Destino incierto

Hace un par de semanas, Chelsea Manning, exanalista de Inteligencia del Ejército estadounidense, fue detenida tras negarse a testificar ante un gran jurado norteamericano contra Wikileaks. El hecho pudo ser uno de los elementos para que los colaboradores de Julian Assange dedujeran un movimiento destinado a despojar al informador de su derecho al asilo en la embajada ecuatoriana en Londres. Hubo, además, otro factor de peso al ocurrir un intento de chantaje a los colaboradores del portal de denuncias, con videos y receptación de datos referidos a reuniones mantenidas dentro de la sede diplomática con el asilado y sus abogados.

De las sospechas se ha pasado a realidades comprometedoras, algunas notorias. Para el jurisconsulto español Baltasar Garzón, “El Gobierno y su presidente no han dicho la verdad en su comunicado”, pues su defendido observó las 32 restricciones impuestas por Quito (entre ellas el acceso a Internet y le limitaron las visitas solo a sus defensores).

Dejó saber también que no existe ninguna regla internacional donde esté prevista la expulsión de un asilado por incumplir dichas normas. “Obviamente, Ecuador es soberano, pero no quiere decir eso que pueda actuar arbitrariamente”, expuso el versado exjuez en su denuncia. Para él es “una clara persecución política basada en falsedades”.

De similar forma piensan diferentes personalidades, entre ellas el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, bajo cuyo gobierno se le dio amparo diplomático a Assange y la posibilidad, como ocurrió, de otorgarle la ciudadanía que acaban de anularle, dejándole muy expuesto.

Otros elementos vinculados a la virtual persecución contra el exjefe de Estado y miembros de su gabinete (el excanciller Ricardo Patiño o el encarcelado bajo acusaciones no comprobadas, Jorge Glas, entre varios) se están relacionando con el caso y las acusaciones presentadas en Quito debido a la INA-Papers, como se denomina a la supuesta participación de Lenín Moreno y varios familiares en actos financieros ilícitos en paraísos fiscales, uno de ellos mientras era vicepresidente de la república.

En relación con esa materia, acaba de ser detenido un programador sueco radicado en Ecuador. Según fuentes oficiales ecuatorianas, sería uno de los divulgadores de la trama que compromete la honorabilidad del actual presidente y sus cercanos.

En lo que al menos de momento tiene visos de conspiración con centro-subordinación a Estados Unidos, también involucran a Rusia, a cuyo gobierno acusan de intervenir en las elecciones norteamericanas, en las francesas y hasta en el proceso independentista catalán a través de super-hackers, capaces de ¡influir! en el criterio público, en cuanto a esos transcursos.

Supuestamente, Moscú se valió de Assange para tales maquinaciones pero hasta este instante tampoco existen pruebas, y como tantas ¿conveniencias o connivencias? norteamericano-británicas, simplemente se plantean y repiten sin soporte fidedigno. Tener un “enemigo” suele ser útil en ciertas maniobras. A escala especulativa ¿se habrán propuesto en Downing Street que les quiten del foco mediático concerniente al accidentado brexit?

El destino de Assange es incierto. Suecia reanimó la caducada acusación de hipotéticos delitos sexuales hechos en su contra. Londres pretende procesarlo por no respetar su detención provisional, pero sobre todo, lo detuvieron, según Scotland Yard, a pedido de Estados Unidos y hacia allá van a extraditarlo. Cualquier cosa puede ocurrirle a quien dio pruebas, estas sí documentadas con sonido e imagen, de las torturas y asesinatos en masa ejecutados por el ejército estadounidense en Irak y Afganistán.

A Manning le sometieron a torturas mientas estuvo en prisión, algo reconocido por el relator ad hoc encargado de investigar aquel proceso. De ahí el temor a que Assange, cuya salud se aprecia bastante deteriorada, sufra similar trato en EE. UU., desde donde se ha etiquetado a Wikileaks como organización terrorista. El cargo coincide con la vigente Patriot Act norteamericana, especialmente diseñada para justificar las cárceles secretas, arrestos ilegales, despojo del derecho a la defensa o el beneficio legal, incluso, la aplicación de castigos corporales y psíquicos a personas inocentes. Guantánamo fue, es aún, el escenario más visible de esas tropelías, pero con seguridad no el único (no olvidar el Abu Ghraib iraquí).

La propia Defensoría del Pueblo expuso en Quito que “la condición de asilado exigía del gobierno ecuatoriano el respeto al principio de no devolución frente a los evidentes riesgos a la vida, la libertad o la integridad”. De igual forma y sosteniendo lo formulado por Garzón, aseguran que el gobierno no respetó “los derechos a la nacionalidad (art.6), asilo (art. 41), el principio de no devolución (art. 66.14) y las garantías del debido proceso (art. 77) previstos en la Constitución de la República, la Ley de Movilidad Humana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Esta historia, como es de suponer, no concluye ahora ni aquí. Tampoco es previsible que tenga felices finales.