Brasil: ¿qué pasó en el 2020?

Brasil, con más de 200 millones de habitantes, es el tercer país del planeta más afectado por la COVID-19, mientras su presidente, Jair Bolsonaro, desinforma sobre la vacunación, quiere hacerse el simpático, va a pescar y abre una exposición de su vestuario. Mientras, el pueblo apático, parece jugar a la ruleta rusa con la enfermedad: si me toca, seguro que me muero.

Bolsonaro, quien en una burda imitación del saliente presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, no aceptó la veracidad de la enfermedad, se rió de los científicos, a quienes desoyó y brindó este 2020 una clase magistral de antipolítica, sin preocuparse siquiera del 40 % de la población, en especial la de religión evangélica, que le dio la victoria en 2018.

Este excapitán que revela su añoranza por la época de la dictadura militar, tuvo la desfachatez de calificar de marica a quienes mostraron su preocupación por la gravedad de la pandemia, la carencia de una estructura sanitaria y el alto número de muertos y contagiados. Incluso, llegó a decir que no se vacunaría porque había padecido la COVID-19, lo que, si fuera cierto, sería el caso más leve de la enfermedad en ese país.

El pasado día 17, Brasil registró 70 574 nuevos contagios por el SARS-CoV-2 en 24 horas, para un acumulado de siete millones 40 608 desde el primer caso conocido en febrero de 2020. Un reporte diario del ministerio de Salud confirmó que ese mismo día hubo 936 decesos, para un referente de 163 735.

Ese organismo también informó que seis millones 132 683 personas están recuperados y otras 724 190 continúan bajo observación médica.

Hace pocos días, en otra reafirmación de su aparente desconocimiento sobre la dolencia —a la que en una oportunidad calificó de “gripecita”— afirmó que solo se vacunaría quien quisiera, alejando al Estado de su responsabilidad de velar por la salud de la ciudadanía, y confirmando que millones quedarían a su suerte.

Tan alta es la indiferencia presidencial, que decidió que los 27 gobernadores y los alcaldes actuaran por su cuenta, un hecho insólito en un régimen federativo. Por lo único que mostró interés el mandatario fue porque no resultara perjudicada la economía privada. Nunca declaró cuarentena ni un cierre de negocios este 2020.

Brasil brinda una imagen de apatía pública casi absoluta, solo quebrada por algún medio de comunicación, como el periódico Folha de Sao Paulo, que en un editorial escribió “la estupidez asesina del presidente cruzó todos los límites”. Sin embargo, el autoproclamado Trump tropical, casi todas las semanas sobrepasa sus propias fronteras.

Son los gobernadores los preocupados porque las vacunas lleguen a los 27 departamentos. En un politiqueo gubernamental, el ministerio de Salud explicó que dispondrá de un plan “cuando haya demanda”, mientras Bolsonaro, sin un partido que lo represente, y por tanto sin aparentes compromisos políticos, amenazó con tomar represalias contra quienes contradigan sus órdenes. Lo que es igual a “déjenlos que se mueran”.

Para observadores, la situación en Brasil, con la economía más solida de América Latina antes de la COVID-19, es inaudita. Periódicos basados en una encuesta de la empresa Datafolha afirman que pese a sus actitudes rayanas en la demencia, el controvertido político tiene una aprobación de un 30 %, aunque ya alejada del 49 % que lo respaldó el pasado año.

Mientras, el 22 % de los brasileños afirman que no se vacunarán bajo ningún concepto porque —según determinan las investigaciones— consideran que “la campaña obedece a un plan comunista para apoderarse del cerebro de las personas”.

Las discrepancias entre los científicos locales y el órgano de salud comenzaron cuando se conoció que la planificación oficial de inmunización incluye solo a los profesionales de la salud y a los mayores de 60 años.

En un comentario, Resumen Latinoamericano publicó que los hombres de ciencia reiteraron que debían ser incluidas “todas las poblaciones vulnerables como prioridad en la inmunización, entre ellas, los pueblos indígenas, quilombolas, ribereños, personas privadas de libertad y discapacitados”.

La tendencia de opinión revela que el gobierno quiere avanzar hacia el desmantelamiento del sistema de salud creado durante los tres mandatos consecutivos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).

Lo que parecería ser el caos no lo es. La política de la derecha brasileña trazó bien un rumbo y es destruir el Estado y “todo lo que había”, según dijo el excapitán del Ejército en su campaña electoral luego de una sucia maniobra judicial, muy bien pagada, que logró la detención del exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva con una condena por presunta corrupción, luego desmentida cuando ya no constituía un peligro para los planes del gran capital.

