Tensión en Bolivia

Bolivia, una nación pluricultural donde hace seis meses el presidente Evo Morales fue forzado a renunciar por militares dispuestos a matar, está en crisis permanente bajo un gobierno de facto en manos de Jeanine Áñez, acusada de inepta y corrupta.

No hay un día de paz desde que el primer mandatario indígena de esa milenaria nación andina tomó el camino del exilio, luego de que la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA) invitada a observar lo comicios del 27 de octubre cantara fraude por parte de Morales.

La mentira de la OEA, convidada ingenuamente por el mandatario cuando había indicios de que la derecha le preparaba una trampa, fue el desencadenante de la tragedia que ahora vive su país. Morales partió convencido de que su partida devolvería la paz a Bolivia con la vuelta de los militares a los cuarteles y del pueblo a sus humildes hogares. Ocurrió lo contrario.

Morales fomentó un escenario muy diferente. Una senadora conocida por su verbo en defensa de la derecha, Jeanine Áñez, se puso la banda presidencial y rodeada de soldados, y con una biblia en una mano —lo que es risible en un país laico, pero con una poderosa Iglesia Católica al servicio de la oligarquía— entró al Palacio Quemado acompañada por los golpistas y el Obispo de La Paz, la capital.

En las calles, los seguidores de la rubia mandataria quemaban de manera masiva banderas whipalas, que identifican a los pueblos originarios andinos.

Persecución de miembros del hasta entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), asesinato de manifestantes, masacres de indígenas, arrestos y violaciones de los derechos humanos dejaron atrás el presidente y su vice, Álvaro García Linera, ahora también radicado en Argentina.

Varios sucesos acontecen en torno al desgobierno de Áñez, quien se postuló a las elecciones generales cuya fecha ha cambiado en varias ocasiones. Debían celebrarse el pasado día 3, pero la situación general del país a causa de la presencia de la COVID-19 mantiene en compás de espera una nueva ocasión.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, reunido con partidos y la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, propuso un proyecto de ley que indica que serían entre el 7 de junio y el 6 de septiembre próximos. La coincidencia de los partidos, según fuentes cercanas a la cita, es que Bolivia no puede seguir con un gobierno interino de forma indefinida.  

Ese país registra cifras alarmantes de contagios en un día. Se estima que las cifras oficiales reducen las verdaderas. Aún así, en un solo día Bolivia tuvo alrededor de 600 contagiados, y el total de casos está en torno a 8 000. Los fallecidos por el nuevo coronavirus ascendían, hasta el pasado jueves, a 280, indicó el Ministerio de Salud.

De los infectados, 5 366 están en el departamento de Santa Cruz, en el este del país; seguido de Beni, también en el oriente, que tiene 1 355; La Paz registra 415, Cochabamba 376, Oruro 155, Potosí 44, Chuquisaca 25, Pando 13 y Tarija 19.

La desarticulación del sistema de salud nacional, agravada por la salida de los colaboradores cubanos que fueron amenazados de muerte tras el golpe, pone en aprietos a la mandataria de facto.

La pandemia desnudó la fragilidad del régimen derechista. En lo social, la pandemia evidencia que la infraestructura física hospitalaria, sin el recurso humano especializado, equipamiento tecnológico e insumos médicos de salud, son simplemente inútiles, pero también demuestran que la protección al pueblo es un asunto de Estado, y no de la iniciativa privada.

Los hospitales del sector público boliviano solo tienen 145 camas de terapia intensiva a nivel nacional, por lo que los pacientes que precisan ese tratamiento mueren en sus casas. En conjunto, los sistemas sanitarios solo poseen 430 camas de terapia intensiva.

Bolivia posee una población de 11 216 000 de habitantes y solo cuenta con 14,1 profesionales en salud por cada 10 000 habitantes, mientras la OMS recomienda que sean 25. En el país solo hay 190 profesionales especializados en terapia intensiva. De los 27 000 doctores existentes, solo 3 800 tiene una especialidad, cuando ahora se demandan 6 000, indican fuentes oficiales.

En ese difícil contexto, la localidad de Beni, una empobrecida región de la Amazonia boliviana limitante con Brasil y de donde es oriunda la autoproclamada mandataria, ocupa el segundo lugar en número de casos. Áñez sacó a sus parientes en un avión de la Fuerza Aérea Nacional (FAN), sin importarle el destino de sus coterráneos.

