Aunque intenta desligarse del envío de material bélico al gobierno de facto de Bolivia, el derechista ex presidente argentino Mauricio Macri fue denunciado por contrabando agravado y tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, usados en la represión de quienes se resistían al golpe de Estado contra Evo Morales.
Macri, empresario millonario que hundió de nuevo la economía argentina con una deuda impagable al Fondo Monetario Internacional (FMI) actuó en apoyo a la presidenta de facto Jeanine Áñez, exsenadora que las fuerzas derechistas de Bolivia, —incluida la Iglesia Católica— situaron en el Palacio Quemado en lugar del legítimo ocupante, obligado a renunciar por las Fuerzas Armadas.
Los sucesos ocurrieron en noviembre del 2019, luego de que Morales resultara reelecto. Un mentiroso dictamen de la Organización de Estados Americanos (OEA), declaró fraudulentos los comicios, dando paso a acciones violentas de las fuerzas de derecha y a la renuncia del dignatario.
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El ejército nacional, plegado a los opositores, lo obligaron a salir del país en cuestión de horas hacia México, y después a Argentina. Ahora está de nuevo en Bolivia, tras el arrollador triunfo de su exministro de economía, Luis Arce, que derrotó con el partido Movimiento al Socialismo (MAS) a los conservadores en los comicios del 2020.
La agencia argentina Telam informó que la acusación contra Macri, perdedor de los comicios frente al binomio de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, está endosada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.
También el exjuez Eduardo Freile, exintegrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, denunció en forma particular a Macri por contrabando agravado y tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, entre otros delitos.
En desagravio institucional, el presidente Fernández envió una disculpa a Arce, en la que expresó “dolor y vergüenza” por la actitud del anterior régimen.
El mandatario indicó: “Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días. Se trató de una colaboración decidida por el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri con la represión militar y policial que sufrieron quienes defendían el orden institucional en su país”.
Aunque Macri niega su culpabilidad, el escándalo que se desató en torno a su colaboración con el neofascismo boliviano acapara la atención de los medios locales e internacionales. Al descubierto queda, una vez más, la complicidad de los regímenes de derecha contra las administraciones progresistas en América Latina. Un ejemplo de ello es la formación del ahora debilitado Grupo de Lima contra la Revolución Bolivariana en Venezuela.
Macri ya había perdido las elecciones en octubre de ese año, ganadas por el binomio Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como su vice. Testigos presenciales afirman que el llamado gato estaba furioso por haber perdido los sufragios con la alianza Juntos por el Cambio.
Cuando ocurrió el golpe, Morales pidió asilo en primera instancia a Argentina, donde Fernández ya era el mandatario electo, pero Macri, aun activo, lo denegó.
No es secreto que Áñez y su camarilla pidieron asistencia a regímenes amigos de derecha, ya que el ejército nacional carecía de un arsenal de armamento usado para la represión.
También el mandatario neoliberal Lenin Moreno, a petición de Áñez, envió un cargamento con proyectiles y gases a La Paz.
Algunos analistas califican la colaboración derechista a la gobernante de facto como una nueva Operación Cóndor, un plan realizado entre las dictaduras militares entre los años 60 y 80 para intercambiar prisioneros revolucionarios.
No es casual, opinan, que dos naciones donde imperaban regímenes derechistas hayan enviado su apoyo en armas —quizás luego se descubra en que otros acontecimientos incidieron— para tratar de eliminar a los defensores del progresismo existente hasta entonces en Bolivia.
El pasado viernes, el canciller boliviano Rogelio Mayta demostró mediante un documento oficial el envío de armamento desde Argentina para presuntamente reprimir a la población negada a aceptar a la golpista senadora, quien asumió el 13 de noviembre de 2019, tres días después del golpe.
El ministro de defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, confirmó que tiene en su poder la carta original enviada por Tercero Lara a la delegación diplomática, en la que agradece la cooperación del gobierno de Macri en el golpe cívico-militar en el país andino.
ARMAS CONTRA EL PUEBLO
La salida obligada de Morales hacia México causó una conmoción en Bolivia. Una vez conocida la noticia del golpe de Estado, el pueblo de la nación plurinacional salió a las calles en protesta por la instauración de un régimen derechista y con planes de echar abajo los programas económicos y sociales implantados durante la década que gobernó el MAS.
