Gobierno de Venezuela busca vencer bloqueo de EE.UU.

En medio de la guerra multilateral impuesta por Estados Unidos (EE.UU.) y ejecutada junto a sus aliados políticos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó la Ley Antibloqueo para hacer frente y vencer las extremas medidas de la Casa Blanca para asfixiar la Revolución Bolivariana.

Maduro entregó el nuevo mecanismo para su análisis y discusión esta semana a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Se trata de una necesidad estratégica del Estado, enfrascado al unísono en la preparación de las elecciones legislativas del 6 de diciembre para recuperar, según las autoridades, la Asamblea Nacional, en manos de la oposición radical desde 2015, y la batalla por eliminar la COVID-19 del país. El sitio de EE.UU. impide la llegada de alimentos y medicinas imprescindibles para la población.

El proyecto titulado “Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos”, si es aprobado en la ANC pasará, para su análisis, ante el Consejo de Estado para solicitar a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia su opinión sobre este recurso.
Según los resultados de la Consulta Nacional respondida por 13 millones 527 mil 487 personas mediante la plataforma Patria, el 89,7 % de los consultados respalda la aprobación de la ley.

En su artículo No. 1, refiere “establecer un marco normativo especial y temporal que provea al Poder Público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición, contra la República Bolivariana de Venezuela y su población, de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, emanadas o dictadas por otro Estado o grupo de Estados”.

Maduro explicó, en transmisión conjunta de la radio y la televisión nacional, que la Ley Antibloqueo busca establecer dispositivos que sin importar quien gane la presidencia de Estados Unidos el próximo mes garanticen el bienestar, la distribución de la riqueza, la paz, la democracia y la soberanía del pueblo venezolano.

Indicó que el gobierno de EE.UU. lidera una persecución política y comercial contra Venezuela, con las que busca destruir al Estado para apropiarse de las riquezas venezolanas, creando una crisis interna y dando paso a la posibilidad de una invasión militar para establecer un sistema neoliberal.

“Necesitamos buscar fórmulas para poder comerciar libre y legalmente con el mundo sin temor a las represalias de Estados Unidos. Necesitamos recuperar los ingresos del país apoyándonos en nuestra fortalezas y capacidades”, resaltó el dignatario en su envío a la ANC.

Se considera que la futura legislación esté vigente mientras dure el bloqueo económico, financiero y comercial, que incluso comprende la persecución a barcos extranjeros cargados de combustible, o permanezcan otras sanciones unilaterales de la Casa Blanca.

Tras su aprobación, si ello ocurriera, el Estado contará con instrumentos para avanzar en modalidades que permitan burlar y derrotar la persecución y el cerco internacional. 

Asamblea Constituyente de Venezuela aprueba la Ley Antibloqueo. (Tomada de actualidad.rt.com).

En situaciones excepcionales, la Asamblea Nacional, si no estuviera en desacato por desobediencia, podría habilitar a Maduro a dictar medidas expresadas en normativas para atender distintos asuntos estatales, sin que fueran aprobadas por el Legislativo.

Como no es el caso, el gobierno sigue determinados pasos para poseer mecanismos legales efectivos para operar en lo nacional, en un clima de agresión externa que se observa, por ejemplo, en fallidos intentos de invasión marítima, falsos informes sobre derechos humanos emanados del Grupo de Lima documentados por supuestos expertos independientes y condenas de la Unión Europea a un presidente legítimo, electo en las urnas.

Aun cuando el primer mandatario expresó los motivos de la llamada Ley Antibloqueo, queda aún conocer las condiciones para la actuación a seguir en los próximos meses y también de acuerdo a la composición del próximo parlamento nacido en diciembre, y ahora con mayoría opositora.

Es en este escenario, donde la resistencia del pueblo bolivariano constituye un ejemplo para el mundo, que un tribunal del Reino Unido, uno de los países donde Venezuela guarda parte de sus reservas depositadas —en torno a los 1 450 millones de dólares en oro— desestimó la legitimidad del llamado presidente interino Juan Guaidó, quien intentaba quedarse con tales activos.

La decisión de la justicia británica a favor de Venezuela en el litigio por el oro es una derrota para Guaidó, un fracasado político utilizado por Washington para crear negativas matrices de opinión en torno a la situación en la nación suramericana, de más de 32 millones de habitantes.

Un tribunal de apelaciones de Londres anuló la decisión judicial que permitía al falso mandatario el derecho de disponer de 30 toneladas de oro del Estado venezolano retenidas en el Banco de Inglaterra.

La decisión constituye un golpe demoledor para el usurpador, que se autoproclamó presidente interino con un gobierno paralelo al de Maduro, aceptado, además, por unos 50 países obligados por la Casa Blanca.

El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, afirmó que “sigue cayendo la farsa de la autoproclamación apenas sostenida por la coyuntura electoral del presidente Donald Trump”.

Julio Chávez, vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aseguró también que la victoria en el Reino Unido es el de la diplomacia nacional, a la vez que un reconocimiento a Maduro.

Chávez precisó que “pareciera que los vientos comienzan a cambiar a favor de la verdad, de la justicia, en reconocimiento a la resistencia, la heroicidad y a la dignidad del pueblo venezolano al reclamar sus legítimos derechos”, según un despacho de la agencia de noticias Prensa Latina fechado en Caracas.

Mientras, el canciller Jorge Arreaza descartó cualquier posibilidad de cambiar la fecha de las elecciones parlamentarias, tal como propuso la Unión Europea (UE), situándose al margen del derecho internacional.

Arreaza, en declaraciones al periódico español El País, advirtió que los comicios no se atrasarán, condición exigida por la Unión Europea para enviar una misión de observadores del proceso.

“Cualquier modalidad de presencia de la Unión Europea y de sus países miembros, como observadores o acompañantes, es bienvenida a Venezuela bajo nuestras condiciones”, expresó el canciller, quien advirtió que mantiene un canal permanente de comunicación con Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad del ente regional.

El bloque europeo ha brindado su apoyo a un sector de la derecha venezolana que busca postergar los comicios dada su división interna y falta de liderazgo y para resolver sus entuertos se escudan en la presencia de la COVID-19 en el país, un pretexto para tratar de reorganizarse.

Analistas coinciden en el relevante trabajo de la diplomacia venezolana. Muestra de ello es la aprobación de una reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para realizar labores conjuntas entre la Oficina de la alta comisionada, Michelle Bachelet, y el gobierno de Caracas.

Hace unos días, Bachelet y Maduro sostuvieron una videoconferencia en la que analizaron temas de interés mutuo, mediante “un diálogo constructivo, respetuoso por la garantía de los derechos humanos de nuestro pueblo”, en opinión del Ministerio de Exteriores suramericano.

Tal como expresó Maduro a la alta comisionada, “el compromiso de nuestro país con los Derechos Humanos es absoluto”, según precisó un mensaje de la Cancillería en la red social Twitter.

Mientras, continúan los preparativos de los comicios. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), más de 20 millones 700 mil venezolanos están convocados al sufragio de diciembre, en el que participarán 14 000 candidatos en representación de más de 100 organizaciones políticas

Venezuela, apoyada por la solidaridad mundial, enfrenta con éxito la pandemia global en condiciones excepcionales.

Hasta el pasado día 3 se diagnosticaron 77 646 casos positivos y la tasa de recuperación se ubica en 88 por ciento. Las personas fallecidas por esta causa son 649.