Rapiñeros sobre Brasil

Aunque el presidente brasileño Jair Bolsonaro es cada día más impopular, aún falta más de un año para celebrar las elecciones que podrían sacarlo del Palacio de Planalto, y en ese tiempo podrían suceder eventos políticos orientados por Estados Unidos (EE.UU.) para saquear, como hace, los recursos naturales del gigante suramericano.

Brasil, considerado por su tamaño (más 8 000 000 de km²), con cinco regiones delimitadas, uno de los mayores reservorios del planeta —desde petróleo, gas, madera, diamantes, agua, bosques, selvas. Es una joya que la Casa Blanca desea para su corona imperial.

Para este año, el régimen ultraderechista, tras cierta paralización en la venta de sus empresas en el 2020 debido al cese de reuniones ante la pandemia de la COVID-19, anunció una lista de 115 activos a ser privatizados u ofrecidos en concesión, entre ellos el gigante eléctrico Petrobrás, y la Empresa de Correos.

El traspaso de empresas al capital local y foráneo fue ratificado por el Consejo del Programa de Asociaciones en Inversiones (PPI, por sus siglas en portugués) del Ministerio de Economía. Ese ente calcula que el pase a privados puede generar inversiones por 69 245 000 dólares.

Jair Bolsonaro, admirador de la política imperial de EE. UU. y de una reducción del tamaño del Estado, al igual que su ministro de Economía Paulo Guedes, constituyen una garantía para los empresarios norteamericanos que apuestan sus capitales a la compra, siempre por debajo de su valor, de los bienes locales.

Otras importantes empresas controladas por el gobierno federal podrían cambiar de dueño. Serán ofrecidas la Compañía de Abastecimiento de Minas Gerais, la Empresa de Trenes Urbanos de Porto Alegre, la Compañía Brasileña de Trenes Urbanos de Minas Gerais y Nuclebrás (Equipamientos Pesados S.A.). También 16 puertos cuya operación será ofrecida en concesión, incluyendo los de Santos, el mayor de América Latina, y Paranaguá, así como seis carreteras federales, entre ellas la que conecta las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro, una de las más importantes del país.

Hay más. Los planes del régimen son subastar para ofrecer en concesión 24 aeropuertos, como el de Viracopos, que es una de las mayores terminales de carga del país, y los de Santos Dumont y Congonhas, que son las terminales para vuelos entre Río de Janeiro y Sao Paulo. El Gobierno también pretende realizar en 2021 al menos dos subastas para ofrecer derechos con vistas a explorar y explotar petróleo y gas en áreas marinas, incluso, algunas en el presal en que Brasil descubrió gigantescas reservas. En la lista figuran seis parques y áreas forestales que serán ofrecidas a empresas interesadas en prestar servicios de turismo ecológico.

Aunque Guedes es el cerebro, Bolsonaro tiene el compromiso político de privatizar las grandes corporaciones todavía a cargo del Estado, y no por casualidad favorecer a las compañías de EE. UU. que ahora mismo ya son dueñas de un alto número de hectáreas en la Amazonía y sus maderas preciosas.

El presidente, un ser controvertido que vive en tensión política continua, con 126 denuncias en su contra —presentadas pero no evaluadas en el Congreso Nacional, donde convergen sus mayores aliados—, apenas cuenta con un 24 % de apoyo popular.

En esa especie de carnaval en que convirtió su mandato iniciado en 2019, el excapitán del Ejército está moviendo sus hilos para tratar de salir del atolladero en que está metido, mucho más ahora que su enemigo político, el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva dijo que está muy interesado en retornar al despacho presidencial. Y Bolsonaro, si actúa con decencia, que no lo hará, sabe que ni en sueños le gana a Lula en el 2022.

Bajo su responsabilidad —y es quizás lo que más repudio despierta en la población— ocurre la desatención a la pandemia de la Covid-19, que ya causó más de medio millón de fallecidos y 130 000 menores huérfanos, debido, en primer lugar, a la ignorancia de este individuo que no quiso adquirir la vacuna Sputnik V —una de las e mayor eficacia del mundo—, solo por ser creada y fabricada en Rusia.

Un infierno se desató en los ministerios cuando surgieron acusaciones contra funcionarios federales que solicitaron sobornos para acelerar y pagar más dinero del estipulado por la vacuna Covaxin, desarrollada en India por Bharat Biotech. A fines de junio, el Ministerio de Salud del país suspendió el acuerdo de adquisición por 304 millones de dólares.

La Fiscalía Federal ordenó la apertura de una investigación contra el gobierno por cobrar un dólar por cada vacuna de contra el coronavirus, mientras la Cámara de Diputados instaló una Comisión para esclarecer los delitos gubernamentales en torno a la compra de las dosis foráneas.

