La incursión marítima mercenaria procedente de Colombia que intentó penetrar por el norte de Venezuela tenía como objetivo asesinar al presidente Nicolás Maduro, en medio de la delicada situación interna creada por las unilaterales sanciones de Estados Unidos (EE.UU.) y la presencia en el país suramericano de la COVID-19.
No es noticia que el gobierno colombiano presidido por el derechista Iván Duque, ahijado político del reaccionario Álvaro Uribe, sirve de base de operaciones a los fallidos intentos de penetración de grupos subversivos que cruzan la frontera común entre las dos naciones.
Esta nueva intentona de penetrar por la costa de La Guaira, la más cercana a Caracas, forma parte de una estrategia para derrocar a Maduro en la que participa la Agencia Central de Inteligencia y sus operadores en América Latina.
El analista Gustavo Borges Revilla, precisó que “Lo que estamos viendo es una seguidilla de acciones mercenarias muy mal ejecutadas, muy caóticas, y muy mediocres, pero que finalmente representan intentos no solo de la oposición venezolana, sino de actores no estatales; es decir, de contratistas privados con la anuencia de Estados Unidos, de Colombia, y ahora también se suman las islas ABC Aruba, Curazao y Bonaire”, de los Países Bajos, afirmó. “Tenemos un conglomerado de conspiraciones y de conspiradores, contra Venezuela”, según explicó a la multinacional Telesur
En los últimos meses, Estados Unidos (EE.UU.), cuyo plan de hostigamiento político y económico intenta apoderarse de las riquezas venezolanas, en especial el petróleo, ha reforzado sus sanciones políticas y económicas en fallidos movimientos, dada la resistencia del pueblo de esa nación suramericana, y de su gobierno respaldado por la unión cívico-militar, uno de los ejes que impide el triunfo de las aventuras conspirativas.
En una escalada de su injerencia en asuntos venezolanos, EE.UU. mantiene en el mar Caribe su IV Flota para penetrar en territorio venezolano si hubiese triunfado la última acción mercenaria, con el pretexto de controlar el movimiento de las drogas en ese espacio.
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El régimen derechista de Donald Trump, un multimillonario reconocido por los medios como el peor presidente en la historia de EE.UU. luego acusó a las principales autoridades del país suramericano de narcotraficantes, y ofreció una millonaria recompensa a quien le entregara a Maduro en bandeja de plata. En tanto, siguieron arreciando el bloqueo naval, económico y financiero contra Venezuela, que gracias a la solidaridad mundial libra su batalla contra el nuevo coronavirus, con notable éxito entre las naciones de Latinoamérica.
El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, implicado también en esta última aventura aplastada por fuerzas combinadas del Ejército y la Policía leales a la Revolución Bolivariana, demostró, en un video, como los narcotraficantes de la banda Rastrojos le pasaba de un lado a otro de la línea divisoria binacional.
MATAR A MADURO
“El objetivo central era matarme”, denunció el presidente Maduro este lunes al referirse a la intentona de invasión en las aguas de Macuto, La Guaira, el pasado domingo, en el que murieron ocho de los mercenarios, mientras siguen apresando a otros fugitivos. Entre los detenidos hay un miembro de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).
En su intervención en la Cumbre Telemática de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento No Alineados, celebrado este lunes, el líder venezolano indicó que su gobierno posee “pruebas, testimonios y videos de los lugares de entrenamiento en Colombia” de los testaferros que —según manejan los cuerpos de inteligencia de su país—, “han sido financiados por EE.UU.”.
Un funcionario estadounidense, asesor de la guerra de Iraq y Afganistán llamado Jordan Goudreau, asumió en un video circulante en las redes sociales su liderazgo en la acción efectuada en las costas de La Guaira y el contrato firmado con la oposición “para atacar Venezuela e intentar matarme”, dijo Maduro.
Tres veces condecorado con la Estrella de Bronce por su valentía en las guerras de rapiña orquestadas por la Casa Blanca, al finalizar su carrera militar activa fue investigado en 2013 por presuntamente estafar al Ejército en 62 000 dólares en estipendios de vivienda. Goudreau aseguró entonces que la investigación se cerró sin cargos.
Después de retirarse en 2016, trabajó como contratista de seguridad privada en Puerto Rico tras el huracán María. En 2018 estableció Silvercorp USA, una empresa de seguridad privada cuya finalidad era incrustar agentes antiterroristas en escuelas, encubiertos como maestros.
El sitio web de Silvercorp promociona operaciones en más de 50 países, con un equipo asesor compuesto por exdiplomáticos, estrategas militares con experiencia y jefes de corporaciones multinacionales, sin mencionar sus nombres.
Es notable, según testimonios gráficos, su relación con el ex militar venezolano, Cliver Alcalá, cabecilla de los pocos desertores militares de su país, quien es considerado poco probable para encabezar una insurrección en su país natal.
Alcalá está ahora bajo custodia federal en Nueva York en espera de juicio por presuntos vínculos con el narcotráfico y fue arrestado en Colombia.
Este exmilitar fue el coordinador de tres campamentos de mercenarios existentes en la península desértica de La Guajira, un departamento colombiano fronterizo con Venezuela. Entre ellos estaba un ex guardia nacional acusado de enviar drones no tripulados que atentaron contra la vida de Maduro en 2018 durante un acto militar en Caracas.
NO HAY DUDAS SOBRE LOS IMPLICADOS
“Quien tenga alguna duda de que el Gobierno neogranadino está vinculado a estas acciones sólo tiene que recordar cómo estaban protegidos los mercenarios en ese país”, dijo Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, quien se preguntó quién financia a esta gente, y señaló que en la operación están involucrados Iván Duque, Goudreau, agentes de la DEA, y mercenarios ligados al narcotráfico.
