Minga indígena a las puertas de Bogotá

Este lunes se encuentra en Bogotá, la capital de Colombia, la minga indígena que pretende hablar, cara a cara, con el presidente Iván Duque sobre la carencia de derechos humanos, en especial el de la vida, en las zonas donde campean los grupos paramilitares que asesinan a diario, en absoluta impunidad, a campesinos, indígenas y antiguos guerrilleros.

En las primeras horas de este día no había una respuesta oficial sobre la eventual reunión con Duque, uno de los mayores saboteadores de la paz en un país desangrado durante mas de 50 años por una guerra civil, que dejó mas de 250 000 muertes y otros miles de desaparecidos, además de una fuerte inmigración interna o a países fronterizos.

La palabra minga (colectivo, reunión) procede del quechua mink´a. Es común en países de América Latina la formación de columnas de miles de personas que marchan en busca de respuestas oficiales a sus necesidades, como ahora, cuando Colombia enfrenta una violencia sin precedentes contra lideres sociales, defensores de la tierra, y desvinculados de disueltas fuerzas guerrilleras.

En medio de la pandemia de COVID-19 se realiza esta caminata de más de 6 000 personas, iniciada el pasado día 10, luego de que Duque ignorara la petición de analizar de manera conjunta la terrible situación en que sobreviven millares de colombianos.

Es un sacrificio enorme el de las mujeres y hombres caminantes en medio de la pandemia. Hasta el pasado día 16, el país suramericano se aproximaba a los 950 000 contagios y 28 616 fallecidos desde que se confirmó el primer caso el último 6 de marzo. Los departamentos más afectados son el de Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Santander e Huila, además de Bogotá.

Este es el panorama en que aparece la minga en el horizonte bogotano, pero con un estricto cumplimiento de medidas de bioseguridad para intentar protegerse del peligroso virus que asola al planeta.

Este es el segundo intento de la minga de hablar con Duque en las últimas semanas.

Las columnas humanas partieron del Cauca con destino a Cali y de inmediato allí presentaron sus exigencias al gobierno nacional. Los líderes de esta movilización a pie pensaban ser atendidos por el presidente durante la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena el pasado día 12, que el oficialismo festejó como la del descubrimiento de América por colonizadores españoles.

Ante preguntas de los medios de comunicación locales, los dirigentes de la minga informaron que intentan detener las masacres, asesinatos de líderes sociales, criminalización de la protesta social; por el territorio, la democracia y la paz. Tratar de salvar la vida y alcanzar el desarrollo territorial le serían propuestos al alto dignatario.
Pero como Duque los dejó esperando una vez aunque conocía el interés de las distintas organizaciones de llegar a determinados acuerdos, la decisión colectiva fue seguir hasta Bogotá y plantarse frente al Palacio de Nariño, la sede gubernamental.

“La vida no tiene precio, la vida no se negocia, la dignidad del pueblo no se negocia, el territorio no se negocia”, afirmó Ferney Quintero, consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ante la actitud indiferente del derechista mandatario.

José Daniel Gallego, delegado estudiantil a la Comisión de derechos humanos de la minga, recordó la “crisis social y humanitaria que se agudiza” en suelo colombiano y que no excluye al sector educativo.

Para Gallego, la mayoría de los colombianos creen en el valor de la vida y el fortalecimiento de la educación como derecho fundamental.

Duque, el mayor aliado de Estados Unidos (EE.UU.) en Latinoamérica y El Caribe, no se mostró interesado hasta ahora en comunicarse con los líderes de la llamada Colombia profunda, —donde operaba la guerrilla— y, por el contrario, tomó medidas coercitivas para tratar de quebrar la concentración pública.

El reconocido ahijado político del exmandatario Álvaro Uribe y principal promotor de la guerra multilateral de EE.UU. contra Venezuela ordenó el peligroso sobrevuelo de aeronaves de la fuerza pública sobre la marcha, que no se detuvo en momento alguno.
Las denuncias sobre los actos de provocación y de irrespeto fueron transmitidas por las redes sociales, en el interés de evitar otra matanza de civiles. Los líderes comunitarios solicitaron a las autoridades públicas que “no estigmaticen la minga con titulares, fotografías, comentarios, preguntas y estados formulados de manera tendenciosa en sus diferentes medios de comunicación, incluidas páginas y perfiles oficiales en redes sociales”.

