Suplicio político de Milagro Sala

Milagro Sala, líder de la agrupación barrial Túpac Amaru, en la provincia argentina de Jujuy, cumple prisión por varias causas relacionadas con su activismo social, entre ellas una condena de 13 años dictada por un tribunal que responde al derechista gobernador provincial Gerardo Morales.

Sala, nacida en la norteña localidad de Jujuy, de orígenes indígenas, ha sido acusada de varios delitos —asociación ilícita, fraude al Estado y extorsión— por órdenes expresas de Morales, según los abogados de su defensa, que aspiran llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia y organismos internacionales.

Esta mujer, conocida por su eficiente trabajo por los expresidentes Cristina Fernández y Néstor Kirchner, ya fallecido, defiende su inocencia y plantea que es víctima de una persecución judicial, pues de continuo surgen nuevas acusaciones y condenas sin —dicen sus defensores— pruebas reales.

Una situación que recuerda los complots de jueces y magistrados contra Cristina, Luiz Inacio Lula de Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Evo Morales, entre otros dirigentes progresistas acusados de delitos no comprobados para evitar su influencia en el panorama político de sus respectivos países.

Nacida en San Salvador de Jujuy en 1964, madre de 14 hijos adoptados, fue detenida por primera vez en enero de 2016 por liderar un acampado de miles de personas frente a la Casa de Gobierno de Jujuy en rechazo a las medidas de Morales contra las agrupaciones barriales. De inmediato abrieron la primera causa por asociación ilícita contra el gobierno provincial. Luego del arresto la trasladaron al penal de Alto Comedero, en esa localidad.

Condenada a cuatro años de prisión, el 18 de diciembre de 2018, debido al deterioro de su salud, Sala fue trasladada a su casa del barrio de Cuyaya, en la capital jujeña, para seguir cumpliendo su condena, siempre con una correa electrónica en el tobillo.

La última condena de 13 años más de prisión fue por su presunta culpabilidad en la causa “Pibes Villeros” —según el Tribunal de Jujuy— ella y otros tres de sus compañeros de la Túpac Amaru, desviaron fondos destinados por los gobiernos Kirchner-Fernández a la construcción de viviendas por parte de cooperativas para los pobres de esa localidad.

A siete años fueron condenados Patricia Cabana, Iván Altamirano y Miguel Ángel Sivila, quienes acudieron al proceso en libertad y en 2019 fueron sentenciados a siete años de prisión.

Desde el “Comité por la Liberación de Milagro Sala” indicaron que “la intención de la condena es sacarla de la vida política” y plantearon que las condenas en su contra son decididas en el escritorio del gobernador Morales, quien suspende todas las garantías democráticas.

Respecto al proceso judicial, afirmó la agrupación, “todos los que asistimos al debate vimos que no hay pruebas suficientes contra Milagro. Se refirieron solo a fotocopias, no hay originales, los hechos no tienen fecha, y por ende vamos a esperar esos fundamentos para impugnar. Esta condena tiene un componente político, dónde hay un patrón de persecución en contra de Milagro Sala y la organización Túpac Amaru con diversas causas abiertas simultáneamente que se van encadenando una con otra”.

Una de las abogadas de la popular luchadora, diputada al Parlamento Suramericano, Elizabeth Gómez, declaró a Destape Radio que los juicios han estado “plagado de irregularidades”. Uno de ellos es que ofrecieron 60 testigos sobre el desempeño de Sala como dirigente comunal y solo aceptaron 13. “Solicitamos pericias para demostrar que las obras estaban realizadas y no se nos hizo lugar a ni una sola de las solicitadas", añadió la abogada.

Sala fue más contundente. “En Jujuy hay una dictadura”. Respecto a su condena de 13 años, dijo que “La policía que maneja Gerardo Morales fue a apretar a los testigos, así se manejan acá en Jujuy”.

Respecto a que hubo robo de dinero, expresó que “La plata que dicen que está desviada está en obras. La plata se mira y se toca. Tenemos más obras hechas que las que corresponde. Es una venganza política de Gerardo Morales hacia los que menos tenemos”, dijo en diálogo con Maldita Suerte (FM La Patriada).

