Movimientos de un títere

Ante una rebeldía popular incontrolable, con respuestas neofascistas, el presidente colombiano Iván Duque recibió consejos de sus aliados internacionales, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar de dilatar un proceso interno llamado a permanecer mientras, al menos, el Palacio de Nariño siga ocupado por el régimen actual..

Duque está desesperado desde que el pasado 25 de abril miles de personas tomaran las calles para exigir sus derechos civiles. El resultado fue la retirada de dos reformas neoliberales, dos ministros renunciantes y el de Defensa llevado a remoción en el Congreso Nacional, aunque salió airoso del paso oficialmente, pero no a lo interno y mucho menos con la población.

El ministro de Defensa, Diego Molano, señalado por la bancada opositora como responsable de la represión policial contra movilizaciones pacíficas, a pesar de los argumentos expuestos por testigos y víctimas de la violencia de la fuerza pública, ganó la moción con 31 votos a favor de la censura y 69 en contra, luego de discusiones el lunes y martes pasado.

Los puntos que le permitieron a Molano evitar la democión procedieron de los partidos conservadores Centro Democrático (oficialista), el Conservador, Cambio Radical, de Unidad Nacional (“la U”) y la mayoría del Liberal.

Al conocerse el resultado, el senador de Polo Democrático, Iván Cepeda, señaló que “Iván Duque y sus ministros pasarán a la historia como frustrados sepultureros de la paz y la débil democracia colombiana”.

Gobierno en busca de “consejos”

Visto en contexto, ese es el problema menor del llamado Duquesito. Hace unos días, en medio de denuncias de violaciones de derechos humanos, el dirigente argentino Juan Grabois, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular fue expulsado de Colombia sin siquiera salir del aeropuerto y sin que las autoridades le dieran razón alguna.

Grabois formaba parte de un grupo de 20 observadores independientes de las protestas, con fecha de retorno el próximo día 2.

Integrante de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, el activista argentino, muy cercano al papa Francisco, viajó a Bogotá invitado por varias organizaciones no gubernamentales. La actuación de las autoridades migratorias fue grabada mientras le impedían el ingreso.

Ismael Jalil, otro miembro del grupo, también estuvo a punto de no ser admitido al intentar defender a Grabois, quien finalmente fue deportado de regreso a Buenos Aires y de inmediato denunció lo que consideró “un atropello”.

Los 19 dirigentes sociales que lograron pasar tienen previsto asistir a protestas en diferentes ciudades, entrevistar a los manifestantes, reunirse con organizaciones locales y después realizar un informe.

Este jueves hubo una sorpresa. Luego de negarse de manera rotunda a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano adscripto a la OEA, visitara el país, este jueves el gobierno comunicó que será bienvenida. La CIDH es receptora de numerosas denuncias sobre la militarización de las protestas y los ataques sufridos por los manifestantes.

El giro era esperado por quienes consideraban que el encuentro en Washington de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Luisa Ramírez con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tendría consecuencias inmediatas. Duque y su séquito precisan recobrar alguna credibilidad en el ámbito internacional, donde es muy criticado por sus obtusas decisiones y su irrespeto por la población que lo eligió. Importantes bloques internacionales lo han puesto en la picota pública, entre ellos, la Unión Europea.

Con seguridad, el consejo del malandrín uruguayo al frente de la OEA fue que diera plena libertad a la CIDH, bajo su supervisión, con la certeza de que después los resultados le beneficiarían y las protestas tomarían otros matices, como la de fomentadoras del terrorismo. Al menos es lo que piensa Almagro.

En un comunicado, la CIDH se refirió al reporte de la Fiscalía que informa la muerte de 43 personas en el contexto de las protestas y el paro nacional, mientras organizaciones no gubernamentales, como Temblores e Indepaz, asumen el registro de 51 asesinados y 132 personas desaparecidas.

Además, otras 46 presentan heridas oculares, 22 fueron víctimas de agresión sexual y dos miembros de la fuerza pública fueron asesinados.
Se espera que este viernes, según agenda, la vicepresidenta se reúna con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien seguramente le dará las orientaciones precisas para salir del entuerto y algo más, ya que Colombia es considerado representante de los intereses de la Casa Blanca en América Latina.

