Jair Bolsonaro: ¿cómo termina enero?

El controvertido presidente brasileño Jair Bolsonaro posee el insólito récord de 64 solicitudes de impugnación a su mandato —incluida la Corte Internacional de Justicia— debido a su irresponsable gestión ante la pandemia de la COVID-19, cuyos riesgos minimizó, se burló de científicos y del sistema de salud.

La enfermedad asomó en el país el 25 de febrero del pasado año y hasta ahora suma (una cifra que sigue creciendo) 215 243 muertes y 8 753 920 de contagios, lo que confirma a Brasil como uno de los epicentros globales del nuevo coronavirus y el segundo país con más muertes en el mundo por esa razón.

El pasado miércoles, líderes de seis partidos opositores presentaron en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional —primera dependencia en estimar las solicitudes— un nuevo pedido de destitución contra el autobautizado Trump tropical (en alusión al exmandatario de Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump), envuelto también en un probable juicio político por irresponsabilidad social, a pesar de haberse despedido de la Casa Blanca.

La más reciente petición de juicio político contra el excapitán del Ejército brasileño y diputado federal por 28 años consecutivos, se basa en omisión del colapso sanitario y las muertes por falta de oxígeno en Manaos, capital del Estado de Amazonas, en el nordeste de la gigantesca nación de 8 000 000 de km y más de 200 millones de habitantes.

Los partidos opositores que lo incriminan indican que el gobierno federal conocía con antelación el estado crítico de las reservas de oxígeno en la red pública de Manaos, una situación que mejoró solo hasta cierto punto por la llegada de camiones cisternas enviados a esa ciudad desde Venezuela, en solidario gesto con la población brasileña, pero la necesidad es creciente.

La 64 petición de juicio político denuncia: “Mientras la mayoría de las principales autoridades políticas y gubernamentales del mundo intentaban enfrentar la enfermedad y sus consecuencias nocivas, el presidente de la República no solo omitió abordar el problema de salud pública, sino que actuó sistemáticamente para ignorar la realidad”, reza un extracto del escrito citado por el portal Brasil hoje (Brasil hoy).
El documento está firmado por los partidos de los Trabajadores, Socialista Brasileño, Demócrata Trabalhista, Socialismo y Libertad, Comunista de Brasil y Red de Sustentabilidad.

Otro grupo, integrado por líderes evangélicos —religión que practica el mandatario— y católicos reivindicaron también el pasado día 26 la sustitución de Bolsonaro “para salvar a Brasil” explicaron en la Cámara Baja. Con el respaldo informal de organizaciones eclesiásticas, la denuncia está suscrita por 380 miembros de 17 movimientos evangélicos, católicos, anglicanos, luteranos, presbiterianos, bautistas y metodistas.

El obispo primado de la Iglesia Anglicana de Brasil, Naudal Alves Gomes, la presidenta de la Alianza Bautista de Brasil, Nívia Souza Dias, y los teólogos Lusmarina Campos García, Leonardo Boff y Frei Betto figuran entre los signatarios.

Otra querella fue presentada ante la Corte Penal Internacional por “crímenes contra la humanidad e incitación al genocidio de pueblos indígenas” de Brasil, en un proceso iniciado por la Comision Arns y el Colectivo de Abogados en Derechos Humanos.

Pero quizás la acusación más grave procede de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo (USP) y Conectas Derechos Humanos, una de las más respetadas organizaciones de justicia de América Latina. Esas organizaciones revelaron “la existencia de una estrategia institucional de propagación del virus, promovida por el gobierno de Jair Messias Bolsonaro”.

En un enjundioso estudio revelaron:

“La línea de tiempo se compone de tres ejes presentados en orden cronológico, desde marzo de 2020 hasta los primeros 16 días de enero de 2021: el primero, los actos normativos del gobierno federal, que incluyen la edición de normas dictadas por autoridades y órganos a ese nivel y los vetos presidenciales; y el segundo, actos de obstrucción a las respuestas de los Gobiernos estatales y municipales a la pandemia.

”El tercero, argumentaron, es la propaganda contra la salud pública, definida como “el discurso político que moviliza argumentos económicos, ideológicos y morales, además de noticias falsas e información técnica no comprobada científicamente, con el propósito de desacreditar a las autoridades sanitarias, debilitar la adhesión popular a las recomendaciones basadas en pruebas científicas y promover el activismo político contra las medidas de salud pública necesarias para contener el avance de la COVID-19”.

La situación resulta vergonzosa para el primer dignatario, quien en dos años de mandato se convirtió en el hazmerreír de Brasil, debido a su incoherencia, resultante de un pensamiento simplista, su imitación de Trump, pero más grave aún su mala gobernanza y desinterés en la solución de problemas nacionales que agravan la vida incluso de quienes le dieron el voto en 2018.

