En rebeldía, chilenos votan en plebiscito por nueva Constitución

En un ambiente caldeado por la rebeldía popular contra el gobierno de Sebastián Piñera y la represión de los carabineros, los chilenos acuden a las urnas este domingo en un plebiscito que decidirá una nueva Carta Magna de matices democráticos e inclusivos, en sustitución de la vigente con las políticas dictatoriales de Augusto Pinochet.

Como un cerco militar califican algunos medios políticos la presencia de unos 50 000 militares que, según los mandos, cuidarán el proceso electoral al que están convocados 14,8 millones de ciudadanos. Es muy posible que surjan focos de tensión y violencia, teniendo en cuenta los acontecimientos de los últimos días, cuando Chile conmemoró el pasado día 18 el primer aniversario del estallido social contra la política neoliberal y el pueblo retornó a las calles.

A pesar de la pandemia de la COVID-19, miles de personas retomaron la pasada semana la Plaza de la Dignidad, en Santiago de Chile, la capital, y en el resto de la nación andina, en la que aunque la multitud actuó de manera pacífica, una vez más el cuerpo de Carabineros trató de aplastar con las armas las penitencias acumuladas durante más de 30 años.

El pueblo chileno es como un polvorín que estalla en cualquier momento. Los meses de pandemia no han sido precisamente de silencio.

Un año después, la rebelión en la nación andina se recordó con manifestaciones, el incendio de dos iglesias de la religión católica, y varios heridos y detenidos.

Este 2020 demostró que la llama de la insurrección sigue viva. Nuevas protestas surgieron cuando un aficionado falleció junto al Estadio Monumental, lo que ocasionó una batalla campal con Carabineros.

A principios de este mes, cuando hubo reuniones públicas pacíficas, un menor de 16 años fue arrojado de manera violenta por un carabinero al lecho del río Mapocho desde el puente Pio Nono, a solo unas cuadras del Palacio de La Moneda.

CONCIENCIA POPULAR

Dada la burocracia partidista que asola al país y los intereses de los grandes capitales, existe la percepción popular de que la consulta de este domingo es solo un primer paso en el largo camino para cambiar el sistema vigente mediante una reestructuración nacional que barra la actual Constitución impuesta en 1980 por Pinochet.

Los chilenos tienen la convicción generalizada de que no basta con cambiar en parte o de manera absoluta la Carta Magna que ahora ampara al modelo neoliberal. La mayoría desea la realización de cambios en todos los órdenes, lo cual tratará de impedir la poderosa oligarquía local.

Los detractores del plebiscito impulsaron en las últimas semanas el terror al voto para, estimaron, evitar el contagio de la peligrosa COVID-19, que dejó en el país, hasta el pasado martes 13 702 fallecidos y 494 478 infectados. El primer reporte oficial de un enfermo ocurrió el pasado 3 de marzo.

El derechista presidente Piñera accedió a celebrar el plebiscito, obligado por una masa rebelde y luego de reunirse con actores políticos afines o de centro, acostumbrados a decisiones colegiadas como aves de un mismo corral y concertó, luego de la rebelión popular terminada en la vía pública el 18 de marzo a causa de la pandemia, un Acuerdo de Paz y una nueva Constitución.

Aun cuando se impusieron leyes sanitarias que alejaron a las personas de la calle, la organización interna, sin presencia de partidos políticos, se mantuvo y volvió a retomar las avenidas un año después. Un aviso para Piñera de que el pueblo está alerta y dispuesto a la lucha por sus reivindicaciones.

El plebiscito, que se espera sea aprobado por mayoría, se hará mediante dos cédulas.

Una tiene la pregunta “¿Quiere usted una nueva Constitución?”, a la cual se podrá responder: Apruebo o Rechazo.

Una segunda cédula posee la interrogante: “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?”. Se optará por una “Convención Mixta Constitucional”, compuesta en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios en ejercicio o una “Convención Constitucional”, integrada exclusivamente por miembros elegidos por el pueblo.

Ese es el primer trámite formal. Asistir al plebiscito y optar por el Apruebo no significa que de manera rápida comiencen los trámites.

No son pocos los que se oponen a cambiar la Carta Magna. Entre ellos, el secretario general de la ultraconservadora y oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI), Felipe Salaberry, quien insiste en que “no necesitamos una nueva Constitución para mejorar la vida de los chilenos, hemos demostrado que se puede hacer con buenas leyes”.

