Piñera en incómoda posición (final)

El presidente chileno, Sebastián Piñera, tuvo que reconocer, aunque le pesara, que los progresistas habían obtenido la mayoría en la Convención Constituyente de 155 miembros, encargados de redactar una nueva Constitución Nacional.

En su opinión, “ni el gobierno ni los partidos tradicionales están sintonizando adecuadamente con las demandas y anhelos de la ciudadanía”.

La cucharada amarga no terminó con el resultado de las megaelecciones de mayo pasado, en que la izquierda y los independientes habían ganado, sin fanfarrias ni gastos desbocados en campañas.

También 13 de las 16 gobernaciones regionales (sustitución de intendentes nombrados por la presidencia) debieron ir a balotaje en votación directa de la ciudadanía. Por primera vez, la responsabilidad del resultado electoral quedó en manos del pueblo.

El oficialismo solo ganó tres y el resto serían ocupadas por figuras de la Unidad Constituyente, una alianza de centro-izquierda que ya plantea presentarse en las próximas presidenciales del 21 de noviembre.

En un principio, la de gobernadores puede parecer una elección de interés local. Pero lo cierto es que la contienda fue observada de cerca por analistas y expertos, pues sus resultados pueden incidir fuertemente en el futuro político del país suramericano.

En los megacomicios cambió el mapa geopolítico chileno, al ser derrotados los bloques de derecha y de centroizquierda que gobernaron Chile en los últimos 30 años.

Todo indica que los cambios continuarán en las elecciones generales del 21 de noviembre próximo, en las que se elegirán, además del presidente y su vice, a los parlamentarios y consejeros regionales. Si hay segunda vuelta será el domingo 19 de diciembre. Las primarias presidenciales oficiales se realizarán el próximo 18 de julio para esos cargos

• Consulte además: Piñera en incómoda posición (Parte I)

LA DEMAGOGIA PERSONALIZADA

El mandatario tiene una comentada facultad de tratar de quedar bien con las partes interesadas en determinada situación. O sea, es un demagogo.

En marzo último, el régimen conservador volvió a encontrarse en una situación incómoda cuando, ante la tensa situación económica de las familias, las organizaciones populares iniciaron un pulseo para que el oficialismo permitiera una tercera ronda de retiro de fondos (10 %) de la jubilación acumulada.

Piñera y los partidos de derecha estaban en contra de entregar más dinero —que pagan durante su vida— a los trabajadores. Las empresas privadas de las Administraciones de Fondo de Pensiones (AFP) manejan y usan las recaudaciones para sus propias inversiones en otros negocios.

En ese contexto, opositores al gobierno realizaron numerosos actos de protesta en importantes ciudades —Santiago, Viña del Mar, Valparaíso entre otras— tras la presentación del requerimiento a la Corte para frenar el retiro.

Las redes sociales tuvieron un rol fundamental en el cacerolazo masivo contra la maniobra gubernamental, que se mantuvo varias semanas.

Pese al toque de queda que rige en el país debido a la pandemia (decretado entre las 21:00 y las 05:00 (hora local), en algunas zonas de la capital chilena se produjeron cortes de rutas y la instalación de barricadas (algunas de ellas, incendiarias) durante la noche.

El comandante del Cuerpo de Carabineros (policía) en la zona oeste de la región metropolitana, general Jean Camus, reportó que manifestantes habían lanzado objetos contundentes a una subcomisaría en el área de Los Presidentes, comuna de Peñalolén, e igual en la de Maipú.

Según medios locales, Carabineros empleó carros hidrantes para dispersar a los manifestantes. En un parte informativo preliminar, esa fuerza informó que seis personas quedaron detenidas.

Además de la movilización social, políticos y legisladores de diversas ideologías indicaron entonces que estudiaban la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el dignatario.

Luego de convencerse que oponerse a la entrega del fondo era batalla perdida, Piñera felicitó a la Corte por su decisión y juró que “solo cumplo con mi deber de que todo se haga en orden y democráticamente”.

