¿Qué pasará en Haití el próximo domingo?

El sufrido pueblo de Haití y sus organizaciones y partidos opositores lo dejaron claro: el presidente Jovenel Moïse debe dejar el gobierno el próximo domingo 7 cuando acaba su mandato, pero el llamado “muchacho de los plátanos”, en la práctica un exitoso empresario agrícola, afirmó que seguirá en el gobierno hasta 2022 tras elecciones generales.

Mientras, la violencia generada por seguidores del mandatario, incluidos secuestros hasta de personas pobres, recorre las calles del país más miserable de América Latina y El Caribe.

La postura de Moïse, (Trou-du-Nord, 26 de junio de 1968) del derechista Partido Haitiano Tèt Kale , quiebra el orden constitucional de la pequeña nación caribeña, que ocupa la parte oriental de la isla La Española, mientras en el Este se sitúa la República Dominicana, receptora de quienes huyen de la miseria y la muerte.

El pasado lunes y martes Haití, con 11 123176 de habitantes, quedó paralizada para exigir que se cumpla la Constitución Nacional, la cual dicta que el 7 de febrero termina un período gubernamental, luego de la celebración de comicios presidenciales, a las cuales está negado el sustituto de Michel Martelly.

El transporte privado y público fue fluido en las principales arterias de Puerto Príncipe este miércoles, luego del paro de inicios de esta semana. Sin embargo, aún no se normalizaron las actividades económicas y comerciales, y muchas escuelas permanecen cerradas, luego del anuncio de la continuidad de las movilizaciones.

La huelga general de 48 horas demostró que la población decidió terminar la situación actual, afirmó el líder gremial Duclos Bénissoit a una emisora radial local.
Los sindicalistas calificaron de exitoso el movimiento que reclamó al gobierno compensar a las víctimas de la criminalidad y formular estrategias para contener la crisis sistémica. Además, subrayaron que no se registró ningún caso de secuestro durante las jornadas.

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El coordinador del Movimiento Unificado de Transportistas Haitianos también exigió al gobierno devolver los derechos a la alimentación, electricidad, libertad de expresión y de desplazamiento, y rechazó la invitación del primer ministro para entablar un diálogo que permita encontrar respuestas adecuadas a la inseguridad, un fenómeno que se agravó desde mediados del año pasado.

Una de las acusaciones contra Moïse es la formación de un aparato de inteligencia a finales del pasado año, lo que algunos observadores califican de dictadura.

Son dos decretos. Uno para el “fortalecimiento de la seguridad pública”, y otro para la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la que otorga a los agentes de esta institución inmunidad cuasi legal.

La adopción de esas medidas permiten abusos contra la ciudadanía y extiende la calificación de “acto terrorista” de manera indiscriminada, en tanto prevé penas muy severas de 30 a 50 años de prisión para sus enemigos políticos.

Para el Sector Democrático y Popular, una de las plataformas opositoras al gobierno, las nuevas disposiciones tienen como objetivo instaurar una dictadura al estilo de François y Jean-Claude Duvalier, quienes gobernaron el país de 1957 a 1986 con mano de hierro.

TENSA CALMA

A pesar de la tensa calma, el país está sumido en la incertidumbre, mientras se afianza una disputa constitucional y los líderes de la oposición presionan al jefe de Estado para que ceda el mando este fin de semana.

La Iglesia Católica dio la espalda al mandatario y lo invitó a respetar la constitución, una postura que antes fijara el sector protestante, la Federación de Colegios de Abogados y agrupaciones de distintas ideologías.

Moïse, por su parte, dijo el lunes pasado que mantendrá su puesto hasta 2022 e impulsa, en ese contexto, un calendario electoral y la modificación de la carta magna vigente, para favorecer sus planes.

Aunque con las actividades laborales y sociales detenidas por decisión de los principales sindicatos, el pueblo se lanzó a las calles para denunciar al mundo el clima de inseguridad, violencia y actuación de bandas de delincuentes y grupos paramilitares.

