El infierno de Piñera

Los chilenos no le dan tregua al derechista presidente Sebastián Piñera, quien trata de impedir que los trabajadores usen un 10 % de sus fondos de pensiones para paliar el hambre a que los condena un sistema neoliberal agravado por la pandemia del coronavirus en el llamado país del cobre.

Lo que ocurre ahora mismo es otra versión de las protestas de octubre del 2019 y las del 2020, en las que miles de personas fueron reprimidas por Gendarmería al exigir un cambio de políticas públicas y una nueva Constitución Nacional. Centenares de los manifestantes quedaron ciegos o tuertos, ya que el blanco de los balines de los policías eran los ojos. Mujeres fueron violadas en los centros de detención, según denuncias comprobadas, y más de 700 detenidos continúan aún en las cárceles del régimen de tintes dictatoriales.

Ahora siguen los enfrentamientos con las fuerzas represivas, en tanto ómnibus y otros vehículos son incendiados como una forma de medir el pulso con Piñera, negado junto a su gobierno a adelantar un porcentaje —por tercera vez en el período de pandemia— de sus futuras pensiones.

Los trabajadores de Chile pagan cada mes una cantidad de dinero a las instituciones privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para tener algún patrimonio metálico cuando concluyan su vida laboral. Sin embargo, las AFP utilizan tales recursos monetarios para invertirlos en negocios, como acciones de valores. Si fracasan, pierden el dinero de los ahorristas.

Piñera, representante de los capitales de su país, se niega a perjudicar las AFP, una fuente monetaria importante para el movimiento de la economía, pues el dinero allí depositado siempre está en movimiento.

La gente no se entiende con este presidente millonario que busca impedir la aprobación de un proyecto de reforma constitucional impulsada por partidos opositores en el Congreso Nacional, para dar vía libre al pago del adelanto. Incluso, representantes de su partido Renovación Nacional, en el Congreso le dieron el visto bueno.

Luego de entrar y ser aprobada en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, y de nuevo a Diputados para que sea legislado por el presidente.

Pero Piñera no cede. Con esa actitud se enfrenta a millones de personas que dependen de pequeñas sumas de las pensiones para sobrevivir en medio de una economía en recesión, y sin posibilidades aún de volver a la normalidad mientras la COVID-19 sigue arrasando con la población.

Hasta el pasado día 20, más de un 1 150 00 casos de contagiados y 33 737 muertes por COVID-19 fueron registradas en esta nación andina, con una población estimada en más de 19 300 000 habitantes.

A la mala situación económica de Chile, con una tasa de desocupación del 10,3 %, y el auge de los empleos informales, se suma un desordenado manejo de la pandemia. Aunque ya se está vacunando a una parte de la ciudadanía, se considera que las dosis adquiridas en China son insuficientes.

Según reporta la agencia de noticias Prensa Latina, el Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud (DEIS) reveló que 5,8 millones de mayores de 50 años fueron llamados a recibir la inmunización, pero hasta el jueves pasado 1 002 549 personas no habían acudido a los centros habilitados para vacunarse.

Por tanto, será muy difícil que las autoridades cumplan su propósito de inmunizar a la población en su conjunto el próximo mes.

“INVENTOS” DEL PINOCHETISMO RESPALDADOS POR PIÑERA

El presidente, aun sabiendo que podría perder la moción, presentó el pasado martes ante el Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento para suprimir el proyecto, lo que generó las nuevas protestas respaldadas por los sindicatos y partidos políticos opositores.

La reforma presentada y aprobada por los legisladores contempla, por primera vez, que los pensionados por rentas vitalicias también reciban su 10 %.

Comentaristas de la cadena multinacional Telesur indican que los trabajadores recibirán en su mayoría apenas una “calderilla”, pues ya hubo dos extracciones anteriores de los ahorros, que no acumularon este año por el desempleo forzado, y que ya previamente eran bajos.

El que el gobierno tenga que tener el visto bueno del TC para cobrar el adelanto es un requerimiento de la Constitución de 1980 instaurada por la dictadura de Augusto Pinochet que sigue aún vigente, y que permite revisar e impedir el avance de determinados proyectos aunque fueran, como en este caso, aprobados por el Congreso Nacional.

El requerimiento de 142 páginas señalaba lo “inconstitucional” del retiro, ya que esta sería una decisión económica que sólo le corresponde al presidente. Una acción criticada incluso por parte del oficialismo, considerando que ya habían sido aprobados dos retiros anteriormente y que es interpretado por algunos analistas como un grave error político o incluso un “disparo en los pies” del régimen derechista de Renovación Nacional.

Aunque el TC falle a favor de Piñera, el solo hecho de la declaratoria de una huelga general dictada por los sindicatos el pasado miércoles, la solidaridad internacional que reciben los obreros portuarios de varios países, las protestas callejeras y el hecho de que una parte considerable de sus legisladores le viraran la espalda en el órgano legislativo, es una derrota política para el mandatario que poco antes de las protestas de 2019 calificara a Chile como “un paraíso”. Claro, el “paraíso” de los millonarios, que es el suyo.

Para muchos, el TC debe pronunciarse a favor de la clase trabajadora, pues de lo contario podría desatarse un infierno en la nación suramericana.

La Federación de Trabajadores del Cobre calificó de soberbia, ineptitud y prepotencia la actitud oficial que niega un clamor imperioso para recibir fondos de sus propios ahorros previsionales para enfrentar “los efectos devastadores, no sólo de la pandemia sino también de un gobierno nefasto que sólo ha causado daño y pobreza al pueblo chileno”.

Esa organización consideró, en un comunicado público, que Piñera trata de darle un nuevo portazo a Chile y su gente, por lo cual “los trabajadores del cobre no estamos dispuestos a tolerar las enormes desigualdades propiciadas por este gobierno de los empresarios, que no se avergüenza en lo más mínimo de defender los intereses de los más ricos”.

La Federación exhortó a los mineros a mantenerse vigilantes y permanecer preparados para movilizarse en apoyo a las justas y necesarias demandas de la ciudadanía, en medio de la peor crisis económica del presente siglo.

A la vez, Resumen Latinoamericano informa que sindicatos chilenos mantienen una huelga general, la cual solo terminará cuando el TC se pronuncie a favor de la reforma.

La poderosa Unión Portuaria de Chile (UPCH) anunció la paralización progresiva hasta que Piñera retire el recurso interpuesto ante el TC ya que, a juicio del sindicato, es un acto de prepotencia para millones de chilenos.

Hubo diversas protestas de trabajadores en los importantes puertos de San Antonio (Valparaíso), Caldera (Atacama) e Iquique (provincia homónima).

A la convocatoria de la UPCH se sumó la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile (Fenatraporchi), que respaldó el paro nacional, y la Alianza Marítima de Chile, que se compone de organizaciones sindicales del sector.

Ocurra lo que ocurra, una vez más, Piñera sale de esta última crisis con el rabo entre las piernas, aunque le cueste admitirlo.