La práctica africana de someter a exámenes la honradez institucional —principalmente en cuestiones de gobernanza— responde al temor de que múltiples casos de corrupción logren con fuerza insólita destrozar a algún Estado.
Uno de esos asuntos que actualmente ocupa la atención de la opinión pública continental es el del expresidente mauritano Mohamed Uld Abdelaziz, cuyo mandato se extendió del 2009 hasta el año pasado, cuando el general Mohamed Ould Ghazouani ganó las elecciones para la jefatura de Estado.
Ould Ghazouani, quien antes fue exministro de Defensa y exjefe del Ejército, se presentó a la consulta por el partido la Unión por la República (UPR), la agrupación mayoritaria en la Asamblea Nacional (Legislativo).
El Parlamento de Mauritania aprobó recientemente el establecimiento de una comisión que investigará presuntos casos de malversación ocurridos en la década pasada, cuando Uld Abdelaziz era la principal figura política del país y el responsable de la primera transición pacífica.
Según versiones de los medios de prensa, la comisión se remitirá al análisis de supuestas ilegalidades en los sectores de la construcción, la energía y otros, pero no tendrá la facultad de emitir condenas, aunque si podrá recomendar que se practiquen procedimientos judiciales.
Eso equivale a restringir la función jurídica del grupo, aunque a la vez refuerza su papel como actor institucional, lo cual se puede interpretar como un voto de confianza en el plano político para asumir una labor compleja en cuanto al control económico de las partidas financieras estatales.
La decisión del Legislativo sucede a las elecciones de junio pasado, a la cuales el entonces mandatario no se presentó a fin de respetar la Constitución, que solo permite el cumplimiento de dos mandatos consecutivos. Abdelaziz llegó al poder con un golpe Estado en 2008 y le eligieron presidente en los comicios de julio de 2009.
Conforme con su biografía oficial, el mandatario saliente se incorporó al Ejército en 1977; recibió formación militar en una academia marroquí y se le considera una pieza importante en la disolución de dos conspiraciones que intentaron perpetrar golpes de Estado en 2003 y 2004.
A su sucesor, Mohamed Ould Ghazouani, se le identifica como “el delfín”, pero se rumoró que el cambio de batón ocurrió en un ambiente de crisis política silenciosa, la cual cesó cuando el partido gobernante decidió respaldar al exjefe del Estado Mayor y exministro de Defensa frente a Abdelaziz.
La pesquisa prevista incluirá aspectos relacionados con medios para el desembolso de fondos procedentes de ingresos petroleros y la venta de propiedades estatales, así como la administración de una entidad benéfica asociada a las minas y sobre acuerdos vinculados con el alumbrado público solar.
También trascendieron aspectos puntuales sobre operaciones del muelle de contenedores que se halla en el puerto de Nouakchott, así como el pago de importaciones y exportaciones, todo lo cual constituye un rosario de sospechas que deberá evaluar la comisión, la cual al final presentará su informe al Parlamento.
Con ese documento concluido —tras su confección sobre la base de hechos probados—, la Asamblea procederá a la formación de un tribunal superior, el único con facultad para enjuiciar al presidente de la República si se le acusa de cometer alta traición.
Tras sus debates, los legisladores acordaron que el comité para investigar el caso lo formen nueve miembros: seis integrantes de la gobernante Unión por la República y tres correspondientes a Unión para la Democracia y el Progreso; el Tawassoul, la Unión de las Fuerzas Democráticas y de la Unión de Fuerzas del Progreso.
Los diputados otorgaron la jefatura del comité de investigación a Habib Brahim Diah, cabeza del grupo parlamentario de la Unión por la República, y ampliaron sobre el equipo de trabajo. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Hamadi Uld Emimo, dijo que el fin de todo eso es garantizar la rendición de cuentas en el país.
Al actual gobernante mauritano, el general Ould Ghazouani, le caracterizan como un hombre discreto del oriente del país, integrante de la comunidad de los Ideiboussat, así como le reconocen tener capacidad de diálogo y de hacer historia al margen de casos de corrupción o enriquecimiento ilegal, lo cual le aporta credibilidad política.
Es importante señalar lo muy significativo de que al nuevo jefe de Estado se le indique su “capacidad de diálogo”, que se plantea como una necesidad en el entramado sociocultural del país, donde algunos estudiosos se refieren a dos inclinaciones distintas, una proclive al enfoque árabe y otra no, lo que incide en la construcción nacional.
El periodista español José Naranjo apunta en El Pais.com que el nuevo gobernante es el facilitador de la gestión antiterrorista y de seguridad que llevaron a Mauritania de ser foco de inseguridad, con ataques a bases militares y asesinatos o secuestros de occidentales, a ser un país libre de atentados desde hace diez años.
La situación económica de Mauritania es la de un país pobre con riquezas como la pesca, aunque los caladeros en el océano Atlántico son explotados por flotas extranjeras. También se considera que existen posibilidades en la prospección petrolera en las aguas territoriales, pero aún la explotación del hidrocarburo no se materializó en su totalidad.
Algo llamativo de las trasnacionales que operan en el país es el caso de la Mauritania Iron Mining Company (Miferma), empresa controlada casi en su totalidad por capital extranjero, y a la cual Le Monde Diplomatique identificó hace mucho tiempo como un verdadero Estado dentro del Estado. Respecto a la explotación de las minas de hierro, los críticos opinan que tuvo más poder que el gobierno de Mauritania, cuando las extracciones representaban el 80 % de las exportaciones del país y empleaba el 25 % de la mano de obra nacional.
Pese a que es un país que sufrió varios golpes de Estado desde su emancipación, en los últimos dos años logró buenas cifras económicas, con un crecimiento del 3,5 %, aunque en su agenda de política nacional también sobresale la lucha contra la pobreza.
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