Bolsonaro restó importancia a la enfermedad y a su vacuna que, procedente de China pronto será usada en Brasil, pero sin la intervención del presidente. Además, hizo acciones poco adecuadas a su cargo, como cuando montó un espectáculo en Brasilia, paseando a caballo, sin mascarilla, restando importancia al nuevo coronavirus y recomendando productos letales para la salud humana.

El llamado “payaso brasileño”, no obstante sus obtusos criterios, enfrentó uno de sus peores momentos cuando reconocidos juristas exigieron que dejara de gobernar “para poder enfrentar con éxito la mayor crisis sanitaria vivida por el país en un siglo”.

Mientras el movimiento contra el exdiputado sigue creciendo, el titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, hace hasta ahora caso omiso a los planteamientos de quienes consideran que el proceso de destitución hubiera, como mínimo, reducido el poder que ostenta aún.

Maia, hijo de Cesar Maia, exalcalde de Río de Janeiro, ocupa la presidencia de Diputados desde 2016. Es considerado un fiel aliado del expresidente Michel Temer, quien desde su posición de vicepresidente del país organizó la destitución de la mandataria Dilma Rousseff ese año. Miembro del partido Demócratas, ocupa desde esa fecha la jefatura de la Cámara Baja, donde es reelecto de manera consecutiva, a pesar de las indicaciones contrarias de la Constitución Nacional.

Para este político de derecha, no es posible abrir un juicio político contra el llamado descerebrado presidente por, opinó, falta de razones importantes. A pesar de las fuertes acusaciones presentadas en el Congreso Nacional, Maia, afirmó que hay asuntos más importantes que un juicio político y mencionó, vaya paradoja, que el Congreso debe priorizar la lucha contra la pandemia.

En declaraciones a la prensa reconoció que Bolsonaro “cometió errores” en la lucha contra la COVID-19 al minimizar la pérdida de vidas humanas, pero ninguna de sus acciones justifica, en su opinión, un proceso de cesación. Con esa postura detiene la posibilidad de que un comité posteriormente examine si le da continuidad o no a la impugnación. Aseguró en su cuenta en Twitter que la demora en la vacuna y otros estragos son consecuencia de la “agenda negacionista que impulsan muchos mandatarios” ante la pandemia.

Por suerte para Brasil, no todos piensan como el jefe de los diputados. El legislador federal del Partido de los Trabajadores (PT) por el Estado de Sao Paulo, Alexandre Padilha, precisó que Bolsonaro “se equivocó en todo lo referido a la pandemia”, pero también en otras áreas bajo su responsabilidad, que llevan a Brasil al abismo.

En medio de la miseria en que vive el 48 % de los brasileños, el presidente hizo un recorte al fondo de emergencia destinado al apoyo de quienes son afectados económicamente por la enfermedad. El 18 de noviembre de 2020 eliminó del programa Bolsa Familia —implantado durante el gobierno de Luis Inacio Lula da Silva— a 400 000 beneficiados.

En esa cuerda de ayuda estatal, el presidente informó en septiembre que se reduciría de 600 reales brasileños (115 dólares al cambio actual) a 300, o sea, 57,5 dólares, destinado a los trabajadores con mayor vulnerabilidad financiera.

La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, planteó: “…este gobierno se está relajando para los bancos, que desde el inicio de la pandemia ya recibieron una fuerte ayuda en recursos. ¿Es este el gobierno que prometió cuidar de la gente?”, se preguntó la también diputada federal.

En sus dos años de mandato, Bolsonaro ha criminalizado los movimientos sociales, lanzándose con fuerza contra el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) y el Movimiento de los Afectados por las Represas (MAB, por sus siglas en portugués).

En su opinión, el MST es una organización terrorista y trazó una política de desalojos, realizados por la Policía Militar contra los campamentos que alojan a los campesinos sin tierra.

El gobernante suramericano es también considerado “poco cuidadoso” respecto a los incendios provocados en el Amazonas, una de las grandes reservas naturales del planeta, para favorecer a empresas trasnacionales.

En las últimas semanas, el movimiento anti-Bolsonaro ha ganado fuerzas. Acusado de divulgar noticias falsas y de usar las redes sociales como parte de su plataforma política, más de 80 caravanas de automóviles con miles de personas pidieron públicamente su dimisión.

El último sondeo del Instituto Datafolha refleja que solo el 31 % de los brasileños considera que el mandatario ultraderechista hace un “buen” o “muy buen” trabajo, reflejando su peor caída en dos años de gestión.