Al parecer, despreocupado por estas amenazas a su presidencia, Bolsonaro puso en marcha una estrategia para evitar la AstraZeneca hasta la celebración de los comicios presidenciales de octubre del próximo año.

Aunque el sistema de votación de Brasil está considerado entre los más seguros de la región, el ya desprestigiado político afirmó que debía ser desechado el voto electrónico por el manual, o no habrá elecciones, lo cual fue respaldado de inmediato por los militares involucrados en su régimen.

Pese a que muchos consideran al dignatario un obtuso misógino, con baja calificación intelectual, sus 28 años como diputado federal le dieron suficiente experiencia para manejar una situación en la que se mueven numerosos hilos. Él sabía, de antemano, que, en primer lugar, el Tribunal Superior Electoral rechazaría su exigencia, que la propuesta tiene pequeñísimas posibilidades de ser aprobada en el Congreso Nacional, pues es un disparate, y tercero, que sus posibilidades contra Lula da Silva son muy escasas. Por eso solicitó el apoyo de altos jefes militares, tanto en activo como en retiro, que, satisfechos con su alta representación ministerial, certifican sus artimañas e incluso propiciarían un golpe de Estado para perpetuar a su favorito.

Ante la complicada situación del mandatario, tanto el ministro de Defensa, el general (r) Walter Braga Netto y los jefes máximos de Marina, Fuerza Aérea y Ejército admitieron que no aceptarán denuncias formales contra sus miembros por corrupción, presentadas en el ministerio de Salud. Cerraron filas respecto a los comicios y amenazaron con impedirlos, en una medida dictatorial, a menos que se instrumente un sistema de votación auditable, lo cual les permitiría declarar fraude ante la baja posibilidad de que Bolsonaro sea reelecto.

​La temperatura política está muy alta en Brasil. Miles de ciudadanos han salido este año en cuatro ocasiones a las calles de 400 municipios de 20 Estados —de 27— al grito de Fora Bolsonaro y Fora genocida, movilizados por las grandes centrales sindicales, movimientos estudiantiles y sociales, como el de los Sin Tierra y los Sin Techo, y partidos políticos progresistas. Pancartas exigían la vacuna anti-Covid para todos, y no al golpe anunciado por la jefatura militar. Brasil sufrió el régimen dictatorial más largo en América Latina, entre 1964 y 1985.

Mientras Bolsonaro y sus cómplices tratan de ir tapando los huecos de un gobierno mal articulado y corrupto, el expresidente Lula da Silva volvió a ganar ante la justicia una nueva demanda presentada por el Ministerio Público, y de inmediato anulada por la Corte Federal por falta de pruebas. El líder histórico del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), ahora en recorrido por el nordeste del país, de donde es oriundo, fue interpelado para que se abriera, de nuevo, el proceso ya cerrado por el llamado Sitio de Atibaia. La jueza de la Corte Federal de Brasilia, Pollyanna Alves, consideró que no hay prueba alguna que relacione a Lula con un supuesto soborno ofrecido por la constructora Odebrecht a cambio de un apartamento de lujo en la playa de Atibaia, en Sao Paulo.

Bolsonaro y su pléyade usaron el sistema judicial para detener a Lula y evitar su candidatura en las pasadas elecciones, donde era considerado triunfador. Resultó condenado a 12 años por presunta corrupción y cumplió 580 días de prisión hasta que el Supremo Tribunal Federal consideró sin basamento la actuación del juez federal de Curitiba, Sergio Moro, luego nombrado ministro de Justicia del régimen ultraderechista.

El pasado mes, el periodista estadounidense Brian Mier, en contacto con TV 247 denunció la articulación de planes contra Brasil y Lula da Silva. “Prepárense para otro golpe el año que viene —alertó—, prepárense para un bombardeo en las redes sociales contra el PT y contra Lula”.

Mier precisó que el gobierno de EE. UU. planea impedir el regreso de Lula da Silva, en primer lugar en las encuestas de opinión, y articula planes en contra de la democracia en Brasil. La agencia Prensa Latina reprodujo sus declaraciones, basadas en las palabras del embajador de Washington ante Brasilia, Todd C. Chapman, quien dijo sentirse preocupado por la corrupción gubernamental y no por la democracia. El periodista confirmó que a EE. UU. “…no le preocupa la democracia, sino el petróleo. Esa fue exactamente la razón principal del golpe de 2016, privatizar el presal (grandes reservas de carburante y gas natural)”, afirmó Mier sobre las declaraciones del diplomático.

En su opinión: “Todo se está preparando. No podemos pensar que solo porque Lula esté a la cabeza en todas las encuestas será elegido presidente”.