En sus tres años de mandato, Duque ha cumplido con exactitud los planes elaborados por la administración del exmandatario Donald Trump en su guerra declarada contra Venezuela, al extremo de permitir el uso de su territorio para entrenamiento de mercenarios y puerto de salida para invadir al vecino país, además de los ataques a las fuerzas armadas en las zonas fronterizas.

El mandatario reconoció como legitima la autoproclamación presidencial del opositor Juan Guaidó, quien con sus fracasados planes lo ha puesto en ridículo. En sus acciones contra el presidente legítimo, Nicolás Maduro, puso a disposición de Guaidó al grupo narcotraficante Los Rastrojos, encargados, entre otras cosas, de facilitarle la entrada a Colombia..

La nación suramericana devino en una pieza clave en el tablero geopolítico latinoamericano. Cuenta en su territorio con siete bases militares norteamericanas de movilización rápida puestas a su disposición para aniquilar a las guerrillas que llevan décadas de lucha contra el sistema. Además de que pueden trasladarse en poco tiempo a cualquiera de los Estados colindantes, como Venezuela.

Una vez que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron el acuerdo de paz en 2016 con el expresidente Juan Manuel Santos, su sucesor permitió los asesinatos de los exguerrilleros y sus familiares. Solo este año los grupos paramilitares del narco-Estado asesinaron a 31 firmantes de la paz, y más de 130 activistas políticos. Cada 48 horas hay por lo menos una masacre de civiles en la tierra colombiana.

Nuevo negociador

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila es el nuevo coordinador del equipo del gobierno para avanzar en un proceso que permita una negociación con el Comité Nacional del Paro (CNP) en procura de poner fin a las protestas, que ya cumplieron un mes.
Archila asume luego de que el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, renunciara a su cargo, bajo el alegato de “problemas personales”. Sin embargo, su dejación responde, indican medios de prensa, a que no logró entenderse con los dirigentes del CNP.

El funcionario aseguró este miércoles que trabajará para que avancen acuerdos que beneficien al país.
Fabio Arias, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (integrante del CNP) calificó de “significativo” que el Gobierno haya designado para liderar la negociación a alguien “que ha estado sentado con nosotros y que ya conoce el proceso”.

Hasta ahora, aunque hubo varias reuniones entre el gobierno y el Comité, solo se tomaron algunos preacuerdos a la firma de Duque para instalar después. Si esto se logra, celebrarán reuniones conjuntas en una mesa de negociaciones.
Una de las primeras demandas de los movilizados es que el régimen detenga la represión a los manifestantes por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, perteneciente a la Policía), y cese la militarización de protestas pacificas.

El Comité planteó que antes de negociar se debían resolver dos aspectos: garantías para la protesta y garantías para la mesa de negociación, para lo cual expusieron 19 puntos.

El periódico El tiempo aseguró que desde el gobierno se va a insistir en que es necesario que el CNP levante todos los bloqueos que mantienen paralizadas las carreteras del país.

Archila no la tiene fácil, porque el gobierno, además de lo que está sucediendo, culpa a Venezuela, y hasta se atrevió a mencionar a Rusia, como ejes de un complot contra el régimen que, en soledad, fomenta su deceso. Las cancillerías de Venezuela y de Rusia negaron cualquier participación en la crisis interna del país suramericano, la cual tiene sus raíces en el neoliberalismo imperante, la poca atención a la COVID-19, la mentalidad imperialista y la poca inteligencia manifiesta de su gobernante.

Será difícil convencer al CNP del ascenso del mayor Jorge Luis Vargas, comandante de la Policía, al grado de general, cuando es acusado en las movilizaciones, junto a Solano, de los ataques contra los demandantes.
Congresistas de la oposición y organizaciones sociales rechazaron en un tuitazo este jueves la nueva designación, ya que Vargas y su cuerpo de represión operan con una ferocidad exultante, como el uso indiscriminado del arma Venom —capaz de lanzar en pocos segundos varias granadas de gas y de aturdimiento—, tiroteos contra personas desarmadas, uso de los ojos como centro de tiro, camiones lanza aguas, ultrajes, violaciones, detenciones arbitrarias y desapariciones.

El epicentro de los reclamos es Cali, capital de Valle del Cauca, donde son consecutivos los homicidios contra civiles, pero las demandas abarcan el país de un extremo a otro con diversos reclamos, aunque se impone la voz de “cambio”. El derrumbe de las reformas tributaria y la de salud se convirtieron en un primer paso para montar una reestructuración nacional.