Diputados de izquierda alegaron que la entrega de los fondos era necesario porque los 18 000 000 de dólares anunciados por el Ejecutivo para ayudas sociales eran insuficientes y “no están llegando a la población”, que atraviesa graves apuros económicos debido a las medidas de confinamiento.

SINSABORES QUE NO ACABAN

En medio de la tensión causada por el mal manejo de la COVID-19 y las protestas populares, los malos momentos no acabaron para el presidente.

El ex juez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), solicitaron este mes a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue, acuse e inicie un juicio a Piñera.

Aunque quizás la petición no prospere, las personas y organismos involucrados en un eventual proceso acusan al mandatario, sus colaboradores civiles, militares y policiales “por crímenes de lesa humanidad” cometidos de manera generalizada desde octubre de 2019.

En una solicitud enviada a la fiscal general de la CPI, la abogada Fatou Bensouda, los promovedores de la causa sostienen que “los hechos acontecidos tras el estallido social (de ese año) revisten categoría (…) de crímenes de lesa humanidad”.

En su acusación, también quieren “poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile” donde, según afirman, se cerraron 3050 causas por violencia institucional asociadas al estallido social.

La argumentación precisa que la CPI debe intervenir en Chile debido a que en ese país de Suramérica esos casos criminales son considerados delitos comunes, de una manera errónea y deliberada.

El texto agrega que con ello se procura “sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y (…) preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”.

Denuncia, además, que los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley.

Solo resta observar cómo sigue su camino esta acusación y la reacción del jefe del gobierno.

UNA DE LAS ÚLTIMAS DEL PRESIDENTE

Piñera, un reconocido conservador autodenominado pragmático, lanzó la bola y desató desconcierto hasta en las filas de la derecha, cuando afirmó que priorizará el matrimonio igualitario, cuya decisión anda dando vueltas desde 2014 durante el gobierno de Bachelet.

Chile en su conjunto quedó atónito con las declaraciones del presidente, ya que dio un giro de 180 grados respecto al tema, pues hasta ahora puso trabas a la unión oficial entre personas del mismo sexo.

“Ha llegado el momento del matrimonio igualitario”, refirió, con lo que trazó una línea de soledad política incluso con sus partidarios.

Sus declaraciones causaron indignación en la coalición oficialista Chile Vamos, en tanto levantó recelos en la oposición que piensa en una estrategia comunicacional del mandatario para ganar apoyos en ciertos sectores.

En ese sentido, el senador Manuel José Ossandón, de Renovación Nacional, dijo que “Piñera tiró una bombita para zafar de los otros temas, entre ellos la responsabilidad que tiene por no escuchar a nadie, ni negociado con nadie, y buscar una solución para enfrentar la pandemia de la COVID-19”.

Analistas de medios internacionales calculan que, aunque la unión civil igualitaria es importante para mucha gente, no es el tema prioritario de hoy en Chile, y el giro presidencial es solo una bomba de humo para esconder sus muchos fracasos.

Tan callada y de último momento fue la decisión presidencial, que el vocero del gobierno, Jaime Bellolio, admitió que solo se enteró minutos antes de que comenzara la cuenta pública a la nación.

Del desconcierto derechista también da cuenta la vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, quien dijo en declaraciones a Chilevisión: “los electores que votaron por nosotros ahora no saben qué esperar”.

Hoffmann aseguró que Piñera dio un guiño de apoyo a Sebastián Sichel, el candidato de Chile Vamos y del gran empresariado, que defiende la libertad sexual, en detrimento de otros aspirantes, como Joaquín Lavín, el hasta ahora mejor valorado por la derecha.

Un revuelo de altas dimensiones causaron las palabras de Piñera en el sector religioso, ya que los evangélicos catalogaron sus palabras de traición, mientras la Iglesia Católica reiteró que la única unión posible es la de una mujer y un hombre.

Mientras, el 74 % de los chilenos apoyan la causa de la comunidad LGTBI, y el 65 % defiende la adopción homoparental, según la encuesta realizada por la empresa Plaza Pública Cadem.

La investigación ocurrió horas después de las palabras del presidente, ahora más solo que nunca. Envuelto en problemas, se buscó otro, y bastante grande, en víspera de elecciones.