candidatos.

Los comicios debieron celebrarse el pasado 11 de abril, pero fueron retrasados por el Congreso Nacional debido a la gravedad de la pandemia en esa fecha. La decisión del Senado también sitúa la segunda vuelta de la selección de gobernadores para el 13 de junio y las primarias para escoger los candidatos a la presidencia el 18 de julio.

Este proceso, previo a la elección del futuro mandatario en noviembre próximo, tiene lugar cada cuatro años y permitirá escoger por primera vez a los 16 gobernadores regionales, un nuevo cargo que reemplaza a los intendentes, quienes, hasta ahora, eran nombrados por el jefe del gobierno.

También a alcaldes, concejales, y la Convención Constituyente que escribirá una nueva Carta Magna, lo que es considerado un hecho histórico sin precedentes.
Es un llamado “globo de ensayo” de los comicios que pondrán fin al mandato de Piñera y que, una vez más, según analistas, encuentran a una izquierda dispersa y una ultraderecha bien preparada. Sus resultados serán un posible presagio de quién podría ser el próximo mandatario del país andino.

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Mientras, el panorama social es desalentador, ya que millares de familias carecen de ingresos y se profundiza el proceso de precarización de la vida.
Para el sociólogo de la Universidad Central, Carlos Livacic, a lo interno, Chile mantiene prácticas “propias de los períodos de esclavitud, donde se promueven los ciudadanos de primera y segunda categoría”.

En la actualidad, dado el alto nivel de desigualdad y pobreza —a pesar de un ligero repunte económico en el período— un 30 % de los adultos mayores se ve obligado a trabajar, hay más de 11.5 millones de endeudados, más de 5 000 000 de morosos (estudiantes, deudores habitacionales, familias que necesitan alimentos) y 850 000 personas subempleadas.

De ahí la importancia de una Carta Magna que responda a resolver las necesidades de la ciudadanía. Existe el temor de que los políticos de siempre traten de introducir sus ideas anacrónicas y se redacte una caricatura de la vigente, de 1980, bajo la égida del dictador Augusto Pinochet.

Sin embargo, hay confianza en medios políticos progresistas de que las elecciones determinarán que la nueva Constitución sea el instrumento esperado por las grandes masas para cambiar el sistema político y socioeconómico existente ahora, bajo la batuta del magnate Piñera, propietario de grandes negocios y cuya fortuna personal estaba valorada en cerca de 1 200 000 000 de dólares en 2020.

La población chilena, que dio muestras de una unidad sólida, sin intervención de sus siempre divididos partidos políticos, buscó la garantía para que el nuevo documento rector de la sociedad sea escrito por personas reconocidas por sus valores éticos, decencia y actores de las clases más vulnerables.

El gobierno de Piñera trató de manipular el sentimiento popular durante el referendo del pasado año para preguntar al pueblo si quería o no una nueva Constitución y cómo debería integrarse la Convención que la redactaría. La pregunta era si por un 50 % de políticos activos e igual cantidad de población, o un ciento por ciento elegido en voto público, y de preferencia sin afiliación partidista. Ganó la Convención Constituyente sin filiación política.

Las manifestaciones populares de 2019 y 2020 convocadas en redes sociales, sin intromisión de las agrupaciones tradicionales, llevaron a las vías públicas a millares de jóvenes que dieron una renovada fuerza a la rebeldía escondida en el corazón chileno. Muchachos sin compromisos políticos que aunque saben existe una base oligárquica, europeizante y discriminadora, consideran que las transformaciones en la estructura del país pueden ser posibles, como ocurrió en su momento en Venezuela, Bolivia y Ecuador, por citar tres naciones latinoamericanas.

De ahí que más del 80 % de los votantes se pronunciaran por una nueva ley de leyes redactada por la Asamblea Constituyente, electa en las urnas, e integrada por 155 personas, de ellos 17 delegados —por primera vez en la historia— de los pueblos indígenas, un 12,8 % del total de la población.

Están entonces entre los aspirantes a formar parte de los escribidores del nuevo texto la etnia mapuche, la más numerosa, atacameña, rapa, quechua, aimara, nui, colla, yagán, entre otras.

El próximo 21 de noviembre será sustituido el millonario dignatario. Luego de estas megaelecciones todas las alarmas están encendidas en Chile, ya que hasta ahora no hay señales de un líder progresista o de izquierda que le sustituya, en tanto sí se conoce que la ultraderecha mueve sus fichas para perpetuarse en el poder.

Graduado de ingeniería y doctor en economía en la Universidad de Harvard, el presidente tuvo un primer mandato entre el 2010 y el 2014 y repitió en el 2018 hasta 2022 cuando tome posesión su sustituto.

Si los políticos chilenos —como muchos otros en Latinoamérica— tomaran en serio su responsabilidad con la población, tendrían por delante un arduo trabajo, entre ellos acabar con la discriminación, segregación y desigualdad notables en los barrios de esta bella nación que poco antes de la explosión social de 2019 fuera calificada de “un oasis” por Piñera.

A Chile hay que ponerlo de cabeza, confirmó en un estudio el profesor Javier Ruiz-Tagle, al referirse a la precaria situación de la vivienda, la salud, la economía, la educación, entre otros ítems sociales.

El único plan de construcciones sociales de Chile fue realizado durante el gobierno del presidente socialista Salvador Allende, quien gobernó con la coalición de la Unidad Popular, y traicionado por la división política interna y por el general Augusto Pinochet. Fue derrocado por un golpe de Estado militar en 1973.

Allende encontró, cuando asumió en 1970, más de un millón de familias sin casas, y pretendió ejecutar unas 80 000 anuales.
Benito Baranda, director de la fundación América Solidaria, refirió que “la discriminación desgraciadamente no ha salido todavía de Chile y eso es fruto de un clasismo social que es transversal a la sociedad”.

La fuerte segmentación educacional y la segregación residencial, aseguró, hacen que este problema se mantenga a lo largo de los años. Para combatirlo, se plantea que el Estado debe mejorar la calidad de la enseñanza e impulsar una política habitacional, que no siga creando guetos para los más pobres.

Se estima que ese es uno de los muchos problemas que deberá resolver, al menos de manera institucional y como un derecho humano, el texto de la nueva Carta Magna.

Son más de 14 000 000 de personas las convocadas a dar su voto este fin de semana cuando la COVID-19 todavía no da tregua a las autoridades sanitarias.

Para el diario La Cuarta, ese podría ser un factor para faltar a las urnas, porque aunque Chile ya inoculó a casi el 30 % de su población con una dosis vacunal y un 15 % con dos, contabiliza más de 1500 fallecidos por millón de habitantes, con 1 256 546 contagios desde marzo del pasado año hasta el 11 de este mes, reportó el Ministerio de Salud.

En esa fecha, solo se disponían de 313 camas para enfermos en estado crítico, ya que 3102 permanecen en Unidades de Terapia Intensiva y 2568 precisan respirador mecánico. El personal de salud está al límite.

Los votantes podrán hacerlo este sábado o mañana, pues las autoridades electorales buscan evitar concentraciones en los colegios, dada la aun compleja situación epidemiológica. Las urnas permanecerán cerradas hasta que cierren los recintos este domingo.