Sigue en alto rebeldía chilena

El presidente de Chile, el multimillonario Sebastián Piñera, apenas tiene un 7 % de apoyo popular, pero se niega a dejar el cargo, mientras que con su régimen neoliberal y dictatorial continúa masacrando al pueblo, cada vez más rebelde y dispuesto a hacer válidas sus exigencias de cambio.

La rebeldía ante el abuso sigue en pie en las calles del país andino de 18 729 160  millones de habitantes, cuatro meses y días después de iniciadas las protestas populares contra el sistema político de ultraderecha de Piñera. La sociedad chilena rechazó, en un inesperado movimiento de masas, el abuso de poder que sufre el país hace más de 30 años en etapa de supuesta democracia.

Otras tres personas murieron la semana pasada y ya son cuatro las víctimas fatales a causa de la represión gubernamental, incapaz de controlar la sublevación, iniciada cuando el gobierno aumentó, de nuevo, el pasaje del metro.  

El joven Jorge Mora Herrera salía de un partido de fútbol cuando fue embestido por un camión de carabineros en las inmediaciones del Estadio Monumental del Colo Colo, en Santiago de Chile, la capital. El militar que conducía el vehículo fue dejado en libertad poco después, lo que causó disturbios y ataques a instituciones oficiales.

El pasado viernes otros dos hombres fallecieron. Uno perdió la vida asfixiado en el interior de un supermercado incendiado por bombas de carabineros que dispararon al interior contra balones de gas. Según la policía, el individuo sufrió asfixia por inhalación de monóxido de carbono.

En medio de una manifestación cercana a una estación de carabineros, en el sur santiaguino, Ariel Jesús Moreno Molina, de 24 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza, que, según testigos, fue hecho por un militar desde el interior de la subcomisaría.

La Mesa de Unidad Social, que nuclea más de 100 organizaciones sociales, y el opositor Frente Amplio exigieron justicia para las nuevas víctimas y reclamaron, una vez más, la renuncia del director de Carabineros, Mario Rozas.

El presidente Piñera, quien en octubre pasado dijo que el país estaba en guerra —al parecer contra su pueblo—, tras lo cual declaró estado de sitio y de emergencia, dando vía libre a la represión militar, estaba muy molesto por la reacción popular tras 30 años de neoliberalismo. En lugar de calmar los ánimos y mantener a los uniformados en sus cuarteles, incitó a la continuidad de la sublevación, y dio órdenes despiadadas, tratando de tergiversar las exigencias de las calles.

Hasta hoy, la población chilena no acata el mandato oficial, pues aunque ha pagado un alto precio en vidas, heridos, discapacitados, torturados, violados, en los tres últimos meses, se niega a aceptar la burla oficialista a sus demandas.

Los carabineros, de triste recordación durante la dictadura de Augusto Pinochet, mataron a 33 personas, hirieron a  3600 heridos, y causaron lesiones oculares a 153 personas, incluida la pérdida de visión, según el autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La Fiscalía chilena investiga también 5558 denuncias de violaciones de derechos humanos, la mayoría atribuidas a la Policía, que reprime las manifestaciones pacíficas con el uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias, abusos sexuales y violaciones, torturas y tratos crueles y degradantes desde que comenzaron las protestas en octubre de 2019. Cada día esa institución recibe testimonios de afectados directos y documentos audiovisuales que demuestran el disparo de perdigones y de cilindros de gas en dirección a cuello, cuerpo y rostro de los manifestantes.

El gobierno fue obligado a retroceder en una serie de reformas contra los sectores populares, pero ahora trata de burlar la voluntad popular sobre una nueva Constitución Nacional que, exigen los manifestantes, emane de una Asamblea Nacional Constituyente.

En principio, el pueblo logró que el mandatario ordenara la realización de un plebiscito marcado para el próximo 26 de abril, que garantice si una mayoría está de acuerdo en cambiar la actual Carta Magna, preñada de articulados que responden al sistema capitalista. 

Para la politóloga chilena Lucía Sepúlveda Ruiz, el gobierno dispuso una Ley de Reforma Constitucional, considerada por ella una “trampa especial” para las demandas sociales.