No hay reservas en el apoyo oficial brindado por la Casa Blanca a la nueva fracasada intentona. El secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que había dado instrucciones a su equipo de elaborar planes para reabrir la embajada en Caracas, ya que el cambio de gobierno estaba cerca.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el pasado jueves para activar las unidades y miembros individuales de la reserva activa en el operativo antinarcótico con uno de sus epicentros en el mar Caribe, donde realiza operaciones el Comando Sur de su país, —dispuesto a entrar en Venezuela si triunfaba la operación Gedeón— cuando el gobierno venezolano le ha recordado que el mayor tránsito de drogas ocurre en la zona atlántica.
El asesor Elliot Abrams, afirmó, según su errada percepción, que el círculo de Maduro se ha ido reduciendo, y que muchos se acercaron a negociar con el gobierno estadounidense para acordar el plan de transición propuesto por el Departamento de Estado. Estas declaraciones sirvieron para que la oposición alineada con Juan Guaidó, anticipara (nuevamente) la pronta caída de Maduro y la consecuente formación de un gobierno de transición.
Como siempre que sus atentados contra Venezuela fracasan, el gobierno derechista de Trump quiso desmarcarse de la invasión perpetrada en lanchas rápidas, pues no hay consenso en Washington para realizar este tipo de maniobras mercenarias debido a la crisis en EE.UU. por la política errada para tratar la COVID-19, en tanto los medios publican duras críticas a las señales de guerra de la Casa Blanca, ya que no tendría apoyo interno en un año electoral.
Hasta un contrato firmó Guaidó con Goudreau, JJ Rendón, (publicista venezolano asesor de varios presidentes colombianos), y Sergio Vegara, del partido Voluntad Popular para ejecutar la reciente operación militar. Solo que Guaidó no cumplió, afirmó la periodista de derecha Patricia Poelo, retomando palabras del líder estadounidense de la acción.
En una publicación este domingo, Poelo publicó un documento firmado entre Guaidó y la contratista Silvercorp USA, para la ejecución de las acciones terroristas iniciadas este domingo. En el documento, difundido en la cuenta @FactoresdePoder en Twitter, se observan los términos de la asociación. El contrato es por 212 millones 900 000 dólares, con un primer pago de 50 millones de dólares, tomando como garantías el petróleo venezolano.
FIDELIDAD Y UNIÓN CÍVICA-MILITAR EN VENEZUELA
Un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) también denunció este lunes al que calificó de “un grupo de mercenarios terroristas” equipados con material de guerra, entre ellos un arsenal de fusiles de asalto, una pistola, cartuchos de diferentes calibres, dos ametralladoras y seis vehículos robados del parque de armas del Palacio Federal legislativo, tras la fallida intentona de golpe de Estado del 30 de abril de 2019 dirigido por Guaidó y el ahora asilado político opositor Leopoldo López.
En estos momentos hay movilizados más de 25 000 efectivos militares en Venezuela para la vigilancia del territorio nacional, por mar, aire y tierra.
La agencia de noticias AP publicó un reportaje de investigación sobre los últimos acontecimientos y aunque dijo no encontrar pruebas de la participación oficial de la administración Trump en el desmantelado plan, sí muestra el nivel de compromiso de asesores militares norteamericanos y el apoyo de la Casa Blanca a figuras recalcitrantes de la oposición, entre ellos Guaidó.
El intento contrarrevolucionario tenía todo para salir mal, pues el reportaje demuestra que el ex boina verde recibió a unos combatientes desesperados que acudieron en masa a campos de entrenamientos secretos en Colombia —luego abandonados a su suerte en medio de la pandemia por la COVID-19— en los que existía una planificación escasa, hombres mal entrenados sin posibilidades de vencer a las Fuerza Armada Nacional Bolivariana y disputas entre políticos opositores.
El ex miembro de las Fuerzas de Operaciones de la Marina de EE.UU, Ephraim Mattos, quien entrenó también a los “soldados”, confirmó que Goudreau era el jefe de las tropas.
El reportaje periodístico, con más de 30 fuentes directas, también demuestra que los dirigentes opositores conocían por anticipado de la intentona y se distanciaron entre ellos por la disputa del poder, luego del anunciado derrocamiento del gobierno revolucionario.
Uno de ellos es Hernán Alemán, legislador del Estado occidental de Zulia y uno de los pocos políticos que abrazó abiertamente la misión clandestina y lo declaró públicamente.
A través de un portavoz, Guaidó apoyó los comentarios hechos a los medios colombianos de que nunca firmó ningún contrato del tipo descrito por Alcalá, a quien dijo que no conoce. Rendón dijo que su trabajo para Guaidó es confidencial y que se le exigirá que niegue cualquier contrato, ya sea que exista o no.
Pero la fuente es Goudreau, entrevistado por Poleo este domingo para su canal de Youtube “Factores de Poder”. Allí el exsoldado afirmó que sí hubo un contrato, que él cumplió y recibió financiamiento de Colombia, pero que fue violado por los demás firmantes. En la entrevista mostró varias páginas del contrato, todas ellas con lo que parecen ser su firma y las de sus tres compinches.
La nueva y peligrosa contingencia concluyó —aunque siguen las investigaciones— con una nueva victoria para el proceso bolivariano en medio de las peores circunstancias económicas y sociales del país, ahora también golpeado por los bajos precios del petróleo.
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