Chile: quiebra de la hegemonía gubernamental

Las fuertes sacudidas políticas sufridas por el gobierno del derechista presidente chileno Sebastián Piñera en el 2011, con la rebelión de las federaciones universitarias y Colegios secundarios, la unión nacida a partir de ese fenómeno con movimientos sociales y sindicatos y el apoyo de los partidos de oposición, van quebrando la hegemonía del grupo oligárquico en el poder.

La tendencia a la protesta callejera —que ya en el primer trimestre de este año se reanudó con millares de personas en Santiago de Chile, la capital—,  era algo impensable hasta hace poco en una sociedad traumatizada por los asesinatos, desapariciones, torturas y exilio dejados por la dictadura del general Augusto Pinochet, una de las más poderosas de la región.

La caída del régimen pinochetista —en el poder hasta que dejó de servirle a Estados Unidos, que previeron otra agenda para América Latina— dejó una población aterrorizada, que aceptó desde entonces como buenos los pactos, conciliaciones, y las llamadas soluciones a los problemas que más le afectaban, sin tomar parte activa en las decisiones emanadas del Palacio de La Moneda, sede gubernamental en Santiago.

Sin embargo, las protestas de los alumnos de las Universidades y las Escuelas Secundarias en exigencia de una educación gratuita y de calidad —que para nada se relaciona con la actual estructura del gobierno en esa rama— aglutinaron desde el pasado año a varios actores en torno a una exigencia que atañe a la sociedad en su conjunto.

Junto a este fenómeno que sorprendió incluso a algunos partidos opositores aglutinados en la llamada Concertación Nacional, surgieron nuevas demandas: la de la Confederación del Cobre por la nacionalización de ese recurso natural, fundamental en la economía chilena, el movimiento social organizado por los habitantes de la austral localidad de Aysén —entre otras localidades— en aras de mejorar sus condiciones de vida, las protestas de los mapuches, considerados ciudadanos de tercera clase en ese país austral.

La nueva postura conforma un cuadro político absolutamente diferente de la actual sociedad chilena, impulsado por las nuevas generaciones.

Para observadores, en Chile ha surgido una nueva forma de enfrentar a las autoridades para recobrar derechos. Esta nueva actitud, surgida de manera espontánea, independiente de los partidos políticos que siempre hicieron el rol de intermediarios entre la población y el gobierno nacional, está marcando una diferencia en la lucha social.

Lo cierto es que las demandas grupales logran movilizar a actores sociales adormecidos por años de represión, —lo cual no ha permeado a la actual generación estudiantil— y lo que es más claro y ocurre en casi todas las naciones regidas por el sistema capitalista: los movimientos surgen sin que los represente un partido político. Ejemplos son Ocupa Wall Street, en Estados Unidos, o los Indignados, con mayor fuerza en Europa.

PIÑERA BUSCA SOLUCIONES, PERO NO CONVENCE

El presidente Piñera conoce que las anacrónicas formas de diálogo entre la sociedad y su gobierno no convencen, y que la población exige una participación activa en la toma de decisiones. Nadie habla aún de la posibilidad de una Revolución, ni de un cambio de sistema capitalista por otro de carácter popular y nacionalista, pero sí de un progresivo auge de la radicalización de la lucha de clases en Chile.

Lo que exigen con mayor fuerza los movilizados es una activa responsabilidad del Estado en la solución integral de las demandas: no repuestas parcializadas ni pactadas, como ha ocurrido luego de la caída de la dictadura. Los parchecitos ya no surten efecto en ese país.

A contrapelo de la realidad, Piñera busca ganar tiempo y hace propuestas inaceptables. El multimillonario Presidente, aliado incondicional de Estados Unidos, no puede dar signos de debilidad ante los movimientos estudiantiles y sociales, ya que su gobierno está sentado sobre el dinero de la oligarquía nacional.

La estrategia del Mandatario —con una bajísima popularidad— es encontrar una solución que satisfaga parcialmente (según su óptica neoliberal) a los grupos demandantes y también a los oligarcas, a fin de ponerle fin a las protestas y afianzarse en las riendas del país, donde cada vez más la represión campea en las calles.

Piñera está tratando, a la vieja usanza, de fomentar los pactos con los estudiantes y los movimientos sociales, a la vez que gobierna con mano dura —la última movilización estudiantil el pasado día 21 dejó un saldo de una decena de heridos y más de 100 detenidos— y pasar la hoja. La estructura neoliberal queda intacta y el capital continúa en el timón.

NO ES TAN FÁCIL LA JUGADA

Pero no es tan fácil la jugada. En el 2011 hubo varias reuniones con los ministros a cargo que resultaron en cero. Ahora, hay tres propuestas en el tapete, la del gobierno, la de los partidos opositores, y la de los estudiantes, los principales involucrados.

En su última propuesta, el pasado día 27, el Mandatario trató de convencer a los jóvenes de que aumentará los impuestos para recaudar entre 700 y 900 millones de dólares adicionales para sufragar estudios; la de la oposición —que comprende desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista— que agregaría unos siete mil millones de dólares a la educación, y la de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que exige reformas estructurales para eliminar las desigualdades, y educación gratuita mediante un reparto equitativo de la riqueza nacional.

