Luego del triunfo arrollador del Apruebo y la Convención Constitucional, los partidos tradicionales de Chile, siempre en una posición política cercana a la derecha, tratarán de imponerse en la redacción de la nueva Carta Magna del país, y comienzan jornadas electorales con vistas a los comicios legislativos y de constituyentes el 11 de abril del 2021.
Ese día, los chilenos volverán a las urnas para decidir también quiénes integrarán el Congreso Nacional, de 155 miembros. Y también a los 155 designados para darle una nueva Constitución a la nación andina, que responda a los intereses de una población regida aún por el legado del dictador Augusto Pinochet.
Es un reto desterrar de la política nacional a figuras de la ultraderecha, que sin vergüenza alguna intentan montarse en el tren que arrancó el pasado día 25, cuando, desafiando a la pandemia de la COVID-19, 7 562 173 hombres y mujeres cogieron las calles para liquidar un sistema político neoliberal, con marcada desigualdad social y de distribución de la renta.
Quienes dudaron de la presencia participativa en el plebiscito que preguntaba si querían o no una nueva Carta Magna y quiénes integrarían la Convención Constitucional, se quedaron atónitos cuando conocieron los altos resultados en que se mezclaron los votos de los jóvenes que lo hacían por primera vez y los de otras generaciones, entrelazadas por el mismo deseo de transformar la sociedad chilena por otra inclusiva, humanista y formadora de valores, perdidos por una larga dictadura y un rosario de gobiernos que nunca tuvieron el valor de transformar el viejo orden político.
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La victoria del Apruebo, con 78,27 % y de la Convención Constituyente, con 78,99 % tienen un especial ingrediente de clase, lo cual quedó demostrado en las comunas donde hay una incidencia de obreros. En ellas hubo favorables índices de votación (hasta un 90 %) contra postulados pinochetistas aún existentes.
Mientras, en Chiloé, bastión tradicional de la derecha, también ganó el Apruebo, incluso en zonas rurales, ya que también la burguesía es aporreada por los gobiernos burgueses, como el de Sebastián Piñera, un multimillonario que sirve a los intereses de la poderosa oligarquía nacional.
Las tres únicas comunas donde ganó el Rechazo y la Convención Mixta fueron Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, en la región metropolitana y reservorio de las élites del país. Esas opciones obtuvieron a nivel nacional el 21,73 % y el 21,01, respectivamente.
La opción perdedora —Convención Mixta— postulaba a un 50 % de políticos en ejercicio, que seguramente hubieron hecho una caricatura del importante documento institucional.
En lo que se vislumbra como un plan en marcha, salieron a festejar en la noche del pasado domingo dirigentes de los partidos políticos que mantienen un acuerdo de conciliación con el régimen de Piñera, adoptado a la fuerza luego de las manifestaciones del pasado año que exigían la convocatoria a la consulta popular para definir una nueva Ley de Leyes en sustitución de la vigente.
Un ejemplo del proyecto de los tradicionalistas lo dio Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la oficialista Unión Democrática Independiente (UDI), quien aseguró: “Hay un triunfo categórico por el Apruebo y nosotros tenemos que ponernos inmediatamente a trabajar para poder elegir los mejores constituyentes”. La UDI, el partido más grande de Chile, fue el único que apoyó por completo la negativa al cambio constitucional.
El empuje hacia un nuevo Chile no está exento de peligros. Aunque fue la votación más grande de la historia, según el Registro Electoral, a las urnas asistió la mitad de los convocados, que eran casi 15 millones de personas. Motivos hay varios, pero el más llamativo fue la campaña pública de los grupos derechistas para que la gente se quedara en casa tras formar un ambiente de terror en torno a la pandemia de la COVID-19, que ya dejó más de 500 000 contagiados y 14 000 fallecidos en Chile hasta el pasado día 25.
Pero también la ausencia es el resultado de la desconfianza de la ciudadanía hacia los conservadores y sus mañas, que ahora tejen sus redes para sofocar cualquier iniciativa de transformación política a fondo. Sin embargo, apenas se conoció el sufragio, salieron a festejar las agrupaciones políticas que nunca orientaron ni participaron en la rebelión popular del pasado año —salvo el Comunista— y aceptaron las interminables y burocráticas rondas con Piñera. Señal inequívoca de que su actual proyección es lograr una mayoría de constituyentes y maniobrar para redactar la nueva Carta con cambios cosméticos, preservando sus artículos conservadores impuestos por la dictadura y favorecedores del gran capital.