Según la agencia de noticias Prensa Latina, que cita a organizaciones de derechos humanos, al menos mil personas resultaron secuestradas en 2020.

A fines de ese año, la embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en Puerto Príncipe instó a sus ciudadanos a no moverse de sus hogares, salvo en casos especiales, para evitar la actuación de los delincuentes.

En un mensaje a la nación emitido el 1 de febrero, Moïse, anunció que combatirá los secuestros con “dureza” y agregó que dotará al sistema de inteligencia haitiano de “toda la tecnología para acabar” con el flagelo.

MOÏSE SE REHUSA A ABANDONAR EL GOBIERNO

Haití vive de nuevo momentos difíciles de una nueva crisis política propiciada por un sistema económico que enriquece a un pequeño grupo de familias, mientras el resto de la población es víctima del hambre, la desigualdad social y la criminalidad existente en ese país desde hace décadas.

A pesar de la calamidad social, Moïse realizó un flaco gobierno que mantuvo las estructuras neoliberales existentes en el oriente de la isla, donde, por ejemplo, no hay una estructura sanitaria que permita el combate al nuevo coronavirus.

Haití y su grave desigualdad social, junto a las malas gobernaciones sucesivas, enfrenta los resultados de su posición geográfica. En los últimos 12 años sufrió un terremoto que devastó el país, huracanes, lluvias, inundaciones. Los haitianos, sin ayuda oficial, resisten las calamidades, pero con disposición a cambiar el estado de calamidades políticas actuales.

Moïse, apadrinado en lo político por Martelly hasta situarlo en el máximo cargo institucional, se presentó a las presidenciales de 2015, anuladas por denuncias de fraude. La liza fue repetida en 2016. Luego el empresario comenzó su mandato en 2017, el argumento en que basa su negativa a dejar el cargo.

La oposición considera que él pretende burlar la Carta Magna, que reconoce el mandato de cinco años con término este fin de semana.

La crisis política en Haití crece como la cresta de una ola a partir de 2018 cuando hubo protestas en la mayoría de las ciudades por denuncias de corrupción en la entrega del petróleo donado por Venezuela para eludir el alto costo del combustible, mediante el programa económico Petrocaribe, impulsado por el fallecido mandatario Hugo Chávez.

El carburante, vendido por Caracas a bajísimos precios y sin intereses para mantener la vitalidad de las economías nacionales en el Caribe y Centroamérica y evitar los apagones a los ciudadanos, feneció cuando comenzaron las denuncias de corrupción y robo de activos por parte de funcionarios haitianos.

El presidente, según analistas, actualmente cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), EE.UU. y otros países, pero la Unión Europea condicionó las ayudas a los haitianos mientras activa mecanismos que garanticen estabilidad política.

Los principales partidos políticos opositores acordaron un período de transición tras la eventual salida del mandatario.

Medios de prensa haitianos indican que el acuerdo contempla la creación de una Comisión Nacional para el Establecimiento de la Transición (CNET), la cual debe elegir al presidente, el primer ministro y a los 14 integrantes del gabinete. En cuanto al jefe de Estado actual, sería sustituido por un juez de la Corte de Casación, que se designará de manera periódica.

Entre otras funciones, este órgano controlaría la acción gubernamental durante un periodo de administración interina, que se extenderá por dos años, hasta la celebración de elecciones generales.

Lo que ocurrirá en Haití el domingo 7 es una incógnita, pues igual Moïse renuncia y al menos se tranquiliza el país por lo menos un tiempo, o puede ocurrir un baño de sangre, No sería la primera vez.

En las últimas horas, la Policía Nacional de Haití prohibió manifestaciones en el Boulevard Toussaint Louverture por tratarse de una ruta internacional que conduce al aeropuerto homónimo.

Desde esta jornada y hasta el 15 de febrero, el cuerpo policial se encuentra bajo estado de alerta máxima ante las expectativas de lo que podría ocurrir si Moïse insiste en perpetuarse en el gobierno, al menos hasta el 2022.