Con el criterio de Salaberry se alinean otros representantes de la derecha más rancia. Mientras, otras voces defienden el proceso que comienza este domingo.

El profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile Gilberto Aranda recordó que “La Constitución de 1980 fue obra del régimen militar y entonces para un sector muy relevante de la sociedad chilena tiene un origen ilegítimo”.

La profesora de Derecho Constitucional y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, Miriam Henríquez Viñas, señaló que la vigente “es una Constitución muy rígida” y que para modificarla se requieren mayorías de dos tercios o de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.

“Por ello, pese a las reformas de 1989 y del 2005, persisten enclaves autoritarios, es decir, hay ciertas normas que hacen prácticamente imposible, si no muy dificultoso, reformar ciertas disposiciones”, destaca Henríquez Viñas.

Más allá de las opiniones de voces facultadas, el pueblo quiere más y no quedarse solo con la presunta victoria del Apruebo.

En las grandes congregaciones también se reclama una llamada Asamblea Constituyente Libre y Soberana, sin la presencia de los partidos tradicionales, en la cual los movimientos sociales, sindicales, estudiantiles y organizaciones políticas de la izquierda emergentes redactarían una Carta Magna más acorde con los intereses de las poblaciones empobrecidas en Chile, un país que fuera llamado por Piñera el pasado año un “oasis”, días antes del estallido popular, el más poderoso desde la salida de Pinochet.

Las cifras muestran un escenario diferente. La economía chilena retrocedió un 11,3 por ciento interanual en agosto, según cifras del Banco Central de Chile (BCCH). El desempleo, por su parte, se mantenía en los niveles más altos en una década y su registro resultó 5,3 puntos porcentuales más alto frente a igual periodo del año anterior, indicó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El presidente del BCCH, Mario Marcel, declaró que durante el año 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) en Chile caerá entre -4,5 y -5,5 %. Sin embargo, aseguró que “este escenario sigue rodeado aún de altos niveles de incertidumbre e importantes riesgos”.

CARABINEROS, UN MAL MAYOR

El cuerpo policial de Carabineros constituyó uno de los puntales de la dictadura pinochetista y ahora del gobierno del empresario Piñera, uno de los siete hombres más ricos de Chile.

Durante este régimen de derecha Carabineros da muestras —aun cuando se trata de otra generación de uniformados— de mantener la crueldad exhibida durante el derrocamiento del presidente constitucional Salvador Allende en 1973. Ellos detuvieron, torturaron, asesinaron, incendiaron y convirtieron a Chile en un enorme campo de exterminio de los izquierdistas y socialistas.

Ahora, cuando han pasado los años, siguen recibiendo órdenes que les permiten arrasar literalmente con las personas —no olvidar los más de 200 heridos en los ojos por balas enfiladas directamente a esos órganos—, hacer violaciones sexuales en las unidades a las que llevaron detenidos, torturar... Un Chile que en 2019 era semejante al del 1973, cuando bajo el gris uniforme se escondían bestias con rostros humanos.

La crisis de Carabineros es profunda y hay versiones de que después del plebiscito habrá sustanciales cambios en ese cuerpo, propuestos por su jefe, el general Mario Rozas, cuya renuncia solicitan organizaciones y movimientos sociales.

Rozas es visto como parte del problema de Carabineros, ya que es incapaz de cambiar la actuación de los policías bajo su mando. Hay más de 2 500 denuncias contra ese organismo por violación de los derechos humanos. Pero el general se mantiene hasta ahora en su cargo con el respaldo de Piñera y la coalición de derecha que maneja el gobierno.

Para salvar su honrilla, ese militar de alto rango propuso la salida de entre ocho y 12 generales que deberán pasar a retiro, afirmó el diario La Tercera.

Ese grupo constituye una parte de los inspectores y jefes de zonas que ordenaron la represión en el 2019 y este año. Y aunque Rozas prometió una reforma institucional, muchas voces se oponen. Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, opinó que Carabineros requiere una reestructuración profunda y se negó a que Rozas la lidere.

El Chile de hoy requiere una reestructuración absoluta. La victoria del Apruebo, dada por segura, es la primera gran señal de aviso de lo que podría venir más adelante si Piñera y su camarilla derechista siguen ignorando las señales del pueblo.