Paro nacional en Colombia desde el próximo día 25

Ante la falta de voluntad política del derechista presidente Iván Duque para darle solución a los graves problemas internos de Colombia, las organizaciones sindicales, sociales, populares y políticas de ese país expresarán su rechazo al gobierno con el inicio de un paro nacional el próximo día 25.

Así lo comunicó un documento publicado tras una reciente plenaria de más de 40 líderes de esas agrupaciones, que destacaron los niveles de lucha y la capacidad de resistencia de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. “Esos pueblos —dijo— protagonizaron la reciente minga (palabra quechua que significa unidad) social”, que durante 27 días cerró la Vía Panamericana, por donde circula gran parte de la economía transportada en Suramérica.

Los últimos días fueron muy tensos en Colombia, ya que la minga social donde participaron más de 25 000 personas no pudo reunirse con Duque en el Cauca, debido a los temores del líder derechista —el principal aliado de Estados Unidos en América Latina— “ante la falta de seguridad”, al exigir los movilizados una reunión abierta en una plaza donde diera respuestas a los planteamientos de una masa agobiada por su situación económica y social.

Serían cinco los puntos de la agenda: Defensa de la vida, la paz y los derechos humanos; defensa de los territorios; defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; acuerdos incumplidos con e Movimiento Social Colombiano; y Posicionamiento político y exigibilidad frente al Plan de Desarrollo de 2018-2022.

El mandatario viajó hasta un punto cercano donde lo esperaban los comuneros, burlando las órdenes de su poderoso padrino político, el ultraderechista Álvaro Uribe, quien se negó públicamente a que el régimen dialogara y diera respuesta a los planteamientos de la minga. En su cuenta en Twitter, el expresidente Uribe, considerado el padre del paramilitarismo en el país, calificó los movimientos de “terroristas” y justificó una eventual “masacre” contra la protesta.

La respuesta no se hizo esperar. El consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Neis Oliverio Lame, le respondió a Uribe, según la revista Semana: “Le diría al senador que deje el odio, que contribuya a construir el país, que entienda que Colombia es pluriétnica”.

Para la sociedad colombiana y para los partidos políticos movilizados a favor del diálogo resultó un alivio que el presidente reconociera la necesidad de negociar con los movimientos sociales sobre temas candentes.

En declaraciones públicas, el abogado y defensor de los derechos humanos, Alirio Uribe, expresó que la protesta en el Cauca y otros departamentos está en los 500 años de exclusión y genocidio contra los pueblos indígenas. “¡Qué les restituyan sus tierras robadas y saqueadas por terratenientes!”, exigió el jurista colombiano.

Ante los temores de Duque, finalmente, tres delegados del oficialismo y tres de la minga acordaron levantar el bloqueo de la Panamericana y volverse a reunir entre abril y mayo para darle seguimiento al compromiso del gobierno de invertir 823 000 millones de pesos para el CRIC, dinero destinado a los campesinos, sus planes de vivienda, tierras nuevas, vialidad, y mecanismos de protección, reparación, y restitución para las víctimas de los aparatos represivos oficiales, además de que se reactiven la mesa campesina y la mesa de diálogo con las comunidades afro del norte del Cauca, según informaron medios de prensa colombianos.

A pesar de que alcanzaran un pacto, para la minga en que participaron mujeres y hombres del Cauca, Antioquia, Tolima, Chocó, Huila, Nariño, Amazonía y Valle, fue decepcionante la actitud del jefe de gobierno, ya que —asumieron en una declaración— Duque estaba seguro, según ellos, mientras que las fuerzas represivas de su gobierno asesinaron a ocho indígenas e hirieron de gravedad a otros cuatro cuando arremetieron contra la manifestación el pasado 21 de marzo en el Valle del Cauca.

En ese sentido, Armando Valbuena, vocero de la Organización Indígena Nacional de Colombia (ONIC), manifestó que “en este país se camina hacia el autoritarismo y la dictadura presidencial. Este presidente (…) hoy jugó a ser víctima y sencillamente se retiró del espacio de debate público al cual se había comprometido en días anteriores”.

Algunos analistas, como Hernán Vázquez, de El Tiempo, declararon que a Duque no le quedó otra alternativa que viajar al Cauca, luego de las presiones ejercidas por los empresarios de esa región y de varias localidades donde estaba cerrado el paso vehicular de la principal carretera de la región sureña.

