Chile es uno de los países más golpeados por la COVID-19 en América Latina debido a una mala gestión del gobierno nacional, que ahora busca vías de escape institucionales para salir del actual atolladero sociopolítico y económico del cual le será difícil escapar con dignidad.
El presidente Sebastián Piñera, con una zaga de baja popularidad, ha cambiado su gabinete tres veces en menos de diez días. Quedaron relevados en sus cargos la ministra de la Mujer, Desarrollo Social, Vivienda y la secretaría General de la Presidencia.
El mandatario se negaba a sustituir a su amigo, el ministro de salud Jaime Mañalich (con igual cargo durante el primer mandato de Piñera entre el 2010 y el 2014), sin embargo, el hombre que intentó contener la pandemia sin seguir las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo también que hacer maletas, pues la nación andina posee más de 220 628 contagiados y 3615 fallecidos —hasta el pasado día 17— y un sistema de salud colapsado. Ocupa el noveno lugar de la pandemia en la región latinoamericana.
Para defender a Mañalich, el gobierno neoliberal quiso culpar a la población, con el apoyo de medios de comunicación hegemónicos, del fracaso estrepitoso de las estrategias de contención de la enfermedad. Para los burgueses oficialistas, las personas debían permanecer en confinamiento sin pensar que para hacerlo precisaban de medios para subsistir.
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En su particular visión de los acontecimientos, el empresariado indicó “la irresponsabilidad, terquedad, obstinación y lo poco empática” de la ciudadanía. Las cuarentenas parciales dictadas por el régimen de Santiago eran imposibles de cumplir, pues el 38 % de los asalariados carecen de contrato laboral, o sea, viven de trabajos informales. El 50 % de quienes poseen una plaza fija gana menos de 500 dólares americanos al mes, por lo que realiza otros empleos precarios, precisó la Fundación Sol.
A este desalentador panorama, siempre según la Fundación, se une que de los 18 000 000 de habitantes registrados en el país, 11 500 000 están endeudados. De ahí que esté ausente la necesaria empatía entre gobernantes y gobernados. A una minoritaria franja de millonarios chilenos que poseen el poder, se enfrenta otra que tiene como premisa la subsistencia.
Aun en medio de las amenazas oficiales y las golpizas de Carabineros, una parte de los habitantes de Chile enfrentaron en los últimos días las necesidades de los barrios más pobres y repartieron comida en las llamadas ollas populares. Varias protestas públicas en el sur capitalino exigieron a Piñera un plan que asuma la sobrevivencia de los más vulnerables de una nación que él catalogó, meses atrás, como un oasis en medio de los problemas estructurales de América Latina. Un paraíso artificial en el que 230 000 niños de entre 5 y 17 años trabajan este 2020, luego de dos años de absolutismo neoliberal.
Para psicólogos del Colectivo de Acción Social Periferias “…la clase política, las autoridades y la institucionalidad gobernante, en general, representan el principal agente de propagación de la pandemia de la COVID-19. Esto, pues son ellos quienes no son garantía de confiabilidad (…). Por el contrario, son agentes propagadores de inestabilidad objetiva y subjetiva; sostienen un modelo que socializa pobreza y marginación, y además promueven desesperanza, desconfianza e inseguridad a la mayor parte de la población”, según aseguraron a medios internacionales.
PIÑERA LOGRA SU ENDEBLE ACUERDO
Para Piñera, empresario multimillonario que ejerce su segundo mandato presidencial, la única manera de combatir la COVID-19 “…es enfrentarla con unidad, colaboración, buena voluntad, diálogos y acuerdos”, lo que hasta el momento no surtió el efecto esperado.
Luego de la sustitución de Mañalich —quien hasta entregó datos falsos a la OMS con un evidente desfase de cifras y en tres ocasiones cambió la metodología de conteo— llegó al ministerio de salud Enrique Paris, expresidente en dos ocasiones del Colegio Médico de Chile y de quien el dignatario aseguró que “es una figura con una larga, valiosa y reconocida trayectoria”.
Paris empezó con buen pie. La presidenta del Colegio Médico Izkia Siches puso a su disposición al ente de salud pues el desafío que enfrentará es cambiar de manera profunda, de acuerdo con la realidad socioeconómica, la estrategia sanitaria y medidas concretas para cortar la cadena de transmisión.
El cambio de ministros constituyó un guiño del presidente a la débil oposición chilena y a la adormecida izquierda, para que aprobaran en el Parlamento un multimillonario acuerdo que pretende, dijo, levantar una economía mellada. La coalición gubernamental de derechas carece de mayoría legislativa.
