Puerto Rico: razones para el enfado

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, se niega a renunciar al cargo en medio de un escándalo por, entre otras acusaciones, conducta impropia, posiblemente delictiva y depravada y corrupta, en medio de una debacle económica y una crisis humanitaria.

Roselló, 40 años, un político sin gran experiencia que defiende el estatus colonial de la isla como Estado Libre Asociado (ELA) de Estados Unidos (EE.UU.), debe tomar una decisión – a la cual se niega- ante la presión de  miles de personas que exigen su salida del cargo. O dimite o puede enfrentarse a un proceso para residenciarlo, es decir, removerlo.

Desde hace una semana, la población puertorriqueña, se mantiene firme en sus reclamos debido a la degradante postura del gobernador y varios de sus funcionarios y amigos, quienes utilizaron 889 horas en las redes digitales para demostrar su verdadero carácter misógino, violento, discriminatorio, e irrespetuoso hacia sus coterráneos más pobres.  

Puerto Rico, una de las Antillas Mayores del Caribe, sufrió en 2016 el embate del huracán María que literalmente destrozó la isla, con presuntamente cientos de muertos – cuya cifra oficial nunca apareció- y miles de desamparados aun viviendo en barracas y carpas.

Roselló, del Partido Nuevo Progresista, al asumir el cargo recibió una deuda pública por más de 73 mil millones de dólares, imposible de pagar por la administración local, y sin derecho a recibir ayuda federal como un estado de la Unión, pues su condición de ELA lo prohíbe.

En su lugar, la Casa Blanca implantó con plenos poderes una Junta de Supervisión Fiscal (JWSF) que controla las decisiones financieras de su moderna colonia,  pero que hasta ahora no ha resuelto ninguno de los muchos problemas de la sociedad boricua.

El escándalo que hoy envuelve al gobernador y parte de su séquito estalló a principios de este mes cuando se conoció la posible comisión de varios delitos que asomaron durante 50 días de conversaciones en un chat grupal de Telegram con una docena de asesores y allegados.

Para eminentes juristas de la isla, en los intercambios se establecen las bases de una conducta impropia, posiblemente delictiva y depravada en la que incurrió Roselló. Cuatro de los involucrados han renunciado.

El documento, filtrado al público por partes y luego en su totalidad por el Centro de Periodismo Investigativo, provocó una poderosa reacción de rechazo a la gobernación, empeorando aun mas la endeble estructura política y socioeconómica del ELA.

En el chat  el gobernador maneja términos despectivos contra las mujeres, en especial la demócrata expresidenta del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, de origen puertorriqueño, a la que califica de ¨puta¨ mientras que a otra la tilda de ¨una hija de perra¨, y se burla de un hombre obeso con el que se había fotografiado tras el paso del huracán.

En el intercambio también hay referencias homofóbicas contra el astro boricua Ricky Martin –que forma parte de notables figuras del arte que piden su dimisión- y se muestran varios emojis de un dedo medio extendido dirigido a la Junta de Control que supervisa las finanzas locales, con la expresión; Estimado Consejo de Supervisión, jódete¨. 

Este sábado, el diario estadounidense The Washington Post instó en un editorial a endurecer las funciones de la  JSF, debido a la situación interna de la isla que tambalean, afirma, al gobierno local.

Recuerda que “En 2016, el Congreso creó una junta de supervisión federal para ayudar a administrar el proceso de recuperación de Puerto Rico tras su crisis de deuda, pero su efectividad se ha visto obstaculizada. No solo ha estado involucrada en batallas con las autoridades locales que han resistido sus reformas, sino que carece de autoridad para asegurar cambios operativos. El Congreso debería tomar medidas para fortalecer la junta”.

El Post –como se conoce al influyente medio- reconoce que ¨los puertorriqueños están muy conscientes de que EE.UU. los trata como ciudadanos de segunda clase, pero desafortunadamente su gobierno local también lo hace con desdén¨.

En un peligroso mensaje entre líneas, el periódico hace referencia a los últimos acontecimientos  ¨lo que, plantea, provoca protestas que, con suerte, conducirán a cambios tan necesarios en la forma en que se gobierna ese territorio estadounidense¨.

Esa aseveración puede sugerir una intervención directa de los militares norteamericanos para lo que ellos  consideran ¨poner en orden¨ una isla que les pertenece de manera ilegal desde hace más de 100 años, según alertaron dirigentes de varios sindicatos en protesta. 

En este contexto, los juristas Eduardo Villanueva, Yanira Reyes y Carlos Iván Gorrín, encomendados por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Caapr) para estudiar un proceso de residenciar al gobernador, enviaron copia de sus conclusiones al presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez y a todos los legisladores de la ínsula.

Reyes precisó que se trata de un juicio político, no criminal, sobre la base de lo establecido en la Constitución del ELA.

El equipo de abogados planteó que además de las ofensas a determinadas personas, Roselló puede ser acusado de conspiración, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito  -aunque insiste en que se trataba de un chat privado en horas laborables- recopilación ilegal de información con relación a la intención de sacar de su puesto de carrera a la esposa del senador Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño.
De acuerdo con una nota de la agencia Prensa Latina ¨También está el delito de incitación a la violencia, ya que en el intercambio de mensajes se establece que estaban ¨salivando por caerle a tiros¨ a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, del opositor Partido Popular Democrático, quien buscará la gobernación en las elecciones de noviembre de 2020¨.

El pueblo de Puerto Rico tiene razones para demostrar su enfado en las calles, ya que las acusaciones de corrupción en la administración por el saqueo de fondos públicos y conducta impropia ocurre mientras poco se restañen los daños causados por el huracán y se presta poca atención a los principales problemas internos.

El líder de los abogados de Caapar, Edgardo Román, solicitó a la Cámara de Representantes cumplir con su deber constitucional de iniciar el proceso de residenciar al gobernador ¨para finalizar, dijo, esta capitulo y redirigir el país hacia la recuperación  de su economía, los servicios básicos afectados y la gobernación efectiva y confiable¨. 

Mientras, las protestas continúan frente a la fortaleza que data de la colonia española y ahora es la residencia oficial del gobernador en el Viejo San Juan.

Cada día crece el número de manifestantes. Se espera una multitudinaria protesta el lunes 22, mientras las calles siguen repletas de personas movilizadas por sus sindicatos y partidos opositores, a quienes se une el apoyo de personalidades artísticas, como el actor Benicio del Toro, y músicos  reconocidos mundialmente como el rapero René Juan Pérez, conocido como Residente, y Benito Antonio Martínez Ocasio, cuyo nombre artístico es Bad Bunny, Ricky Martín y Danny Rivera, entre otros..

También figuras políticas, entre ellas la comisionada residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes federal, Jennifer González; el senador federal Rick Scott, de Florida, y las legisladoras de Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez, se sumaron a quienes  reclaman la dimisión del gobernante..

Formado en varias universidades estadounidenses, Roselló se presentó ante su pueblo como un tecnócrata amable, imagen que ahora cambió de manera radical con su participación en el chat grupal.

 “Hacía un esfuerzo, hacía su papel de gobernador”, dijo Jéssica Castro, de 38 años, habitante de San Juan que asistió a la protesta del viernes con su familia. “La gente está bien desilusionada, él se tiene que ir”. Así piensa la mayoría de los boricuas. Son pocas las opciones para el supuestamente noble líder de la esclavizada Puerto Rico.