Perú vive una nueva fase de inestabilidad política, luego de que el Congreso Nacional admitiera un proceso de eventual destitución del presidente Martín Vizcarra, demostrativo del antagonismo existente en ese país entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Lo que solicitan los legisladores por segunda vez en menos de tres meses es la vacancia del jefe del gobierno, determinada por la Constitución Nacional.
Según el artículo 113 de la Carta Magna, el máximo cargo de la República queda vacante por cinco causales: fallecimiento, permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, aceptación de su renuncia por ese órgano, salida del territorio nacional sin autorización o no retornar en plazo fijado, o destitución tras ser sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de ese documento, como, entre otras, impedir comicios o traición a la Patria.
En septiembre pasado, Vizcarra vivió momentos similares, cuando el Parlamento trató de destituirlo por presunta incapacidad moral en medio de una lucha sorda en la que impedían cualquier movimiento ejecutivo.
Para los congresistas, según dijeron, era deshonesto que el mandatario permitiera el contrato a un cantante conocido como Richard “Swing” Cisneros en diferentes cargos vinculados a la cultura.
Incluso, fueron difundidos audios que lo comprometían en asociación ilícita para delinquir y obstruir la justicia en el caso de Cisneros, al parecer favorecido por tráfico de influencias y contratos irregulares, lo cual no fue comprobado por la fiscalía.
En aquel momento primó el criterio de que las elecciones generales serán el próximo año y no convenía la vacancia del presidente, que ocupó el cargo antecedido por cinco presidentes acusados de corrupción, uno en fuga, otros presos y uno que apeló al suicidio antes de ser detenido.
Para algunos analistas, como Milciades Ruiz, director del portal República Equitativa, la dividida oposición peruana quiere deshacerse de Vizcarra, pero no se atreve a dar un paso definitivo para evitar que el pueblo comprenda la jugarreta desestabilizadora a favor de sus intereses, enfocados en ocupar relevantes puestos en la próxima administración.
Al respecto, Ruiz aseguró que todo era fachada y se preguntó : “¿Acaso el pueblo le tiene miedo al golpe de Estado? El pueblo no tiene nada que perder porque no vive de la política. Son otros lo que tienen mucho que perder si se desestabiliza este régimen de dominación”, precisó el también especialista en derecho rural.
La Fiscalía, en consonancia, anunció que el comienzo de la investigación “quedará suspendido hasta el 28 de julio del próximo año, cuando deje el cargo, tras las elecciones generales”.
Pero de nuevo el Congreso arremetió contra el mandatario, quien sustituyó al corrupto Pedro Pablo Kuczynski cuando se comprobaron sus turbios manejos con una empresa extranjera. En ese momento, Vizcarra, su vice, se desempeñaba como embajador en Canadá y debió retornar de inmediato a Lima para sustituirlo.
El pasado lunes, con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones, pero muy por debajo de los 87 que exige la Constitución para defenestrar a un presidente, el órgano unicameral avaló el proceso de vacancia, otra vez acusado de incapacidad moral por presuntos actos de corrupción cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua entre 2011 y 2014. La moción número 12 584 llevará a cabo la petición de vacancia el próximo día 9, cuando está citada la defensa del dignatario.
La iniciativa congresal fue presentada por el partido Unión por el Perú, sobre la base de la causal de permanencia de incapacidad moral.
La acusación indica que el ex líder regional presuntamente recibió 600 000 dólares de sobornos de dos empresas vinculadas a la constructora brasileña Odebrecht, investigada por sobornos a funcionarios políticos y administrativos en varios países a cambio de consignación de obras públicas.
Los acusadores plantean que en su ejercicio en la gobernación aceptó dineros a cambio de adjudicar obras de irrigación y la construcción de un centro hospitalario a la empresa brasileña.
Ante las nuevas imputaciones, Vizcarra actuó de manera rápida —al igual que en septiembre pasado— y pidió adelantar el debate parlamentario sobre su eventual vacancia. “Así evitaremos la incertidumbre y la desestabilización que genera el tema”, explicó.
En un discurso público, en la norteña ciudad de Chiclayo, criticó la decisión legislativa de admitir la moción a debate, pero aclaró que la aceptaba y solicitó que se realice esta misma semana, en lugar del lunes próximo.
“No dejemos pasar más tiempo, puedo ir el jueves mismo, el viernes, pero no dejemos más tiempo en la incertidumbre”, añadió sobre el pedido hecho horas antes por el primer ministro, Walter Martos, al titular parlamentario Manuel Merino, acusado de intentar darle un golpe de Estado a Vizcarra hace apenas dos meses.
En esa ocasión, Merino, quien luego debió disculparse públicamente, llamó por teléfono a altos jefes de las Fuerzas Armadas para explicarles “en lo que andaban” en referencia a las acusaciones contra el jefe del gobierno. Los militares avisaron a sus superiores y el líder parlamentario fue duramente criticado por otras fuerzas políticas y populares como autor de un posible golpe de Estado legislativo.
Aunque ahora su partido Acción Popular, del difunto mandatario Alan García, no aparece involucrado en la nueva maniobra, medios de prensa peruanos indican que aunque oculto, se sienten las maniobras del jefe parlamentario, quien avisó se presentará como candidato a la presidencia de la República.
Por su actitud, el electorado comprende que este camaleón político ha impedido gobernar a Vizcarra, al oponerse a los cambios de diverso tipo presentados al poder legislativo.
El partido Fuerza Popular, del clan de Alberto Fujimori, muy debilitado, solo exigió que el dignatario acepte el procedimiento y se explique sobre las acusaciones.
La primera minoría a la que pertenece Merino, potencial sucesor presidencial, registró de nuevo división durante la votación, lo que augura que el experto político tiene que buscar alianzas en sus aspiraciones.
El bloque de la agrupación ambientalista Frente Amplio y el Podemos Perú no se pronunciaron de forma unánime, mientras en contra lo hicieron los legisladores de Alianza para el Progreso (APP), el Partido Morado (PM) y Somos Perú (SP).
Si, como se espera, 40 votan en contra, 15 vuelven a abstenerse, la solicitud de vacancia fracasará por segunda vez.
Los días continúan tensos en Perú. Para Vizcarra, lo que ocurre es otro complot en su contra y afirmó que confía “en que las fuerzas democráticas piensen en el país y no se presten al juego”.
Dos recientes encuestas afirman que 95 y 78 %, respectivamente, de los consultados se pronunciaron contra la vacancia y dijeron que lo mejor para el país era esperar a que concluya su mandato y después sea investigado.
Esta situación política, que en general no parece preocupar a la población peruana, ya habituada a los escándalos de corrupción, ocurre en medio de la pandemia de la COVID-19, que ha sido devastadora en esa nación andina.
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