Jeanine Añez tras las rejas

Aunque para muchos en Bolivia el sistema judicial actuó de manera tardía, la expresidenta de facto Jeanine Áñez fue condenada este domingo a cuatro meses de privación de libertad mientras se investigan los delitos cometidos durante su estancia en el Palacio Quemado, a donde llegó de manos de las fuerzas armadas y la Iglesia Católica para sustituir al legítimo mandatario del país, Evo Morales Ayma.

El paso de Áñez por la primera magistratura —a la que llegó sin la anuencia del pueblo y de la Asamblea Nacional Plurinacional en 2018— tendrá ahora su justo castigo, ante todo por la violación de la Constitución Nacional durante su año de mandato, en el que utilizó una política de odio contra la población.

Los acontecimientos del año 2018 catapultaron a esta mujer de cabellos rubios artificiales que no esconden sus rasgos andinos al máximo cargo del Estado, apenas horas después de que Morales renunciara bajo la presión del Ejército, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la violencia desatada hacia su persona por la contrarrevolución interna y su líder, ahora gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, entre otros opositores.

Con la Asamblea cerrada, debido a órdenes de las Fuerzas Armadas, dadas las protestas que enseguida tomaron las principales ciudades del país, sus manipuladores jefes la situaron al frente del gobierno por ser la segunda vicepresidenta del Senado, aprovechando las anómalas circunstancias de la nación, donde la gran mayoría de los dirigentes políticos de izquierda fueron obligados al exilio bajo la amenaza de ser detenidos e, incluso, con el peligro de ser asesinados.

Con una biblia en la mano, escoltada por sacerdotes de la Iglesia Católica y los altos mandos militares, esta mujer, guiada por la embajada de Estados Unidos (EE. UU.) en La Paz formó parte de los complotados contra Morales y trató de destruir, como mandataria, las conquistas que este y su equipo habían logrado en los últimos 14 años. Del segundo país más pobre de América Latina y el Caribe, solo superado por Haití, Bolivia devino ejemplo de un crecimiento económico sostenido, aun en época de crisis financiera mundial.

EL DESTINO DE AÑEZ

Con 53 años, abogada y exdirectora del medio de comunicación Totalvisión, la usurpadora gobernante fue electa para el Senado en 2010 por el partido del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), de Beni. Durante su último periodo, ingresaría también a la Asamblea como representante del mismo departamento, pero por el partido Unión Demócrata.

Sin embargo, ya una parte de la población la conocía por sus criterios en las redes sociales, no exentos de polémica, por sus ataques de odio contra los pueblos indígenas y las burlas a sus creencias religiosas.

Creyéndose poderosa, pensó que se entronizaría en el poder — tal como le interesaba a la Casa Blanca— evitando, hasta el último momento, la celebración de elecciones; aunque había jurado que solo jugaría un papel transicional en la presidencia. Pura mentira.

La presión política del Movimiento al Socialismo (MAS), la mayor fuerza política de esa nación del Altiplano, las críticas constantes a su gestión por el mal manejo de la pandemia de COVID-19, unido a las denuncias de corrupción y la represión interna, la forzaron a la celebración de comicios en 2019.

Las elecciones fueron ganadas por el candidato del MAS, el exministro de economía de Morales, Luis Arce, y, como su vice, el excanciller David Choquehuanca, con un 55 % de votos.

Quizás la exmandataria, nacida en el departamento centro-sureño de Beni —donde se postuló para la gobernación este año—, pensó que su paso por el Palacio Quemado no tendría consecuencias judiciales algunas.

Aunque Arce, Morales y otras figuras del MAS afirmaron que se haría justicia, los meses pasaron y quizás la dictadora boliviana se sintió segura. Pero el pasado sábado, la policía se personó en su residencia en Trinidad, capital de Beni —donde se escondía en una caja— y la llevó detenida a la cárcel departamental. Este lunes, luego de la decisión de la jueza Regina Santa Cruz de una condena provisional de cuatro meses de prisión, dadas sus posibilidades de huir del país, fue trasladada a la cárcel de mujeres de Obrajes, en La Paz.

Junto a ella fueron apresados dos de sus exministros, Álvaro Coimbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía). Hay órdenes de aprehensión en contra de Yerko Núñez (de la Presidencia), Arturo Murillo (de Gobierno) y Luis Fernando López (de Defensa), los dos últimos fuera del país.

