Las nuevas trampas del proceso constituyente chileno

En estos días se descubre en Chile una más de las múltiples trampas impuestas por la clase política al proceso electoral que debiera elegir en abril próximo a los integrantes de la Convención Constituyente. Aunque en el plebiscito último quedó de manifiesto que la enorme mayoría de los chilenos (casi un 80 por ciento) se opuso a la idea de que los encargados de redactar la nueva constitución fueran designados o pertenecieran al Poder Legislativo, los partidos políticos hacen todo lo posible para que el país elija a sus propios postulantes en desmedro de la gran cantidad de independientes que, después de muchas trabas administrativas, lograron inscribir sus nombres en la papeleta electoral.

Aunque en verdad se trata de “no militantes” porque lo cierto es que se trata de personas con alto compromiso ideológico, en gran número desafiliados de los partidos y que han mantenido un férreo compromiso con los cambios y la profundización de la democracia. Pero todo indica que el sistema electoral vigente conspira contra su posibilidad de resultar electos al impedirles que pudieran competir mediante sus propias organizaciones civiles. Esto es, en una o muy pocas listas unitarias y con los recursos necesarios para darse a conocer, tener acceso a los medios de comunicación y recibir del Estado recursos para solventar su propaganda.

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Se calcula que al menos un 40 por ciento de los candidatos que no militan, y tampoco se sumaron de allegados a las listas partidarias, no van a tener acceso alguno a las franjas televisivas que la ley dispone para dar a conocer sus puntos de vista. Asimismo, los demás apenas podrán tener uno o dos ridículos segundos de exposición en estos espacios en que los partidos se reparten la mayor parte del tiempo. La falta de equidad o discriminación electoral en tal sentido se va a hacer flagrante y pondrá una enorme sombra sobre la legitimidad de este proceso. Toda vez que hasta ahora el Gobierno y el Parlamento se resisten a corregir estos despropósitos contemplados por la Ley que ellos mismos aprobaron a fin de favorecerse.

Es evidente que las cúpulas partidarias no quieren arriesgarse de nuevo a que el electorado les demuestre su desdén y lleguemos a una Constituyente en que en realidad sea la voz del pueblo la que modele nuestra futura institucionalidad. Es tan patética la realidad de los partidos políticos que buena parte de ellos ha integrado a sus nóminas a una buena cantidad de independientes que evidentemente les aportaran sufragios por su prestigio y trayectoria.

Sin embargo, todo está configurado al interior de estas nóminas de tal manera que estas colectividades sumen votos que favorezcan sobre todo la elección de sus propios militantes. De todas maneras existe un buen número de candidatos sin partido que muy ingenuamente piensan en que podrían imponerse en los resultados de esta elección. Cuestión que supondría una enorme madurez cívica de los electores, como para desafiar esta falta de ecuanimidad y el bombardeo de la propaganda y las múltiples formas de cohecho que todavía interfieren en la transparencia de nuestros procesos electorales.

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Por otro lado, los que fueron severamente derrotados en el Plebiscito por la enorme mayoría que se pronunció a favor de reemplazar la Carta Fundamental hoy se solazan en la idea de que esta vez de un 20 pudiera elevarse al 35 o 40 por ciento el apoyo y el número de constituyentes que elijan, con lo que de todas maneras alcanzarían más del tercio necesario para vetar cualquier disposición que apruebe por mayoría simple la Convención Constituyente. Tema que habla de la principal trampa impuesta por quienes diseñaron el proceso en curso.

La aritmética electoral augura que la derecha que estuvo por mantener la Constitución de Pinochet va a salir airosa de estos nuevos comicios, sumado al hecho que sus diversos referentes fueron capaces de arribar a una lista única que les da mucho más posibilidades de imponerse ante el voto desperdigado de los que votaron “apruebo” en el Plebiscito y que hoy compiten en más de 15 o 20 listas diferentes en todo el país.

Todo dice, además, que la cobertura mediática no tiene por qué hacerse cargo de difundir el proceso electoral con criterios de justicia e igualdad. Los medios de comunicación, sabemos, tienen en las elecciones una buena oportunidad de financiarse con los recursos electorales de los partidos, sumado al hecho que los canales de televisión, las principales cadenas radiales y la prensa escrita carecen en Chile de diversidad informativa.

Si sumamos a todo esto las consabidas cortapisas que se oponen a la consolidación de un régimen democrático, y a la posibilidad de que las demandas de justicia social alguna vez sean satisfechas, lo que más arriesga es que la futura Convención Constituyente sea realmente rodeada a las pocas horas y semanas como lo adelantaran algunos dirigentes comunistas. Cuando se aprecie la imposibilidad de avanzar en lo que la inmensa mayoría de los chilenos exigió con su Estallido Social.

Pero esto parece inquietarle solo a los pocos analistas que no han sido afectados por la indolencia política, los intereses creados o la misma pandemia que nos ha golpeado tan duramente, pero mantiene latente las demandas económicas y sociales de la población. Y que en el caso de la Araucanía reconocen que ya nos encontramos en plena guerra civil.