El año que concluye resultó de ganancias para la sociedad chilena, movilizada aun en medio de la pandemia para dotar al país de una nueva Constitución Nacional que borre los vestigios de la dictadura del general traidor Augusto Pinochet.
No fue fácil el camino en este período para las grandes masas de la nación austral, enfrentada a fuerzas represoras que intentaron, sin éxito, acallar las reclamaciones iniciadas en 2019 y continuadas para poner fin al gobierno del derechista Sebastián Piñera.
Desde octubre del pasado año, Chile es un campo de batalla entre quienes desean una reestructuración política, económica y social a partir de una nueva Carta Magna, y el gobierno anclado en un sistema neoliberal protegido por Estados Unidos (EE. UU.) durante la llamada “era Trump” en alusión al saliente presidente del país norteño.
Uno de los grandes éxitos de la población chilena, que encendió la rebeldía en otras poblaciones latinoamericanas, como Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala —donde también piden una nueva Carta Magna y la renuncia del mandatario Alejandro Eduardo Giammattei— Costa Rica, entre otros, fue la aprobación del cambio constitucional, sin existir todavía las condiciones sanitarias para acudir a las urnas.
El referendo del pasado 25 de octubre constituyó un fracaso más en la política piñerista, que esperaba —dada la pandemia y las matrices de opinión contra los cambios emanados de las filas gubernamentales— una baja participación ciudadana. La derrota en la votación demostró que el pueblo chileno es imparable, en especial los grupos juveniles que pretenden sustentar un nuevo país.
El gobierno había aprobado el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución cuando 2019 llegaba a su fin.
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Para observadores, los dos años previstos para redactar y aprobar en las urnas la nueva ley de leyes —con respecto a la anterior de Pinochet y a todos los tratados internacionales, incluyendo los de libre comercio— dan mala espina a los chilenos.
Pero este octubre se dio el primer paso. Ganó en el referendo la opción del Apruebo, con un 78,27 %, y con 78,9 % la aprobación de que el documento sea redactado por una Convención Constituyente integrada por ciudadanos, no por partidos, en nuevas votaciones en abril próximo.
UNA PANDEMIA SORPRESIVA
Como al resto de América Latina, la pandemia de la COVID-19 sorprendió a los chilenos, que contabilizaban 15 628 fallecidos y 560 382 contagiados hasta el pasado día 6. La carencia de una estructura sanitaria para enfrentar la enfermedad causó que el personal de salud reprochara al gobierno y al mandatario, con apenas un 13 % de respaldo popular, la falta de un plan para protegerlos, al igual que a la población, en especial los más pobres.
Otro de los elementos que desprestigió al mandatario, uno de los hombres más adinerados de Chile, fue la orden dada a Carabineros —la guardia metropolitana— de reprimir las movilizaciones callejeras, que luego de la pandemia se mantuvieron en la llamada Plaza de la Dignidad.
Los carabineros son uno de los símbolos de la dictadura pinochetista, y aunque se supone que el país vive en democracia, ese cuerpo sigue utilizando métodos salvajes contra los grupos rebelados. El giro autoritario del gobierno derechista continúa con su zaga de muertos y heridos en las calles de las ciudades chilenas. Cada día, de una u otra manera, los carabineros salen a reprimir con disparos, gases lacrimógenos, chorros de agua con material químico corrosivo, en tanto, ante la gravedad de los acontecimientos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitó un informe de su proceder a los uniformados.
La fuerza policial realizó varias embestidas y detenciones este año contra quienes buscaban de manera pacífica soluciones a la grave situación nacional. El tema de la liberación de los presos del 2019, sin respuesta hasta ahora, es uno de los motores de la ira colectiva. Más de 300 personas permanecen encarceladas sin juicio desde hace más de un año.
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La actuación policial derivó, gracias a la presión popular, en la renuncia del jefe de la institución, el general Mario Rozas, y el retiro de un grupo de oficiales. Piñera, quien en su momento declaró: “estamos en guerra”, cuando ocurrió el estallido social, felicitó a Rozas por su actuación y le reiteró su “precio y actitud” por, dijo, su encomiable labor.
La salida de Rozas ocurrió tras la violenta agresión realizada por Carabineros contra niños de un hogar del Sename en Talcahuano, que dejó dos menores baleados. La acción de la fuerza militar recibió la condena de sectores sociales, partidos políticos y organismos defensores de los Derechos Humanos.
Otro asunto que causó malestar social, al extremo de que algunos sectores sociales piden el adelanto de las elecciones generales marcadas para el próximo año, es la negativa presidencial a la retirada del 10 % del fondo de pensiones, lo que ayudaría a la población a aliviar la precaria situación económica. La iniciativa fue aprobada en tercer trámite por el Senado con 41 votos a favor y una abstención, finalizando su trámite parlamentario y quedando lista para su promulgación como ley por el presidente.
La multinacional Telesur informó que la ley se hace necesaria al agotarse las ayudas planteadas por el gobierno para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia del nuevo coronavirus.
El Parlamento chileno aprobó en julio pasado el primer retiro anticipado del fondo de pensiones del que ya se han beneficiado más de 9 de los 11 millones de afiliados al sistema privado previsional.
Analistas coinciden en que el resultado en el Legislativo fue una nueva derrota para Piñera y su ejecutivo, ya que estaban negados a favorecer a quienes durante su vida laboral pagaron o pagan a los administradores una cantidad de dinero, cobrable cuando cesen en sus trabajos.
Con esa actitud, la gobernación chilena demostró, una vez más, su afiliación a los intereses de los capitales nacionales, sin considerar la tensa situación en que sobreviven millones de familias, sin ayuda estatal además.
El gobierno nacional, casi a fines de este año, absolvió a 81 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía política de la dictadura militar (1973-1089) del fallecido general Pinochet. Agrupaciones de Derechos Humanos chilenos se concentraron frente al Palacio de Tribunales de Santiago, la capital, para condenar la decisión oficialista. El dictamen fue realizado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. El proceso contra los exagentes tenía como objetivo esclarecer un operativo montado por la DINA, destinado a encubrir la desaparición de 16 opositores de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Frente al foro se reunieron familiares de detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos y agrupaciones sociales, quienes condenaron también al Poder Judicial, al que calificaron de ser “cómplices de la impunidad”. Los exagentes favorecidos estaban condenados en primera instancia a 20 años de prisión, reducidos a cuatro por el actual dictamen.
Todos estos acontecimientos impiden que desaparezca la continuada tensión en Chile. De nuevo el pueblo irá a la calle. Sin partidos convocantes, con las redes sociales como medio de aviso. Se conoció que el próximo día 10 se realizará otro paro nacional en demanda de la renuncia presidencial.
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