Sudán, sinuosa vía al nuevo país

Las transformaciones políticas sudanesas esperadas durante el periodo de transición, luego de 15 meses del derrocamiento del presidente Omar Hasan al-Bashir, permanecen inconclusas, aunque la decisión pública es ejecutarlas.

El deseo de cambios que promovió manifestaciones y disturbios en las ciudades desde diciembre de 2018 y forzó la caída del mandatario en abril de 2019 se cumple en parte, lo cual demuestra que el proceso avanza según se pueda y no como se quiera.

La voluntad renovadora choca con las estructuras oficiales que aún sostienen al Estado, también con los criterios de cómo tienen que reformarse y quiénes son los responsables de tales recomposiciones, así como a qué velocidad deben realizarse las reestructuraciones para satisfacer a todos los sectores del país.

Es sabido que la sociedad es el organismo más complejo integrado por humanos, por sus contradicciones, turbulencias, indefiniciones; pero también sus aciertos, certezas y convicciones, es decir, la transición en Sudán implica una combinación de fragilidades y fortalezas que interactúan y poco a poco van definiendo sus expectativas.

Además, ese proceso no solo debe obediencia a las manifestaciones callejeras que frecuentemente reportaron los medios de prensa en su papel de difusores de la inmediatez noticiosa, sino que existen consideraciones de índole cultural las cuales explican, por ejemplo, las protestas contra la aplicación de presuntas leyes no islámicas.

El ministro de Justicia, Nasredeen Abdulbari, anunció un grupo de regulaciones legales, entre ellas, que los nacionales —de mayoría musulmana— puedan permitir que los no islámicos consuman alcohol, pero sin trastornar la paz y que no lo hagan en lugares públicos.

Igualmente, las leyes propuestas plantean la despenalización de la conversión del Islam a otras confesiones y considerar delito la mutilación genital femenina, una decisión del Consejo Soberano, máxima autoridad del gobierno de Sudán, que castiga una práctica ancestral extendida en el país, pero que muchos luchan por eliminar. Conforme a organizaciones de derechos humanos y de salud es un procedimiento violatorio que afecta a niñas y mujeres principalmente en África, Medio Oriente y Asia, y para las autoridades sudanesas “la mutilación de los órganos genitales de la mujer es ahora considerada como un crimen”, apunta la ley,

“La OMS denomina mutilación femenina a todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos”, acota el sitio digital pagina12.com.ar.

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No obstante, las más recientes manifestaciones enfrentaron a los antimotines con individuos que rechazaron la reapertura de los bares y la prostitución, considerando que ese país es musulmán, y esta es la voz del pueblo, según Mostafa Tal al-Sir, uno de los contrarios.

Según Safia Haj Ahmed, un vocero de las protestas, los hombres, mujeres y niños en el país son musulmanes por naturaleza, por lo cual no se puede permitir ninguna distorsión de las leyes del Islam, las cuales están contenidas en el código de conducta de la sharía.

MENOS TORTUOSO

Sin embargo, otros aspectos de la transición enfrentan menos escollos, como es el diálogo con la oposición ciudadana y con las guerrillas activas en regiones tan delicadas como Darfur, cuyo conflicto desde 2003 causó más de 300 mil muertos, en lo que la prensa británica identificó como “el primer genocidio del siglo XXI”.

En cuanto a reestructuración institucional sobresale la decisión de desmarcarse de la administración anterior al cesar de sus cargos a 50 embajadores y otros diplomáticos por sus vínculos con el gobierno de Omar Hasan al-Bashir. Según el sitio de Sudan Tribune, 16 nombrados por decreto presidencial y 34 designados por ministros.

 El portavoz del Consejo Soberano, Mohamed al-Faki, declaró que esa acción fue para “eliminar el apoderamiento del antiguo régimen del Ministerio de Exteriores, que sufrió mucho por la interferencia del antiguo régimen”, con lo cual el nuevo gobierno pretende cambiar la imagen sudanesa en el ámbito de las relaciones internacionales.

Hace siete meses el gobierno aprobó una ley dirigida a desmontar la estructura administrativa anterior, decisión que el primer ministro, Abdalla Hamdok, dijo “no es una represalia”, sino que se busca “"preservar la dignidad del pueblo, agotado por los golpes de los tiranos”.

En lo referente al reordenamiento del orden político interno es de notar el entendimiento con otros componentes de la sociedad pública, autoridades del gobierno dialogaron con jefes de viejos partidos, como la Ummah, del exprimer ministro Sadiq al-Mahdi, el principal opositor y más discretamente con otras formaciones.

Sin dudas, lo anterior es todo un recuento de cómo se ha comportado la transición, pero para poseer una visión más amplia es obligado aproximarse al diálogo de paz entre el gobierno y los grupos armados, que ahora sesiona en Juba, la capital de Sudán del Sur, país que actúa como mediador en ese intercambio.

Las conversaciones sudanesas entre el Gobierno y las guerrillas progresan, aunque las dificultan temas complejos, como la distribución del poder, la integración del Ejército Único (que incluya a exinsurgentes) y otros asuntos relativos a la seguridad en Darfur, Kordofán y Nilo Azul.

Para el Gobierno de transición hacer la paz con los rebeldes —formalmente unidos en el Frente Revolucionario de Sudán (SRF)— es una prioridad del proceso de transformación política, orientado a alcanzar la concordia nacional, anhelo que sobresale por encima de los obstáculos del proyecto de transformaciones.

La más recientes decisión oficial para conciliar voluntad de distensión y distribución del poder se concretó con la designación de 18 gobernadores civiles al frente de los Estados en lugar de los jefes militares que se desempeñaban en esos cargos, lo cual se entiende como medular en el proceso de transición.