El primer día de este año se registró el primer asesinato de un líder social en Colombia, para iniciar la lista de víctimas del paramilitarismo en esa bella nación suramericana, donde la vida carece de precio. Estos grupos armados responden a las oligarquías locales y al narcotráfico y actúan alentados por el silencio cómplice del derechista presidente Iván Duque.
La relación de asesinados en el 2021 comenzó con Gerardo León, un etnomaestro defensor de los derechos humanos, y la lista crece con rapidez desde el 1.o de enero. Al mediodía del pasado día 10, la cadena multinacional Telesur denunció dos masacres en los departamentos de Antioquía y Caquetá, dos líderes sociales exterminados en Ituango, y dos jóvenes en un campo minado en Policarpa, departamento de Nariño.
En Antioquía, donde nació el paramilitarismo organizado por el entonces gobernador y después presidente ultraderechista Álvaro Uribe, también ocurrió el pasado domingo la segunda masacre del año, cuando tres civiles armados ultimaron a tres miembros de una misma familia. Entre las víctimas aparece Cristian Ramírez, excombatiente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), quien ya había sobrevivido a un atentado. Con su crimen ascendieron a tres los excombatientes matados en los primeros siete días de este año.
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Cuando usted lea estas líneas el número de víctimas de los grupos armados clandestinos habrá crecido, según aseguran estudiosos de la actual situación política nacional, tras la firma del pacto de 2016 para acabar una guerra de más de 50 años y 250 000 víctimas.
En su cuenta en Twitter, el partido Fuerza Armada Revolucionaria del Común (FARC) formado tras la desintegración de las FARC-EP, indicó: “Son 252 firmantes de paz asesinados sistemáticamente. Qué dolor esto, no queremos seguir enterrando compañeros ante la mirada cómplice de un gobierno que quiere hacer trizas la paz. Insistimos —dijo— que la única salida a esta nueva ola de violencia es la implantación efectiva e integral del Acuerdo de Paz”, pero esclarecieron la necesidad de desmontar las estructuras del paramilitarismo.
A raíz del homicidio contra el exfirmante de la paz Cristian Ramírez en Cali, la senadora Sandra Ramírez manifestó: “¡Producen mucho dolor estas noticias! Llegamos a 252 vidas apagadas por una violencia que ha querido mantener este Gobierno indolente. ¿Hasta cuándo seguirá permitiendo este exterminio Iván Duque?”.
Por coincidencia, la muerte de Ramírez ocurrió el día en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó su informe trimestral de la “Misión de Verificación del Acuerdo de Paz” entre el 26 de septiembre y el 28 de diciembre del 2020. El documento hace un recuento de los logros del Acuerdo de Paz y la prioridad que deben tener los puntos 3.2 (reincorporación de excombatientes) y 3.4 (garantías de seguridad). Ahora solo virtuales, en la práctica. Ante las actuales circunstancias, la ONU propone cinco prioridades para 2021, centradas en la verificación por su parte de los dos acápites, así como en elementos básicos para que se pongan en marcha.
El Secretario General de la organización mundial, António Guterrez, reconoce que deben asegurarse avances complementarios en todas las áreas del convenio. Como primera prioridad para que se arraigue una paz firme y duradera recomienda para el 2021 asegurar la protección y seguridad de excombatientes, comunidades afectadas por el conflicto, líderes sociales y defensores de los derechos humanos.
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El Informe señala que, desde la firma del Acuerdo, la Misión ha verificado 248 asesinatos de excombatientes (incluidas seis mujeres), 21 de ellos durante este período y 73 durante 2020.
A finales de octubre e inicios de noviembre pasado excombatientes de las FARC-EP realizaron la “Peregrinación por la vida y la paz”, que culminó con una reunión con el presidente Duque en la Casa de Nariño, en la cual las partes llegaron a acuerdos importantes en materia de garantías de seguridad y reincorporación.