“Hoy los niños de mi Jujuy están trabajando en la caña y el tabaco, mientras antes del gobierno derechista estaban panza arriba, tomando sol en la pileta. Eso es lo que no nos perdonan, que les dimos dignidad a los que menos tienen”, agregó.

En su primer mandato, el gobierno jujeño decretó que las organizaciones sociales perderían sus beneficios sociales y su personería jurídica, lo que motivó su primer encontronazo político con la indígena que dirigía la Túpac Amaru y los residentes en la nueva barriada construida cuando la provincia era dirigida por un dirigente peronista.

Morales, quien respondía al presidente derechista Mauricio Macri, fue reelecto en las elecciones de 2019 luego de crear una coalición de 38 movimientos jujeños adheridos al oficialista partido Cambiemos.

Ser reelecto constituye una fortaleza para este político que se cataloga como reformista y sigue acompañado en su actual gestión por funcionarios macristas, quienes le apoyaron para eliminar de la vida pública a la lideresa tupamarista, de gran popularidad en la provincia.

Importantes profesionales, como el exdecano de la Facultad de Arquitectura (UBA), Jaime Sorín, define la barriada El Cantri, la ciudad construida por la organización comunal dirigida por Sala como “una experiencia admirable donde la vivienda se trabajó como un problema integral de inclusión”.

El barrio, dijo, resolvió los problemas de salud, de educación, posee un centro comunitario, un parque de piscinas, y como mirador el templo Kalasasaya, réplica del espacio sagrado de las comunidades aymara en Bolivia, país fronterizo con Jujuy. Desde allí, precisó, se observa la ciudad con sus grandes tanques de agua donde se observan las imágenes de Tupac Amaru, Che Guevara y Evita Perón.

Experto en temas de viviendas —en El Cantri (en alusión a los country o barrios de gente adinerada) hay 8 000 casas hechas por cooperativas de vecinos— Sorín afirmó que se trata de una estructura social que sostiene un proyecto de vida, pues también levantaron fábricas, talleres, parques temáticos, teatros. No se trata de casas-dormitorios sino de otra manera de ver la vida.

Reconoció que “todo es sumamente impactante, una ciudad hecha por desocupados, porque el Colegio de Arquitectos puso honorarios muy elevados y tampoco hubo una universidad para articular el trabajo. La gente se autoformó”.

De 2009 en adelante, el financiamiento de la Túpac llegó mediante un plan del gobierno federal que permitía pensar otro tipo de obras y habilitó la formación de cooperativas populares que debían levantarlas.

El gobierno de Kirchner, que llegó a la presidencia en 2003, vio que en estos grupos era más eficiente gestionar el poder del Estado que mediante las gobernaciones en manos de los partidos de siempre. Luego su esposa siguió un plan similar.

Desde entonces, el movimiento barrial dirigido por Sala, con más de 100 000 miembros, —el 10 % de la población de Jujuy— recibió financiación directa desde el ministerio de Planificación y se convirtió en lo que sus críticos llaman un “gobierno paralelo”, algo insoportable para los líderes de la derecha local.

Bajo la dirección de esta mujer apodada “la flaca”, se levantó una obra en la mitad del tiempo convencional. Ella demostró que en Jujuy había un potencial grande de trabajo y un liderazgo serio.

La trama contra Sala procedió, en primera instancia, de empresas privadas a las que no les convenía este tipo de sistema constructivo, porque las cooperativas comunitarias demostraron que se aprovechaban más el tiempo y los recursos, al extremo de que con lo ahorrado podían edificar más espacios.

Los agentes inmobiliarios tampoco estuvieron de acuerdo, ni las burocracias vinculadas a la construcción y la tenencia de tierras, pues el crecimiento de la ciudad hizo que se tomaran terrenos vacíos pertenecientes al gobierno provincial.

Ahora, con el cambio del gobierno federal, aun Morales, primer gobernador no peronista en Jujuy desde el régimen militar de los años 70,  mantiene su mano férrea contra Sala.

La lideresa indígena tiene puestas sus esperanzas en el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández, quienes, comentó “me quieren y me respetan”.

Ella mostró su confianza en que recobrará su libertad. “Yo sé que terminar con las injusticias de los últimos años lleva tiempo y ya le pondrán freno a los grandes empresarios que me metieron en la cárcel”, refirió¨.