El Ejecutivo nacional respondió a la petición con la militarización de las carreteras, lo cual refuerza la tesis del sentar el terror en la protesta pacífica.

Aunque trató de restarle importancia a la presencia militar, el general John Jairo Rojas, jefe del Comando Específico del Cauca, expresó que “Tenemos controlada toda la carretera Panamericana, tanto de la vía principal como de la alterna. Son 26 pelotones situados en los puntos críticos en compañía de la Policía Nacional”, precisó.

Ante la llegada inminente de la minga, una Comisión Senatorial pidió a Duque que escuche, al menos, sus peticiones.

La Comisión de paz y posconflicto del Senado hizo una propuesta formal de presencia del dignatario el pasado miércoles, dada la tensa situación socio-económica y asesinatos en el interior del país, donde los grupos irregulares han, incluso, ocupado los antiguos campamentos guerrilleros.

El copresidente de la comisión, Antonio Sanguino Páez, pidió la realización de una audiencia pública para “escuchar a la Minga Indígena, que ha sido estigmatizada e ignorada por el gobierno nacional”.

Precisó que “El objetivo de este colectivo es presentar sus demandas al más alto nivel oficial, y rechazar las masacres, asesinatos de líderes sociales, criminalización de la protesta social y defender el territorio, la vida, la paz y la democracia”.

También el Senado solicitó la presencia en la eventual reunión de los ministros de Interior, Defensa, la consejera presidencial de derechos humanos, el alto comisionado de paz, el procurador general, el fiscal general y el defensor del pueblo.

El eje central de la cita, si ocurre, es la defensa de la vida, propuesta por la minga debido a la creciente violación de los derechos humanos durante el actual mandato del partido Centro Democrático.

De acuerdo con el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ) este año fueron asesinados a mansalva 225 líderes sociales y 48 firmantes del Acuerdo de Paz suscrito en 2016 en La Habana entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el expresidente Juan Manuel Santos.

En ese mismo tiempo ocurrieron 67 masacres de civiles, con saldo de 267 fallecidos, incluso menores de edad, en los departamentos de Antioquia, Cauca y Nariño, los más afectados por mecanismos terroristas.

Según cifras oficiales, la Policía bogotana cometió 45 violaciones sexuales y 10 071 agresiones físicas entre 2019 y 2020.
Cómo finalizará esta movilización, nadie sabe, pero sí que es la continuidad de una lucha social de larga data.

En 2004, cerca de 40 000 indígenas se trasladaron desde La María Piendamó, en al Cauca, hasta la ciudad de Cali en rechazo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Un año después comenzó el llamado proceso de liberación de la madre tierra, en el que los pueblos indígenas recuperaron los terrenos usurpados por hacendados en el norte del departamento del Cauca.

En 2006 se realizó la Cumbre Nacional de Organizaciones Sociales por la Defensa de la Vida en el mismo lugar. Dos años después, las organizaciones indígenas impulsaron la Minga Social y Comunitaria, en la que cerca de 60 000 indígenas protagonizaron acciones de movilización mientras se dirigían hacia Bogotá. Esas jornadas se reactivaron en repetidas ocasiones como en 2015 y 2019 para tratar de llamar la atención de los restantes colombianos hacia la grave situación existente en el interior del país.

Mientras, Uribe fue liberado el pasado día 11 de la prisión domiciliaria que cumplía debido a acusaciones de manipulación de testigos que después declararon en su contra desde las prisiones en las que se encuentran, por lo cual su caso se soportaba en la Ley 600 del año 2000, que rige para juzgar a integrantes del Congreso.

El exmandatario, que renunció a su cargo de senador para evitar ser enjuiciado por el Consejo Superior de Justicia, intentó tergiversar las versiones de sus antiguos subordinados para que declararan contra el senador progresista Iván Cepeda. Empero, Cepeda corroboró el complot y se entrevistó con los presos, que ratificaron a Uribe como organizador del paramilitarismo cuando era gobernador de Antioquia.

La violencia actual es resultado, opinan analistas, del desinterés del actual régimen en cumplir los acuerdos de paz y el regreso al uribismo, una expresión política que indica la alianza entre la élite terrateniente y el poder narcotráfico-paramilitar.

Colombia fue estremecida por grandes protestas callejeras en noviembre de 2019 contra el régimen de Duque y sus métodos políticos a favor de la derecha regional y la implantación de un neoliberalismo extremo.