La Confech, a la que se unieron la semana pasada siete universidades privadas, dirigentes sindicales y grupos sociales, presentaron ante la prensa los lineamientos de una propuesta de reforma tributaria bajo el lema “La vida no tiene que ser un negocio”.

Para este movimiento, que rebasa los marcos de las aulas, una de las premisas para transformar la educación es —como se hace en varias naciones de América Latina— que el Estado recupere importantes sectores, como el del cobre, y con las ganancias que se deriven financiar la educación, la salud, el transporte, la vivienda, en una descentralización que, sin duda, Piñera y la oligarquía que lo sustenta jamás aceptarán.

Para el presidente de la Confech, Gabriel Boric, es importante cambiar la esencia del sistema, pues, dijo, lo que el gobierno pretende “es limitar la discusión de los cambios a iniciativas que profundizan un modelo tendiente a la privatización y minimiza la importancia de la educación pública”.

La propuesta estudiantil se sustenta en varios puntos: aumento de la renta por la explotación de recursos naturales de propiedad nacional; reforma de la Ley de Impuesto a la Renta, con mayores gravámenes a los ricos, ya que la mayor parte de los recursos fiscales procedes de los estratos sociales de menos ingresos; fortalecimiento del control del Servicio de Impuestos Internos, en el interés de alcanzar una mayor fiscalización entre las ganancias de capital y las obtenidas por el trabajo.

Para varios economistas chilenos, la sugerencia de los estudiantes es novedosa y diferente de la de los partidos opositores. Esos expertos consideran que al contar con un sistema único para contabilizar la base de los gravámenes quedarían eliminados los 14 controles actuales, lo que simplifica y brinda transparencia al sistema.

Otro planteamiento salido de las Universidades establece metas de recaudación asociada a las ganancias marginales de sectores vinculados a  extracción de recursos naturales. Se señalan varias metas. La gran minería entregaría al Estado ocho mil millones de dólares anuales, la pesca 250 millones, y los contaminantes del aire entre mil y dos mil millones de dólares.

Estas nuevas acciones, más radicalizadas con respecto a los primeros planteamientos del 2011 de reducir el monto de las carreras mediante préstamos de bancos privados y luego pagadas tras la graduación, dan fe de la madurez alcanzada por el sector estudiantil en su actual batalla.

SIGUEN LAS MOVILIZACIONES

Este año las movilizaciones —de acuerdo con los máximos líderes de Federaciones y la Confech— serán de carácter nacional, y se mantendrán hasta que el gobierno y el Congreso Nacional den respuestas efectivas a todas las exigencias.

Tras siete meses de movilizaciones en el 2011, el gobierno derechista sólo ha hecho dos propuestas aún en debate parlamentario, y que han sido rechazadas por los afectados: una de ellas aumenta el número de becas para los universitarios y el segundo disminuye de 6% a 2% el interés que los bancos privados cobran por los préstamos.

En ese sentido, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Noam Titelman, expresó que “la mayoría de los chilenos apoyó el año pasado el término del lucro en la educación superior y no ha habido solución. Tampoco para el endeudamiento de las familias y los estudiantes, ni para los problemas de acceso y calidad de la educación. El país debe pasar de un Estado que tiene un rol subsidiario y que se ha desentendido de su obligación de garantizar los derechos básicos, a un Estado que vea la educación como un derecho y no como un bien de consumo”.

Para Titelman, “las políticas públicas no pueden hacerse a espaldas de la ciudadanía; tenemos que acostumbrarnos a que cada vez más vamos a ver a una población empoderada, participando en estos espacios, queriendo desarrollar una alternativa al modelo actual”.

Este año, otras siete universitarias privadas se han incorporado a la Confech, organización que también ha fortalecido sus vínculos con la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones).

En caso de acordarse una nueva reunión con el ministro de Educación, Harald Beyer, los líderes juveniles solicitan, como primer paso para un entendimiento, el reintegro de los estudiantes secundarios cuyas matrículas fueron canceladas;  fin de las acciones de hostigamiento a los secundarios reintegrados con la condición impuesta por las autoridades de que no participen en actividades en sus centros; esclarecer las condiciones en que operaría la rebaja de 5,6 a 2% en los créditos universitarios con aval del Estado y el cuarto, retiro del proyecto sobre orden público, con el cual se pretende penalizar las marchas pacíficas.

Lo cierto es que Piñera tiene a lo interno una papa caliente en sus manos, pues en el actual sistema político chileno no hay cabida a una solución estructural de la educación.

Mientras, siguen sus alianzas con Estados Unidos, un proceso seguido con ojeriza por la población. La pasada semana recibió en el Palacio de La Moneda al Secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, luego de conocerse la instalación de una base militar norteamericana en la región sur chilena bajo el manto de un campo de entrenamiento para los Cascos Azules (las llamadas fuerzas de paz) de Naciones Unidas.