Duque aprieta más las tuercas

El pueblo colombiano mantiene un pulseo con el autoritario presidente Iván Duque, negado a cumplir las exigencias gritadas en las calles y sin entenderse con el Comité Nacional del Paro, que este miércoles continuará con sus reivindicaciones, a pesar de la matanza de 32 civiles por la policía.

Duque, que según politólogos ignora a propósito las necesidades de la población, lidera uno de los regímenes ultraderechistas más poderosos de América Latina, amparado por Estados Unidos (EE.UU.) y su decena de bases militares radicadas en ese territorio, bandas del narcotráfico, entre otros elementos de su séquito. Su mayor interés es ser reelecto en las presidenciales del 2022.

Contra esas antidemocráticas formas de vida, exacerbadas por la pobreza y el crecimiento ahora de medidas neoliberales, es que luchan los colombianos en esta última etapa de movilizaciones. Derrotaron a Duque hace pocos días cuando lo obligaron a retirar la reforma tributaria, pero la gente siguió en las calles. El pueblo se mantiene en su lucha, ahora contra las alteraciones de las leyes de la salud y la educación, para empezar.

Pero también esas grandes concentraciones, en la que han sido asesinados tres decenas de civiles por fuerzas policiales y grupos mafiosos infiltrados, exigen que terminen las matanzas de líderes sociales y exguerrilleros, y se cumplan los acuerdos de paz firmados en 2016.

Para algunos politólogos, como Germán Sampedro, de la Universidad Autónoma de México, Duque fracasó ahora porque subestimó la organización y resistencia del pueblo. El mandatario, apuntó, ocupa todos los poderes para convertirse en el dueño absoluto del manejo del Estado y el gobierno, sin mediación de la justicia, también bajo su control.

Para la exsenadora Piedad Córdova, una valiente mujer que trabajó de manera ardua para alcanzar el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), “por ahora, estamos presenciando una nueva modalidad de autogolpe gradual. Sin necesidad de anunciarlo al estilo de Alberto Fujimori, Duque y su grupo concentran hoy más poder legal y real que cualquiera de sus antecesores (…)”.

Córdova expresó a la prensa local que “hay un clima de caos que al mismo tiempo que posiciona salidas autoritarias permite los mayores desafueros del Ejecutivo. Se vive una ola de violencia funcional para darle mayores oportunidades a los que promueven una mayor militarización del país y a darle continuidad al conflicto social armado ante la perfidia al Acuerdo de Paz. Podemos decir que hay una escalada de muerte”.

• Consulte además: Arde Colombia

Por esas y otras consideraciones no hubo entendimiento ni acuerdo entre el Comité Nacional del Paro y el mandatario, reunidos la pasada semana durante tres horas en el Palacio de Nariño, en Bogotá, la capital, para analizar siete reivindicaciones. El pliego contempla más de 13 puntos.

“No hubo empatía del gobierno con las razones de las protestas, por lo que se mantendrán las movilizaciones iniciadas el pasado día 28”, afirmó el vocero del núcleo organizador de las movilizaciones.

En posiciones encontradas, y sin que Duque flexibilizara sus posiciones ni siquiera ante la desmedida represión, el vocero precisó a que el Comité instó a las autoridades a que “pare la violencia contra las personas que están haciendo legítimo ejercicio del derecho a la protesta”, mientras que la contraparte insistió en que finalicen los bloqueos que afectan a diversas ciudades colombianas desde el inicio de las marchas.

Según el diario El tiempo, entre las cuestiones discutidas en esta primera aproximación, los líderes del paro nacional pidieron la retirada del proyecto de ley de salud, así como una vacunación masiva. También una renta básica de al menos un salario mínimo legal mensual y la defensa de la producción nacional, entre otras demandas.

Sin embargo, el Ejecutivo vincula la protesta social con el discurso de la guerra.

El ministro de Defensa, Diego Molano, llamó “terroristas” y “vándalos” públicamente a los miles de movilizados en todo el país, y aseguró que estos tienen vínculos con los movimientos guerrilleros aún activos.

El pasado año, tras el asesinato del joven Javier Ordoñez a manos de un policía, Molano culpó a Venezuela y las “brisas bolivarianas” dijo, de alentar las marchas antigubernamentales, como si su país fuera un oasis.

Duque y su equipo, siguiendo un desgastado guión escrito en Washington, quieren estigmatizar de nuevo a Caracas y a las guerrillas, al responsabilizarlas de las acusaciones contra sus políticas públicas.