Las decisiones del Trump tropical no son tomadas a la ligera, aun cuando hay coincidencia entre políticos que está en el cargo porque era la figura que precisaban los ultra conservadores: una persona sin escrúpulos, vergüenza o decencia, que con su fanatismo religioso engatusaría al menos a 40 millones de practicantes del evangelismo existentes en la nación.

En dos años, el mandatario que copó su gabinete de altos jefes militares, vendió una buena parte de los principales bienes y recursos del llamado “país mais grande do mundo” con más de ocho millones de km² de extensión, depositario de riquísimos recursos naturales, entre ellos el mayor reservorio de agua natural del planeta.

Políticos de distintas tendencias han indicado que Bolsonaro no se presentará a una reelección, más aun cuando Trump perdió la suya a favor del demócrata Joseph Biden. Pero que, como él no es multimillonario como el estadounidense, trata de engrosar su cartera antes de partir, lo cual podría ocurrir incluso antes de acabar su mandato en 2022.

Para apoyar su plan, cuenta con un Congreso Nacional bien alineado a favor de los grandes capitales privados.

Bolsonaro vive en una burbuja de mentiras, pero algunas le explotan en la cara.

Para quien alzó la bandera contra la corrupción —otra de sus fantasías— este 2020 resultó fatal. El delito llegó a su familia —tiene tres hijos varones inmersos en la política— y por mucho que sea el respaldo oligárquico, al parecer ahora la justicia comienza a exigir que se cumplan los pactos.

Son varios los funcionarios acusados de corrupción mientras ejercían cargos públicos. Un sonado caso es el del suspendido gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, indicado por dirigir una organización criminal sofisticada, compuesta por al menos tres grupos de poder que cometieron presuntas irregularidades y desviaciones en el ámbito de la salud.
Para angustia del presidente, su hijo Flávio está acusado de manipulación de dinero de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, cuando ocupaba un escaño de diputado estadual.

Este diciembre, la jueza Cármen Lúcia, del Supremo Tribunal Federal ordenó a la Fiscalía General que investigue la entrega de informes de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) para ser usados en la defensa de Flávio, considerado el jefe de las milicias paramilitares en el Estado fluminense.

Según reporta desde Río de Janeiro la agencia de noticias Prensa Latina (PL), la revista Época reveló que la ABIN elaboró al menos dos documentos de auxilio al ahora congresista federal para ser usados por su defensa.
Se sospecha, dice PL, que Flávio se benefició de la devolución de parte de los sueldos de su oficina, práctica conocida en Brasil como rachadinha, cuando era diputado estatal del 2003 al 2019.
En su orden, Lúcia afirma que los hechos deben ser investigados porque en ellos “pueden configurar actos penales relevantes (malversación, violación del secreto funcional, delito de responsabilidad e improbidad administrativa)”.
Este año, Bolsonaro sufrió una gran derrota política en las elecciones municipales, ganadas por políticos de centro-derecha y de la izquierda, a pesar de su intervención personal para favorecer a algunos candidatos que terminaron con estrepitoso fracaso. La gran derrotada fue la derecha que lo mantiene en el poder.

Los asesinatos y atentados contra candidatos políticos aumentaron en casi un 200 % en Brasil durante el período electoral, reveló un informe publicado por la Asesoría de Comunicación de la Organización de Derechos Humanos Tierra de Derechos y Justicia Global.

Una encuesta realizada por Tierra de Derechos y Justicia Global identificó 13 asesinatos y 14 ataques a representantes de cargos electivos y precandidatos brasileños en el período comprendido entre el primero de enero y el primero de septiembre de 2020.
Si hubiesen ganado sus aliados, es probable que Brasil hubiese dado una visión de estabilidad económica capaz de atraer porciones relevantes de capital extranjero, lo que no logró tampoco en su primer año de mandato durante la monumental subasta de petróleo.

Bolsonaro se jacta ahora de la reducción de un 22 % de los homicidios en el país, pero los expertos en seguridad señalan que el hecho se debe a la expansión de las milicias y otros grupos criminales que evitan acciones violentas para no perjudicar los negocios. Esas agrupaciones son acusadas del asesinato de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, defensora de los derechos humanos, ametrallada junto a su chofer cuando dejaban atrás una reunión política. No hay acusados todavía, pero se estima que la orden fue dada por Flávio Bolsonaro.

Para Oliver Stuenkel, profesor de la Fundación Getulio Vargas, “Bolsonaro representa una amenaza al sistema democrático, por ejercer mucha presión sobre la sociedad civil. Vemos muchos retrocesos en el campo de derechos humanos, del medio ambiente, de las ciencias y de la educación. Por todas estas razones, la imagen de Brasil ha empeorado mucho este año 2020”.