Se ordenó aprehender también a Palmiro Jarjuri, quien era comandante de la Armada; Jorge Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea; y el general Gonzalo Mendieta, excomandante del Ejército.

El pasado día 10, las autoridades detuvieron al exlíder militar Flavio Arce San Martín, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor del Ejército de Bolivia.

LA DICTADORA EJERCIÓ SU MANDO

Además de usurpar la función de dignataria y participar activamente en el golpe de Estado, Áñez firmó un Decreto Supremo que liberó de responsabilidad penal a los militares que masacraron a indígenas y campesinos movilizados contra el régimen de facto en los municipios Sacaba (Cochabamba) y El Alto (Senkata). La orden represora partió de la mandataria, con saldo de 37 personas asesinadas a balazos, y más de 800 heridos y 400 detenidos. La presión internacional la obligó a derogar la regulación que promovía y premiaba con la impunidad a asesinos de personas descontentas.

En su corto mandato, la usurpadora y su ministro Murillo persiguieron, reprimieron y apresaron a dirigentes de los movimientos sociales, miembros del MAS, defensores de derechos humanos, periodistas. Aún se desconoce el número de desaparecidos en esta dolorosa etapa de la vida boliviana.

Hizo más. Activó y financió a grupos armados paraestatales en Cochabamba y Santa Cruz, quienes agredieron y humillaron a funcionarios públicos electos en los últimos comicios ganados por Morales. Bajo sus órdenes, expulsó a los cuerpos diplomáticos de países amigos del legítimo gobierno de Morales, así como a los colaboradores de la salud cubanos, quienes imprimieron con sus conocimientos una dinámica de la población que nunca antes conoció a un médico, y de manera gratuita.

La pandemia del nuevo coronavirus que dejó decenas de miles de muertos y contagiados, con una estructura sanitaria destruida, fue aprovechada por la exmandataria y su gabinete para dar paso a la corrupción política. Compraron falsos respiradores mecánicos a sobreprecio, mientras morían ahogados miles de bolivianos.

En su reconocido nepotismo, despidió a quienes eran trabajadores públicos para colocar en su lugar a familiares y parientes de los actores y promotores del golpismo. Paralizaron todos los procesos de industrialización —como el propuesto para el litio. La hija de Áñez fue denunciada por usar el avión presidencial para asistir a una fiesta en La Paz con sus amigas.

Son, como mínimo, siete los delitos de la expresidenta, lo que puede significar, cuando acaben las investigaciones iniciadas en diciembre último y se celebre juicio, una pena para Áñez de 30 años, pena máxima del país, sin derecho al indulto. Al menos esa será la petición del ministro de justicia de Bolivia, Iván Lima Magne, quien en entrevista con BTV aseguró que su cartera solicitará esa condena por la matanzas en Senkata, Sacaba, Montero y la zona sur de La Paz.

Lima Magne aseguró que “se ha respetado el debido proceso en todo momento y se la procesa por los delitos que cometió en su condición de senadora antes de asumir como mandataria”. Ello significa que, al no ser enjuiciada como dignataria, no estaría protegida ante un posible juicio de responsabilidades, estipulado para juzgar a altos mandos del Estado.

El ministro planteó que “el Gobierno nacional no intercederá en las decisiones judiciales”.

De acuerdo con Lima, los procesos de juicios de responsabilidades serán presentados en la ciudad de Sucre, donde radica el Órgano Judicial y la acción penal a través del Ministerio Público.

Este lunes, el Ministerio de Justicia presentó otros cargos, como la solicitud de un empréstito al Fondo Monetario Internacional (FMI) ascendente a 24 millones de dólares, sin autorización de la Asamblea Legislativa. Además, vulneración al derecho de libertad de expresión cuando Áñez puso en vigencia el decreto Supremo 4200 que utilizaba la pandemia de la COVID-19 como pretexto para penalizar las libertades ciudadanas.

Trascendió que la acusada se acogió a su derecho al silencio durante la toma de declaraciones en una audiencia que duró diez horas en una oficina de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. 

La derecha boliviana, sin embargo, trata de presentar a Áñez como una víctima de abuso y persecución política. El contrarrevolucionario cruceño Camacho es uno de los defensores —como no serlo— de la dictadora boliviana, al igual que el derechista Carlos Mesa, derrotado en los últimos comicios presidenciales.

Pierden de vista que los últimos acontecimientos son un reclamo de la población boliviana que resistió los desmanes de Áñez, quien desbordó maldades en su pírrico reinado de apenas un año.