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Estos viejos pensadores olvidaron que en Chile hay nuevas agrupaciones y movimientos sociales que se movilizan en solitario, en una acoplada plataforma de las redes digitales.
La casta política, por su actitud, ya está advirtiendo que buscará redactar una nueva Constitución en el fogón de la corrupción y el neoliberalismo.
Que los jóvenes chilenos no precisan de esos partidos quedó comprobado el pasado año en una rebelión sin precedentes en las últimas décadas. Y el día 18 una masa descomunal volvió a reunirse en la Plaza de la Dignidad para expresar su mantenida fortaleza política. Entre aquellos miles de mujeres y hombres estaban los cientos de heridos, detenidos, torturados, y violados por el Cuerpo de Carabineros (policía metropolitana) en 2019.
Miles de personas participaron en las concentraciones que recordaron el primer año de la rebelión, y de nuevo se enfrentaron a los Carabineros, el violento cuerpo de policías de Chile. Soldados capaces de lanzar a un adolescente de 16 años desde una baranda de un puente hasta el lecho del río Mapocho, a pocas cuadras del Palacio de La Moneda.
Los progresistas chilenos, en especial los jóvenes, tienen ante sí una tarea impostergable, y es la promoción de candidatos independientes para medirse mediante el voto popular con los tradicionalistas. Los 155 integrantes de la Convención —50 % mujeres y 50 % de hombres—, surgidos desde la base, serán electos junto con los diputados del nuevo Congreso Nacional.
Para analistas, se hace imprescindible una estrategia que derrumbe al 40 % del electorado que respondía a la derecha, pero que en el plebiscito quedó fracturada y votó Apruebo y Convención Constituyente convencida de que las instituciones de la dictadura resultan insostenibles.
Hay, empero, una franja de un 20 % que se manifestó por el Rechazo. Se trata de la derecha recalcitrante, con gran poder financiero, político y militar, cuyos intereses peligran, y devienen actores terroristas, capaces de asesinar al pueblo a mansalva. Ya lo hicieron en 2019 y pocos dudan de que lo repitan. Ese sector político, que representa los grandes capitales, conoce que su mayor enemigo es la legislación de una nueva Carta Magna democrática, con instituciones y leyes inclusivas. A esa ultraderecha se une el militarismo que aún persiste en Chile.
Solo la capacidad aglutinadora de las agrupaciones populares surgidas en las comunidades obreras, que ya demostraron sus valores, salvará la redacción de una Carta Magna que salvaguarde los intereses de la mayoría de la población.
Ahora se impone a la juventud, y otros sectores que les siguen, construir un imprescindible movimiento político-social que destierre el sectarismo y luche por la reestructuración nacional desde bases sociales.
En Chile no se precisan más partidos políticos, todos fracasados en sus tibias aspiraciones de algunos cambios guardados en gavetas. En el país andino hay ahora 41 partidos (25 legales, ocho en formación y ocho en trámites), pero que son incapaces de enfrentarse al poderoso aparato gubernamental en el que abundan todavía admiradores de Pinochet.
Ante esos escenarios, los movimientos políticos y sociales no pueden entramparse en reglas y esquemas orgánicos, sino que —opinan analistas— deberán enrumbar sus fortalezas ya demostradas en otras formas de organización que orienten a millones de personas demandantes de justicia social.
El talón de Aquiles de la política chilena es la división interna, la desunión, y así lo demuestra la historia. Caracterizó a la Unidad Popular del depuesto presidente Salvador Allende (1970-1973), que gobernó prácticamente solo mientras los partidos integrantes de la coalición oficialista allanaron el camino del golpe militar del traidor Pinochet.
La inercia política que siguió al fin de la dictadura —impuesta y luego eliminada cuando no le servía por Estados Unidos— ya se quebró en Chile, como una señal de los nuevos tiempos. Los jóvenes están al frente de la rebeldía popular, pero son insuficientes para remover un sistema desde sus raíces, por lo que se precisa la presencia activa e inclusiva de quienes desean un mejor futuro para su país. Si Chile desea una reestructuración debe mantener en la calle sus demostraciones de poderío popular.
No puede nunca olvidarse que la reacción y el capitalismo —que incluso creó un sistema de interacción llamado Plan Cóndor durante el período dictatorial en la región— desde siempre está preparada psicológica y materialmente para liquidar, literalmente, a quienes se atreven a enfrentársele.
La lección de la Unidad Popular de Allende está vigente, pero en este siglo XXI la situación es diferente en una región que en su conjunto retoma el camino del progreso. Los chilenos, unidos a esa corriente buscan también la mejor manera de abrir un curso progresivo para su país.
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