Una vez alcanzado el pacto, en cadena nacional de radio y televisión, un sonriente Piñera —famoso porque no pierde su compostura— anunció la creación de un fondo extraordinario de 12 000 millones de dólares para financiar durante los dos próximos años las medidas necesarias para enfrentar la pandemia.
Mencionó, entre otros propósitos —habría que comprobar la ruta de ese dinero— un fortalecimiento del Ingreso Familiar de Emergencia para complementar los ingresos de todas las familias que lo necesiten.
No obstante, hace pocas semanas el gobierno fracasó de manera estrepitosa cuando prometió la entrega de 2,5 millones de cajas con alimentos destinados a los más necesitados, que llegaron pero no alcanzaron y de ahí la acción popular de fomentar las ollas populares ante la incapacidad institucional.
En opinión del jefe de Estado, se abre un nuevo capítulo en el diálogo de su ejecutivo con otras fuerzas políticas —salvo el Partido Comunista que no quiso formar parte de la nueva maniobra— y repartió, en palabras, importantes cifras para proteger los intereses de los perjudicados —vaya paradoja— por su política neoliberal.
Pero el acuerdo no menciona el impuesto a la riqueza, que debería ser la primera medida urgente a tomar, y fue suplantado con recursos del Estado.
Mientras el presidente lucha por mantenerse a flote —poco antes de que la pandemia entrara al país en marzo pasado solo tenía un 6% de popularidad—, grandes empresas aumentan sus ganancias gracias a la pandemia y a la crisis económico-social.
Economistas que analizan la situación chilena afirman que los 21 bancos que operan en el angosto país suramericano ganaron 2403 millones de dólares en 2019, mientras un estallido social el pasado octubre exigía la renuncia del presidente y una nueva Constitución Nacional que dejara atrás las estructuras políticas, sociales y económicas implantadas por el dictador Augusto Pinochet.
Las Administradoras Generales de Fondos (AGF) obtuvieron 38 369 millones de dólares en el primer trimestre de este año, mientras las compañías generales ganaron 15 603 000 en el mismo tiempo.
Mientras la mayoría de los chilenos se mueve en un rango de pobreza, los 10 multimillonarios más importantes acumulan una fortuna de 36 200 000 de dólares. A la cabeza está el grupo Luksic con 15 400 000000. Piñera atesora 2 800 000.
Ninguna de estas figuras, a quienes evidentemente les sobra el dinero, se les ha ocurrido una donación de sus fortunas a los fondos de emergencia que requiere el país. O ¿por qué al menos no aceptan un impuesto a la riqueza que empareje la cancha de los tributos?
Aunque el acuerdo de los distintos partidos con Piñera parece que cambiará la situación de la población humilde ante los destrozos de la COVID-19, un primer estudio cuantitativo de opinión del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (GELAG) en Chile revela las perspectivas de la ciudadanía, el pasado mes, en torno a la situación política y social del país.
Realizado entre el 6 y el 24 de mayo en las 16 regiones del país y las 53 comunas, la investigación arrojó, entre otros resultados, que 7 de cada 10 chilenos evalúan negativamente la gestión oficial frente a la crisis del coronavirus.
Tres de cada cuatro encuestados reconoce que ha perdido parcial —50 %— o totalmente —23,9 %— sus ingresos. A pesar de esta caída, una abrumadora mayoría de tres de cada cuatro personas no está de acuerdo en que se retome la actividad normal para beneficiar la economía.
Casi la mitad del país, un 48 %, vive la actual situación con “incertidumbre”. En la otra mitad predominan las sensaciones negativas como la angustia (25 %) o el enojo (7 %). Los sentimientos positivos, como la esperanza (10 %) o la confianza (4 %) son claramente minoritarios.
La efervescencia social que vive el país desde el pasado mes de octubre también se refleja en el estudio. Seis de cada diez encuestados está de acuerdo con que Chile está viviendo una transformación política y una gran mayoría de 9 de cada 10 apuesta por un cambio constitucional. De estos, el 55 % cree que debería promulgarse una nueva Constitución, mientras que el 36 % aboga por cambios en la actual Carta Magna.
El CELAG asegura en sus cifras que un 73 % señala que es indispensable cambiar el modelo económico actual.
Así navega Chile, en este confuso mar en que todo está por verse. Si el famoso acuerdo tiene en realidad un respaldo estatal perdurable, si la pandemia será controlada, si a pesar de la represión seguirá la exigencia de una nueva Carta Magna. Todo está en la incertidumbre de una población quizás demasiado crédula cuando le dieron su voto. O, lo más probable, porque la izquierda chilena, siempre dividida, no tuvo un candidato capaz de vencer a las huestes derechistas.
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