El Gobierno informó que asignó aproximadamente 13 500 millones de pesos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) en septiembre último, en cumplimiento de la orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de cubrir las vacantes de escoltas y analistas dentro de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección (SESP). Hasta la fecha solo contrató a 27 analistas, indica también el documento oficial de la ONU. El Secretario General alertó sobre los 25 excombatientes exterminados mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes de protección, y todavía hay más de mil pendientes. Señala además que los y las excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) sufren mayores niveles de violencia, y el 35 % de homicidios de desmovilizados en 2020 ocurrieron en nuevas áreas de reincorporación o en sus inmediaciones. Por esta razón, Guterres afirma: “…es clave adoptar una estrategia enfocada en brindar seguridad a las nuevas áreas e incluso mediante despliegues efectivos de las Fuerza Pública alrededor de ellas”.
La segunda prioridad concierne a medidas para asegurar la sostenibilidad del proceso de reincorporación y destaca que cuatro años después de la dejación de armas, más de 13 000 excombatientes de las FARC-EP (23 % mujeres) desean adherirse al proceso de paz y alcanzar su integración a la vida civil.
Luego de su reunión en noviembre, el presidente Duque se comprometió con los antiguos guerrilleros a acelerar la compra de terrenos para viviendas y proyectos productivos. El mandatario también acordó realizar siete sesiones del Consejo Nacional de Reincorporación a nivel regional. Esos encuentros serán una oportunidad para escuchar directamente las preocupaciones de los excombatientes y para definir planes de acción a nivel local con compromisos claros, asignación de responsabilidades, recursos y plazos, y medidas para asegurar que las comunidades locales se beneficien del proceso.
El informe suscrito por Guterrez será presentado por su representante especial en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el próximo 21 de este mes.
Aunque son evidentes los esfuerzos del ente mundial para ayudar a conquistar la paz en el país suramericano, queda claro que el gobierno del llamado Duquesito está en punto muerto porque, entre otros motivos, no va a enfrentarse al ejército paramilitar financiado por grandes capitales —tanto del narcotráfico como de los hacendados—interesados en mantener primacía en los departamentos.
El mandatario tiene orientado por Estados Unidos ser el país-base de las operaciones políticas y militares contra la vecina Venezuela. Sin vergüenza alguna, Duque ha reconocido la salida de grupos mercenarios invasivos desde el territorio nacional, la organización de atentados y magnicidios, la acogida de militares traidores a la causa revolucionaria, y en especial, el apoyo al ya desprestigiado líder contrarrevolucionario Juan Guaidó, autoproclamado presidente alterno de Venezuela, un cargo ahora desestimado por la Unión Europea, y sin el padrinazgo del saliente y deshonrado Donald Trump.
Por tanto, la paz no es tema de interés para el presidente, considerado por Trump su más fiel aliado en América Latina, pero que ahora se quedó sin jefe.
Para algunos analistas, que lo advirtieron en su momento, late en el aire el recuerdo del exterminio de los miembros del partido Unión Patriótica (UP) —una guerrilla que suscribió, como las FARC, un acuerdo de paz en 1986 con el presidente Belisario Betancourt, y pasó como partido a la vida civil.
Más de 3000 integrantes de ese grupo —que igual pasó de la confrontación armada a la vida política— fueron asesinados en Colombia entre las décadas de los 80 y los 90, con el evidente propósito de deshacer la agrupación política a fin de impedirle su participación democrática en la gobernabilidad del país.
La UP sufrió el homicidio de dos candidatos a la presidencia de la República, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, siete congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes, 70 concejales y un sinnúmero de dirigentes militantes de base.
En 1994, las autodefensas mataron al último representante de la UP en el Congreso de la República, el senador Manuel José Cepeda, padre del hoy senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro.
Cualquier parecido con la política de genocidio a cuenta gotas cometida contra la UP antes y ahora contra el partido FARC no es coincidencia.
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