Miles de personas llegaron a La Paz para exigir la salida de Áñez y encontraron una represión brutal por parte de gendarmes y soldados de las Fuerzas Armadas.
Aunque Macri ha restado importancia a la entrega de las armas luego usadas contra la población boliviana, hay un elemento que incluso pueden agravar más la situación de los involucrados.
El 11 de noviembre, un día después del golpe, la Agencia de Materiales Controlados (ANMaC) de Argentina autorizó el envío de un cargamento supuestamente destinado a proteger la embajada de Argentina en La Paz.
En el listado aparecen pistolas semiautomáticas, escopetas, carabinas, ametralladoras, chalecos antibalas, escudos, visores nocturnos y municiones. Al siguiente día, y supuestamente con el mismo fin, el cuerpo de Gendarmería solicitó incluir 70 000 cartuchos antitumulto, gases pimienta y granadas de mano.
Aunque la trama ya fue descubierta, en los registros oficiales de Bolivia solo consta el ingreso de una cantidad muy inferior de armas y otros materiales bélicos. Es decir, que la diferencia era la cantidad de equipos antidisturbios usados por las fuerzas de seguridad al mando de Áñez.
Hasta La Paz llegaron —según aparece en textos oficiales— 40 000 cartuchos de balas de goma AT 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, cinco gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC.
La cancillería boliviana tiene en su poder la constancia del armamento enviado por el gobierno de Macri, a petición de la dictadora, con una notable diferencia entre lo escrito en el papel y lo entregado realmente.
El canciller argentino Felipe Solá advirtió que, pese a las desmentidas en masa de los ex funcionarios macristas, “no hay que dejarse engañar ni confundir” porque “el material que llevaron los miembros de la Gendarmería no es el mismo que recibieron en Bolivia”. “Eran dos envíos diferentes que fueron en el mismo avión”.
En julio del 2020, ya con Fernández en la presidencia, la Gendarmería informó que la Agrupación Alacrán, enviada a proteger la sede diplomática en La Paz, permaneció allí durante siete meses, en los que utilizaron los 70 000 cartuchos en prácticas.
El argumento quedó destruido cuando se conoció que solo 10 policías participaron en la misión protectora y solo contaban con un fusil capaz de usar ese tipo de balas.
Observadores coinciden en que el anterior gabinete dio un espaldarazo al golpe cívico-militar de la OEA y las fuerzas armadas unidas a la oligarquía local.
El gobierno macrista fue el primero en reconocer a Áñez como presidenta de Bolivia, al igual que hizo cuando el brasileño Michel Temer, organizador de un complot parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff ocupó su lugar en el Palacio de Planalto.
Junto a los procesos judiciales contra miembros del anterior gobierno, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) abrió una investigación para determinar la actuación de agentes que viajaron a Bolivia para supuestamente buscar información sobre la crisis política que culminó con la renuncia de Morales.
Se tratará de determinar, indicó la AFI, el papel que jugaron allí sus miembros, ya que durante el macrismo esa entidad realizó tareas masivas e ilegales de espionaje contra políticos, líderes sociales y periodistas argentinos.
Recopilaciones de prensa indican que en la noche del 12 de noviembre salió el vuelo con las armas del aeropuerto argentino de El Palomar.
El día 15, con la anuencia de Áñez, fueron masacradas 12 personas en Sacaba, Cochabamba, y 125 heridas, cuando la policía reprimió una multitudinaria marcha de campesinos simpatizantes de Morales.
Poco después hubo otra matanza. Diez personas fallecieron, mientras decenas resultaban lastimadas en la localidad de Senkata.
El actual gobierno boliviano de Arce denunció que los equipos antidisturbios llegados de Argentina fueron empleados en esas violentas acciones de la recién implantada dictadura de la exsenadora.
Áñez y su ministro de Interior, Arturo Murillo, están detenidos y serán juzgados por sedición, así como por crímenes de lesa humanidad cometidos en Sacaba y Senkata.
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