Para llevar adelante su doctrina militar y los planes de dominación de la Casa Blanca, Duque sigue armando a Colombia, y anunció la posible compra de aviones y armamento por 4000 000 000 de dólares, casi 60 % de lo que pretendía recaudar con la reforma tributaria (6400 000 000 de dólares), afirmó un análisis publicado por la multinacional rusa de noticias RT.

INICIO DE UNA BATALLA

La batalla popular contra el gobierno de Duque, ahijado político del ultraderechista expresidente Álvaro Uribe, con igual rango de odio hacia el socialismo venezolano, comenzó en 2019, siguió en el 2020, solo interrumpida por las cuarentenas causadas por la pandemia.

Parece olvidar que sobreviven en Colombia 21 000 000 de pobres, o sea, el 42 % de los habitantes del país. Los desplazados por la violencia son casi 9 000 000; persisten los asesinatos de los excombatientes de la guerrilla y líderes sociales y solo este año ya mataron a 79, en tanto las masacres ascienden a más de 40. La reforma tributaria, que afectaría a los más vulnerables, era la chispa que faltaba para que se desatara la actual tormenta.

La lucha será difícil para los sindicatos y las organizaciones estudiantiles y de derechos humanos que dirigen el Comité y el levantamiento, a los que se han unido agrupaciones campesinas, cívicas, ambientalistas y comunales.

Duque y su partido Centro Democrático controlan la fiscalía, la procuraduría, la defensoría del pueblo, y próximamente podrían consolidar mayoría en el Banco de la República y la Corte Constitucional.

En el considerado narco-país se ha entretejido una concentración del poder en pocas manos, que dominan incluso a las autoridades locales, bajo el dominio de los narcotraficantes y sus bandas mafiosas de mercenarios y expolicías.

En esos territorios el gobierno implantó las llamadas Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) que pone territorios en conflicto —como el Cauca, por ejemplo— a discreción de los mandos militares.

La gravedad de la pandemia del nuevo coronavirus y la crisis del orden público permiten a Duque manejar el país bajo un estado de excepción, gobernando por decreto, mientras en las vías las supuestas fuerzas del orden asesinan, violan y detienen a quienes tratan de encontrar caminos para las urgentes reformas económicas y sociales que sí precisa el país.

A la represión en las calles, con centenares de heridos y detenidos, se une el fatal designio de la pandemia, que acumula más de 77 000 fallecidos y casi 3 000 000 de contagios. No hay control de la enfermedad ni un sistema de salud coherente para combatirla.

Cali, capital del Valle del Cauca, devino epicentro de la represión institucional, ante civiles que carecen de armas para defenderse.

La actitud del Escuadrón Móvil Antidisturbios inició el desmonte de barricadas y bloqueos usando todo tipo de armamentos, indicó Caracol Noticias desde Cali, siguiendo órdenes personales del mandatario para que pusieran fin a los choques luego del fracaso de su reunión con el Comité Nacional del Paro.

El jefe de gobierno instruyó a Molano y al ministro del Interior, Diego Palacios, de “militarizar Cali y garantizar el mayor despliegue que se tenga de capacidades de la fuerza pública”.

Las fronteras de El Valle del Cauca están cerradas, y restringida la movilidad de vehículos y personas. El alcalde de esa ciudad, Jorge Iván Ospina, consideró que “una situación de orden militar crearía más focos en todo el país y llevaría a perder más gobernabilidad”.

El pasado domingo, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que la Minga fue atacada con disparos de civiles protegidos por agentes de la Policía, luego que personeros del régimen declararan ilegales las acciones de la guardia indígena para atrapar a los sicarios que atacan a manifestantes.

De acuerdo al CRIC, el ataque fue hecho por hombres vestidos de civil y dejó ocho indígenas heridos.

El suceso ocurrió luego de que el alcalde de la localidad desacreditara las acciones de la guardia indígena para proteger a los movilizados y, en particular, el último viernes quebraron a un grupo de mercenarios captados por la Policía.

Mientras. Luis Suárez Espitia, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL) en Catacumbo, anunció que para hoy programaron un Cabildo Abierto Popular Departamental para “condensar y recoger las iniciativas de las diferentes organizaciones sociales y la comunidad en general para la construcción de un Pliego Regional”.

La Coordinación de Organizaciones Sociales del Norte de Santander también proyectó una Gran Marcha Popular por la Vida y la Paz hacia Cúcuta el próximo sábado, que se espera cuente con la presencia de todos los sectores populares de la región para articular acciones con movimientos sociales, juveniles y estudiantiles de la capital del departamento.

Así andan las cosas por la tierra del café y de la droga, dirigida por un Duque sin alcurnia.