Tal fue la desesperación de esos grupos en Popayán, la capital estadual, que según la publicación, un concejal de la ultraderecha pagó a emigrantes venezolanos para que apedrearan la sede del CRIC, con el saldo de varios heridos y el aviso de la minga de tomarse la ciudad colonial si no frenaban la violencia.

¿QUÉ BUSCA EL PARO NACIONAL?

Los organizadores del paro nacional plantearon como tarea principal y prioritaria la preparación y participación en el Refugio Humanitario por la Vida de los y las líderes sociales, cuya sede será Bogotá, la capital, del 28 de abril al 3 de mayo. Unas 3000 víctimas de la represión se reunirán en la Plaza de Bolívar para denunciar la ausencia de garantías de los sectores populares, las restricciones a la movilización y la protesta social ante el cuerpo diplomático y embajadas acreditadas en Colombia.

También en la jornada de movilizaciones hasta mayo, la sociedad civil colombiana y sus representantes de base se plantean fortalecer la iniciativa política y exaltar la resistencia popular, no solo para resolver, plantea el comunicado, “nuestras necesidades y reivindicaciones inmediatas”. Se trata, agrega, de dar un salto cualitativo en perspectiva de la unidad estratégica desde el campo popular para ser alternativa del actual poder político.

Otro de los objetivos del llamado Paro Nacional de Todo el Pueblo Colombiano será visibilizar aún más la lucha en contra del plan nacional de desarrollo del gobierno nacional, y en defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz con justicia social.

También entre las demandas populares está la desaparición del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Colombiana, un aparato represivo que seguramente enfrentará la paralización nacional que incluye bloqueo de carreteras, huelgas laborales, plantones, marchas campesinas y despliegue en las redes sociales y medios alternativos de comunicación.

EL ASESINATO DE SAMUEL

Colombia vive una época de terror a partir del crecimiento de los grupos paramilitares en los dos últimos años. Hasta el 10 de enero 2019 eran 566 los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados desde 2016, indica el Indepaz.

Después de la fallida búsqueda de diálogo en el Cauca —uno de los más grandes de los 32 departamentos colombianos—, un acontecimiento estremeció a la ciudadanía: el asesinato a manos de sicarios del niño Samuel González Pushaina, de solo siete meses de nacido, y graves heridas a sus padres, indígenas wüya, los dos exmiembros de una desaparecida formación guerrillera.

El fallecimiento del pequeño baleado trajo a la luz nuevamente las amenazas del llamado Bloque Sur de las Águilas Negras, en la zona del Cauca, que plantean realizar una “limpieza social” si los habitantes de esa región permanecen en sus tierras ancestrales.

Durante los 27 días de la minga, los dirigentes recibieron intimidaciones, mediante panfletos y llamadas telefónicas. Ese grupo pone precio a líderes del CRIC y de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, a los que califica —según mostró un movilizado a la prensa— de “ratas que desangran al país”. De tal magnitud es la discriminación que sufren los pobres en esa nación suramericana, la mayor productora de drogas de América Latina.

Detrás de los asesinatos están los intereses de las grandes empresas con proyectos extractivos en minerías en cielo abierto en lugares donde residen las comunidades ancestrales. Esas compañías contratan a paramilitares y narcotraficantes para que hagan el “trabajo sucio”, el cual causa además el desplazamiento de las poblaciones aterrorizadas.

Para defenderse, los pueblos nasa del Cauca, miembros del CRIC, formaron la estructura de autodefensa para proteger sus territorios. Llamados Guerreros Milenarios, esa guardia indígena recibió el Premio Nacional de Paz y reconocimientos por el cuidado del medio ambiente. Varios de sus miembros fueron nombrados Maestros en sabiduría por la Unesco.

La economía del Cauca se asienta en la producción agrícola, la ganadería y sus derivaciones de productos cárnicos y lácteos. Es también una de las mayores reservas forestales de Colombia, mientras en la región del río Naya hay grandes reservas de oro explotadas ilegalmente por bandas criminales que dominan esa zona. Existen yacimientos petrolíferos en la Bota Caucana. Es también uno de los departamentos donde se encuentran los mayores sembrados ilegales de coca, materia prima para la producción de cocaína.