“La Misión de Paz se terminó el jueves 31 de diciembre a medianoche en Darfur”, precisó a la prensa el portavoz de esa operación conjunta Ashraf Eissa, e informó que la retirada de esa agrupación se realizará desde este mes hasta junio, aproximadamente.
El final de esa fuerza, aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se anunció en un ámbito político sudanés muy complejo, en el cual toda acción política influye directa o indirectamente en el proceso de transición que tiene muchos cabos sueltos, uno de ellos el proceso de reinserción de la población dafurí residente durante mucho tiempo en campos de refugiados y desplazados.
Según estimados, unos 2,5 millones de personas debieron abandonar sus hogares por la contienda bélica iniciada en 2003 que enfrentó a varias guerrillas al Ejército del entonces presidente Omar Hassán al Bashir y a sus aliados, las facciones árabes del llamado yanyaui, o jinetes armados, algunos de cuyos jefes están acusados de cometer crímenes de lesa humanidad.
Muchos de esos migrantes forzados quedaron bajo el amparo de la Unamid —también denominada Misión Híbrida, integrada por personal de ONU y de la Unión Africana (UA)— que llegó a contar con miles de efectivos en sus diversas ocupaciones, tanto de seguridad y atención al orden ciudadano como de asuntos esencialmente humanitarios.
La Misión, que se desmontará paulatinamente a lo largo de estos seis meses, se estableció como operación conjunta en Sudán por petición de la ONU mediante la Resolución 1769 del Consejo de Seguridad aprobada el 31 de julio de 2007, ese propio órgano aprobó por unanimidad que el mandato otorgado cesaría el 31 de diciembre de 2020. Tal decisión es difícilmente asimilada por todos, en principio porque todavía en Darfur están muy presentes las secuelas de la guerra, pese a que los contendientes originales firmaron el pasado año un acuerdo de paz, en el cual los movimientos rebeldes exigían protección y seguridad para sus poblaciones —mayormente negroafricanas—, por las que en 2003 se levantaron en armas contra un gobierno primordialmente árabe.
Aunque el tema étnico estuvo en el centro de la disputa, sobresalieron aspectos en el orden socioeconómico mucho más amplios y que alimentaban la persistencia de la guerra, cuyo perfil comenzó a mutar con acercamientos entre el gobierno del entonces presidente Al Bashir y, tras ser depuesto en 2019, con la junta militar que le sucedió y estableció el proceso de transición.
Mientras que uno de los tópicos indispensables de resolver fue la situación en Darfur (hogar de los fur), al proceso sudanés de cambio se unió otro elemento de inestabilidad, los enfrentamientos entre comunidades y sus consecuencias en el incremento de los desplazados, quienes ahora están ante la retirada paulatina de unos 8 000 integrantes entre militares, policías y civiles.
Sin embargo, residentes de esa región occidental de Sudán no concuerdan totalmente con ese retiro y recientemente expresaron su rechazo al dictamen emitido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque el gobierno sudanés saludó esa disposición y que para algunos observadores puede reforzar su imagen de poseer la capacidad requerida para enfrentar todos los problemas de esa área.
“La ONU debería revertir su decisión”, declaró Mohamed Abdelrahman, un participante en una sentada de cientos de personas en el campo de refugiados de Kalma, en Nyala, capital de Darfur del Sur, indicaron medios de prensa comentando la desprotección que temen los desplazados.
Sin dudas esa aprehensión se justifica, ya que su seguridad pasará a ser responsabilidad de las fuerzas del gobierno, lo que significa que es ponerla en manos de quienes participaron en el conflicto armado e, incluso, algunos que pudieron ser enemigos.
Mientras los meses transcurren se observarán todos los desarrollos pertinentes y las variables que operarán en ese proceso, pero indefectiblemente la Misión Híbrida cerrará su capítulo en Darfur.
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