En su primer año de gobierno en El Salvador, el joven presidente Nayik Bukele transitó un camino lleno de contradicciones internas sin que se vislumbre aun el nuevo país que, aseguró, pretende construir desde una posición política diferente, sin despegarse —claro está— de la tradicional actitud complaciente hacia Estados Unidos.
Bukele (1981) arrasó en las elecciones presidenciales donde se presentó como “la nueva cara” del llamado Pulgarcito de América con la promesa de que en sus cinco años de gestión trazaría nuevos caminos hacia el desarrollo y recobraría la seguridad ciudadana, en un período que catalogó de “cambio y revolución”.
Representante de la llamada generación millennials, exalcalde de Nuevo Cuscatlán por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) del cual fue expulsado por contradicciones internas en 2017, no pudo inscribir su propio partido Nuevas Ideas en los comicios y terminó apadrinado por la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), con la que obtuvo la presidencia.
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Todavía se le considera uno de los nuevos liderazgos que traspasan las ideologías tradicionales, pues sus ejes son la anticorrupción y la modernidad, sin encasillarse en derecha o izquierda, aunque asume actitudes consideradas autoritarias y conservadoras.
Definió su línea política cuando realizó una visita a Washington para asegurar la ayuda financiera de Estados Unidos (EE.UU.) a su país, con 6 643 000 habitantes y 2 000 000 de ellos en línea de pobreza, equivalentes a 537 000 familias, indican datos oficiales del pasado año.
Semanas después, la administración republicana de Donald Trump certificó a El Salvador como apto para continuar recibiendo ayuda de cooperación de Washington.
Con un crecimiento económico de 2,38 % en 2018, ese país estableció relaciones diplomáticas con China bajo el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, sin que Bukele se haya pronunciado en contra. Después anunció un acuerdo para recibir millones en proyectos de cooperación del gigante asiático.
Asimismo, el Estado salvadoreño arrastra, como otros en Centroamérica, el azote de bandas de pandilleros que aterrorizan a la población, uno de los motivos de la alta emigración local hacia EE.UU. (más de un millón de personas que mediante remesas aportan un 20 % a la economía nacional).
Los salvadoreños sufren la discriminación y el odio en suelo norteamericano. El gobierno de Trump canceló programas de protección a migrantes, lo que pone en riesgo de deportación a 250 000 salvadoreños; implementó como política la separación de familias en la frontera e, incluso, calificó a El Salvador como un “hoyo de mierda”. El controvertido mandatario de la Casa Blanca caracterizó a los migrantes salvadoreños como pandilleros de la Mara Salvatrucha.
Alguna prensa de El Salvador precisó en su momento que Bukele no mostró interés en entrevistarse con el magnate-presidente, por lo que solo lo hizo con congresistas republicanos y que su percepción era interceder por sus conciudadanos en la Unión.
Sin embargo, nunca ha negado su alineación con EE.UU. y en su primer discurso público afirmó desde el podio de la conservadora Heritage Foundation su preferencia por “la libertad de empresa, el gobierno limitado, la libertad de expresión y la democracia”.
CONTRADICCIONES DEL PRESIDENTE
Son notables los problemas sociales en el Pulgarcito. Décadas de guerra civil dejaron al país en una situación socio-económica difícil de resolver, a lo que se une que tres presidentes son prófugos de la justicia por casos de corrupción.
Observadores de la política salvadoreña coinciden en que la marca distintiva de este período anual son los constantes choques del mandatario con los poderes Legislativo y Judicial, lo que le gana críticas por sus actitudes autoritarias y sin medias tintas en círculos foráneos.
Bukele acusa a la Asamblea Legislativa y al poder judicial de entorpecer su gestión ejecutiva. Su ingreso a la sede de ese órgano con soldados y policías armados el 9 de febrero de este año, cuando convocó a los asambleístas a una sesión a la que no asistieron, inició fuertes confrontaciones aun pendientes, y existe el temor de que el dignatario intente dar, en algún momento, un golpe de Estado.
El director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, calificó esa acción como la “más obvia y más evidente” de la actitud “autoritaria del presidente”, según dijo a la agencia española EFE.