Sepúlveda Ruiz desenmascara en un artículo publicado en Rebelión la ley que incluye cuestiones ampliamente criticadas, como los dos tercios de quórum fijados para el funcionamiento de la Constituyente y la desigualdad de condiciones de elección para independientes. No le falta razón en el recelo. El artículo 135 de esta ley llamada Disposiciones Especiales notifica a los delegados constituyentes que deberán “respetar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”.

En términos políticos ello significa que  no podrán alterar las bases del modelo pinochetista mantenidas de una manera tramposa en la llamada democracia. La disposición, en otra de sus partes, exige respeto a los tratados de libre comercio, con lo cual el régimen de Piñera garantiza que continúe la desigualdad, el saqueo de los territorios, y que el 1 % que concentra la riqueza nacional y el poder político y económico mantenga sus privilegios lucrativos.

Mientras, el reaccionario periódico El Mercurio publicó el pasado domingo que la mitad del gabinete de Piñera estaría por la opción de aprobar una nueva Carta Magna. De 24 ministros, 12 estarían, según esa fuente, más cerca del Sí, ocho lo harían por el No, y cuatro aún en reflexión o en posiciones herméticas.

El otro punto de esa consulta determinará bajo qué mecanismo será redactada la nueva ley de leyes, según acordaron los partidos de derecha convocados por el gobierno junto a parlamentarios de distintas posiciones que, sin embargo, no se han pronunciado, hasta ahora, sobre las manifestaciones públicas y los métodos represivos del régimen.

Como es seguro que se optará por sustituir el documento con tufo pinochetista —ocho de cada diez chilenos quieren el cambio, según encuestas—, también definirán si será redactada por un convención constitucional con miembros completamente nuevos que funcionen en paralelo al Congreso, o una convención mixta compuesta por un 50 % de parlamentarios y otro 50 % de delegados.

Piñera, negado a renunciar a pesar de la presión pública, solo trata de ganar tiempo. El plebiscito será en abril, pero la elección de los constituyentes ocurrirá en octubre de este año, en coincidencia con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal, con el mismo sistema electoral que rige en los comicios de diputados. El presidente pretende mantenerse hasta las presidenciales del 21 de noviembre de 2021.

Pero como bien dicen las pancartas alzadas en las vías, Chile despertó. Un nuevo movimiento comunal impulsa a vecinos a discutir cómo construir un sistema político que los incluya, pero sin descuidar los cacerolazos —otra forma de rechazo al gobierno— y las protestas en las calles. También una forma novedosa de organización social surge en la tierra de Salvador Allende, derrocado por un golpe militar comandado por el traidor Augusto Pinochet en 1973.

Un material del periódico Página 12 da cuenta de que las asambleas surgieron de manera espontánea a partir de la rebelión de octubre. A los cacerolazos que unieron a los vecinos en las noches siguieron de manera espontánea las reuniones públicas para conversar, brindar ideas y debatir el futuro. El diario entrevistó al asambleísta Carlos Villalobos, de 43 años, quien afirmó que “hay una recuperación del sentido de lo humano desde la rebelión, desde la apropiación de los espacios por parte de nuestras comunidades”.

Villalobos precisó: “Empezamos a cuestionarnos el sistema que nos impusieron desde hace más de 30 años. Ese es uno de los temas que no podíamos evitar en cada encuentro. También nos juntamos para resistir la enorme represión que estábamos viendo en ese momento y que todavía sigue”.

Estas asambleas de vecinos fueron más allá de la denuncia. Vigilan el actuar de los carabineros y duermen en las cercanías de las comisarías “para hacer presión e impedir que violentaran y violaran a nuestros niños”, afirmaron varios entrevistados.

Chile despertó y el miedo sufrido durante 17 años de dictadura militar va desapareciendo en los de mayor edad, mientras los jóvenes son los principales impulsores de los cambios. Los hijos no quieren sufrir más las condiciones en las que vivieron sus padres y abuelos. Tampoco quieren dejarle a los suyos una herencia de desigualdad. Piñera parece que desconoce el temple de su pueblo, negado a repetir recetas extranjeras, la mayoría pasadas de moda.