Hace apenas un mes se detectó el primer enfermo y ahora suman 1 242 los contagiados y 77 los fallecidos. En Beni, alrededor del 50 % de los médicos del sector público dejaron de trabajar luego de contraer la COVID-19, en tanto también el 24 % de las enfermeras está infectado. Tampoco tienen laboratorios, y si hubiera posibilidades de pruebas habría que enviarlas a Santa Cruz.

Un escándalo de corrupción sacudió a Bolivia hace pocos días, cuando se comprobó que el ministro de Salud, Marcelo Navajas, aprovechó la pandemia para comprar 179 respiradores a la empresa española GPA Innova, a través de la intermediaria IME Consulting, cuyo costo fue triplicado para embolsarse la diferencia.

Los equipos, con precio original de 10 000 dólares y facturados a 27 000, llegaron de Barcelona para ser repartidos en las pocas unidades de cuidado intensivo funcionando. Es decir, Navajas lideró la adquisición por un precio dos veces inferior al indicado en la documentación de su ministerio.

También se detectó que algunos aparatos estaban defectuosos, por lo cual no pudieron utilizarse.

Otro acto delictivo rodeó al gobierno. La Fiscalía General del departamento de Tarija admitió una denuncia penal contra Carolina Ribera, hija de Áñez, por el uso indebido de bienes del Estado, al igual que su amiga, la diputada de Unidad Demócrata, Ginna Torres y su hijo, Mauricio Raña.

El pasado día 30, en medio de la cuarentena declarada por el régimen de facto, Ribera, representante de la Unidad de Gestión Social del ministerio de la presidencia, se trasladó a La Paz en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana para festejar su cumpleaños cuando por ley está prohibido el uso de medios militares para civiles.

La diputada Torres justificó su viaje porque debía asistir a una sesión de la Asamblea Legislativa en la capital, lo cual era incierto, pues solo asistió al festejo de aniversario, quebrantando además el aislamiento social.

Un caso similar, que también encendió la ira de los bolivianos, es el del ministro de la presidencia Yerko Núñez, quien también usó una nave de las FAB para trasladar de Santa Rosa a La Paz a la exmiss de Rurrenabaque, Yarakoby Shiraishi.

Aunque Núñez pidió disculpas públicas, el MAS presentó dos solicitudes de Petición de Informe Escrito (PIE) ante los ministros de gobierno Arturo Murillo y de Defensa, Fernando López. “No se puede tener mano suave”, dice el documento.

Entretanto, el peligro cierne sobre la Asamblea y sus legisladores del MAS, que son mayoría. El alto mando de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) dio un ultimato al Senado para que ratifique la orden de ascensos definida por el Comando en Jefe y exige que se respete la decisión, según refirió el general Sergio Orellana, comandante en jefe de ese órgano.

Pero la presidenta del Senado, Eva Copa, calificó de “irregular” el ingreso en traje de campaña de los mandos de las FF.AA. y refirió que la relación en ese tema es con el Poder Ejecutivo, y no con el mando castrense.

Copa señaló que de consumarse las amenazas, los militares podrían cerrar la Asamblea, una acción propia, estimó, de una dictadura.

El MAS advirtió desde el órgano legislativo que no se someterá a la presión de la institución castrense ni del gobierno de Áñez.

En apego a la constitución boliviana, la propuesta de ascensos a generales y almirantes es función de la presidenta o presidente del Estado, según el Artículo 172.19 de la llamada Ley de Leyes.

Luego pasa a la ANP que ratificará los cambios, lo cual resulta ahora imposible debido a la cuarentena, indicó Copa, quien teme una represalia más poderosa aun por parte de la soldadesca.

Según el senador del MAS Omar Paul Aguilar, los ascensos propuestos por el Gobierno de facto responden a la necesidad de resguardar política y jurídicamente a las FF.AA. ante las investigaciones de las masacres producidas en las regiones de Sacaba, Ovejuyo y Senkata, el pasado 15 de noviembre del año 2019.

Desde Buenos Aires, el expresidente Morales alertó a la comunidad internacional sobre los intentos del gobierno de facto de consolidar un régimen militar en Bolivia.