Mientras, en una inusual entrevista con el rapero puertorriqueño Residente, Bukele estimó que su militarizado ingreso al Congreso fue para presionar a los diputados a que financiaran sus planes de seguridad. Pero quedó la imagen de un líder que se sentó en la silla del jefe de la bancada, y, entre sollozos, pidió a Dios le iluminara en el camino a seguir para, de inmediato, unirse en las calles con miles de sus seguidores que gritaban “Insurrección”, mientras él clamaba “Paciencia”.
Otro choque de magnitud ocurrió cuando recrudeció sus polémicas con magistrados y diputados acusándolos de retirarle facultades para atender la crisis sanitaria creada por la COVID-19 en el país.
Hasta el pasado día 26, la pequeña nación poseía 5 150 casos confirmados, y 119 fallecidos desde el 19 de marzo, cuando se confirmó el primer caso.
El mandatario publicó en las redes sociales a mediados de abril que no acataría un fallo judicial que le ordenó suprimir la detención y el confinamiento forzoso de quienes supuestamente se saltaran la cuarentena domiciliaria.
“No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera”, explicó, y “así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir”, manifestó en su momento. Entonces, los jueces del Supremo solicitaron a los cuerpos armados “desobedecer órdenes inconstitucionales o ilegales”.
Para tensar aún más la cuerda, la Sala de lo Constitucional suspendió dos decretos ejecutivos en los que el dignatario declaró emergencia nacional, tras prescindir del Congreso, que debía revisar su legalidad.
“Todas las medidas que ha tomado el Gobierno de El Salvador, a pesar de las campañas que dicen que son dictatoriales, son recomendadas por la OPS (Organización Panamericana de la Salud)”, precisó.
De acuerdo con Eduardo Escobar, en su primer año el mandatario busca “potenciar” la confrontación para obtener “réditos electorales” al colocar en “el imaginario que el enemigo del pueblo son los diputados” y combinarlo con su alta popularidad. Según una encuesta publicada el 24 de mayo por el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, el 92,5 % aprueba el trabajo del primer año de gobierno. Un porcentaje aún mayor, 95,7 %, suscribe su gestión frente a la pandemia del coronavirus.
El próximo año, El Salvador realizará elecciones legislativas, en las que se prevé que el partido Nuevas Ideas, fundado por Bukele, obtenga mayoría y supere a los opositores, que actualmente controlan el Parlamento.
LOS MARA SALVATRUCHA CON BUKELE
Para el gobierno salvadoreño, la reducción de los asesinatos por las pandillas de delincuentes, muchas al servicio del narcotráfico, resulta un logro importante, aunque algunas fuentes aseguran que hubo un acuerdo oficial con los tres principales grupos de bandidos.
En este primer año de gestión, El Salvador pasó de 4 635 homicidios en los primeros 12 meses a 1.547, una reducción del 66,6 %, la mejor de los últimos cuatro mandatarios.
La sensible disminución está fomentada —dice la actual Administración— en el desarrollo de un plan de control territorial que concentra a más 7 000 miembros de la Policía y del Ejército en 22 localidades, en un intento para cortar las fuentes de financiación de los bandidos.
Para Celia Medrano, directora regional de programas de la organización Cristosal, esta es “una tendencia marcada desde el 2016” y “no podemos atribuir la disminución del registro de homicidios exclusivamente a políticas de seguridad pública implementadas por el actual Gobierno”.
Aunque hubo una baja mayor en el entorno de la pandemia, la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), con más de 60 000 miembros, protagonizó una escalada en las muertes violentas a finales de abril. Entre el 24 y el 30 de abril pasados se registraron al menos 90 asesinatos, lo que supone una media diaria de casi 13 homicidios.
En una de sus medidas para tratar de controlar el alza, Bukele ordenó sellar las celdas de unos 16 000 pandilleros y ordenó a sus cuerpos de seguridad usar la “fuerza letal”. Puso en un mismo espacio a miembros de distintas bandas para evitar los pleitos en espacios cerrados, ya que, argumentó, “Existe un acuerdo de no agresión entre las pandillas en las cárceles de El Salvador, llevan días durmiendo juntos y no se reporta el más mínimo incidente”.
La curiosidad sobre cómo gobernaría el joven descendiente de palestinos se va aplacando. Doce meses después de asumir las riendas de El Salvador sigue con el apoyo generalizado de la población, indican encuestas, a pesar de las fuertes criticas de organismos de derechos humanos internacionales.
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