Colombia también está en las calles

El gobierno derechista de Colombia, principal aliado de Estados Unidos (EE.UU.) en América Latina y el Caribe, fue sorprendido por un paro nacional sin precedentes, al que siguió una continua movilización popular en las calles contra sus políticas neoliberales y su desentendimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Iván Duque, presidente derechista que cumple también directrices de su padrino político Álvaro Uribe, acusado de corrupción y fundador de los grupos paramilitares que han asesinado cerca de 200 líderes sociales en lo que va de año, mantiene una actitud fría y distante de las exigencias de quienes lo llevaron al Palacio de Nariño en sustitución de Juan Manuel Santos.

Los colombianos exigen que el debilitado Duque, con una desaprobación del 69 % de la ciudadanía tras 15 meses en el poder, cumpla sus obligaciones con el Acuerdo de Paz cuando, por el contrario, abundan los asesinatos de ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de activistas sociales, en lo que se considera un plan de exterminio de elementos progresistas.

Según declaraciones del mandatario: “…la paz no es una política de Estado sino de cada gobierno, a la cual cada administración da la forma que bien considere”, burdo pretexto para boicotear, tal como planteó Uribe, el documento suscrito en La Habana y ratificado en Cartagena de Indias hace tres años.

Para Franklin Castañeda, director del comité de solidaridad con los presos políticos e integrante de la organización movilizadora de las protestas, uno de los puntos del acuerdo brinda garantías a líderes y defensores de derechos humanos.

Castañeda asegura que tampoco el gobierno se interesa por desmantelar los grupos paramilitares vinculados al narcotráfico. En su opinión, ese es un punto que ni siquiera se ha discutido con el Gobierno y los distintos actores del convenio para devolver la tranquilidad al país.

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Para la lideresa de las mujeres negras del norte del Cauca, Clemencia Carabalí, el acuerdo parte del criterio de construir una política de seguridad humana, en la que el Estado se organiza para garantizar derechos, pero, por el contrario, Duque anunció que logrará el control territorial mediante la militarización y envió a esa zona a 2500 efectivos.

SORPRESA PARA DUQUE

El pasado 21 de noviembre, no se esperaba Duque el paro general, que aún mantiene manifestaciones pacíficas con paralización parcial en distintos sectores, plantones, cacerolazos y otras expresiones de rechazo al mal trabajo del excandidato del derechista Centro Democrático.

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) llamó a mantenerse en las calles sin usar la fuerza, y exigió a Duque y a los cuerpos de seguridad del Estado “detener la represión e intimidación que usan como estrategia de amedrentamiento contra el pueblo y sus derechos”.

El gobierno, expresó la CUT en un comunicado, no ha resuelto en concreto ninguno de los motivos del paro, y la Policía Nacional continúa haciendo uso desmedido de la fuerza, no solo contra los movilizados, sino también golpean y disparan contra la población en general.

El Comité Nacional de Paro en Colombia acordó el refuerzo de las manifestaciones públicas en desacuerdo con las neoliberales medidas oficialistas denominadas El Paquetazo. Esta organización —a la que pertenece la CUT— también acordó en plenaria la realización de asambleas sindicales, comunales y barriales el próximo fin de semana en todo el país para coordinar las expresiones de condena a las amenazas presidenciales.

Entre las demandas del Comité se encuentra que el gobierno no adelante proceso alguno de privatización, la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), la depuración de la policía y la eliminación de la reforma tributaria impulsada desde Nariño.

La agencia Russia Today recordó que los estudiantes participan en las protestas desde el inicio del mandato del presidente ultraderechista, a los que se unen ahora los trabajadores contrarios a la flexibilidad laboral y la reformas de las pensiones, y pueblos indígenas contabilizan a casi 130 de sus miembros asesinados desde que tomó el poder en 2018.

Las expresiones contrarias al régimen de quien prometió cumplir el Acuerdo de Paz —cuando por el contrario se extermina a quienes lo defienden— se extendió por las principales ciudades del país, entre ellas, además de Bogotá —la capital—, Cartagena, Cali, Manizales, Popayán, Santa Marta y Medellín, donde surgió el paramilitarismo cuando Uribe era gobernador de Antioquia. En esas importantes urbes los ciudadanos también pidieron políticas efectivas en sectores como salud, educación y medioambiente.

Sin embargo, para enardecer aún más el ambiente, el mandatario, que en intervención televisada prometió un diálogo con sus opositores, decretó toque de queda en varias ciudades para que la policía y el ejército ataquen a quienes consideren —dijo— un peligro público.

La muerte de dos jóvenes: Dilan Cruz, de 18 años, manifestante, y el soldado Brandon Cely Páez, de 21, conmovieron a la sociedad colombiana. Cruz murió poco después de ser agredido por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, mientras Cely Páez atentó contra su vida, se autofilmó y dejó un mensaje minutos antes de balearse en el que expresa que “No me han dejado otra opción que hacer este video para protestar y apoyar a mis compañeros estudiantes. Como soldado no puedo expresar mi respaldo al movimiento estudiantil porque me han quitado la voz y el voto en el Ejército”.

Más adelante refirió: “Apoyo totalmente y plenamente el paro colombiano. Como soy soldado y no puedo mencionar esto, he decidido acabar con mi vida para evitar inconvenientes a mis familias y mis seres queridos”.

La actuación del presidente ante el nuevo e inesperado escenario político siguió el patrón de sus naciones vecinas o cercanas, como Ecuador, Chile y Bolivia con su gobierno de facto, de arremeter de forma violenta contra quienes solo pretenden detener la oleada neoliberal existente en Suramérica. Es decir, muchas balas, golpes, carros bombas de agua y gas lacrimógeno. Y, por supuesto, un llamado al diálogo entre las partes.

Todos los temas —dijo el mandatario— serán analizados por el gobierno y el Comité de Paro en lo que llamó “conversación nacional”. Las peticiones de la población serán analizadas exclusivamente a través de los mecanismos que se acuerden entre ellos, dejando de lado las imposiciones oficiales. No obstante, el también denominado “gran diálogo nacional” no ha comenzado.

Ante la agresividad de los represores, que dejó cuatro muertos y decenas de heridos y detenidos, los senadores Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, junto a instituciones defensoras de derechos humanos, denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación la brutalidad policial y solicitaron la investigación de los jefes de la Policía Nacional y el de Seguridad Ciudadana por comisión del delito de homicidio agravado, lesiones personales, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, tortura, concierto para delinquir, pánico y calumnia.

El pasado miércoles, videos demuestran que el ESMAD irrumpió en el barrio del Portal del Norte, en Bogotá, y lanzó bombas aturdidoras y gases lacrimógenos, detuvo a varias personas y lanzó a un joven desde un puente peatonal, quien sufrió graves lesiones.

Mientras, Gabriel Becerra, secretario general del partido colombiano Unión Patriótica, denunció que en el municipio de Palmira (suroeste de Bogotá) hay un plan del oficialismo para perseguir y matar a miembros de esa organización y del Partido Comunista de Colombia (PCC).

Becerra indicó que en una típica cacería de militantes, varios encapuchados allanaron algunas residencias y amenazaron telefónicamente con la muerte. La persona que llamó a Jairo Quintero, miembro de la dirección local y regional de Unión Patriótica, se identificó como comandante Sebastián, del grupo paramilitar Águilas Negras-Frente Gaitanista, y advirtió que fue enviado desde el Magdalena Medio al Valle del Cauca para acabar con los comunistas.

La tensión social está alta en Colombia, pero nadie da un centavo por las propuestas que en algún momento Duque se vea obligado a presentar a sus millones de críticos.