Esta semana culminó en Cuba el segundo ciclo de conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, iniciadas el pasado 19 de noviembre. En un comunicado de las partes se informó que el 14 de enero continuarán las negociaciones en La Habana centradas en el primer punto de la agenda, con el nombre de “desarrollo agrario integral”; un tema sobre el que la mesa deberá recibir el 8 de enero los aportes de un foro ciudadano que tuvo lugar en Bogotá del 17 al 19 del actual mes. En ese espacio participaron representantes de campesinos, indígenas y afrodescendientes, líderes sindicales, además de académicos, y empresarios.
Ese foro sobre el campo colombiano, organizado por el Centro para la Paz de la Universidad Nacional y la ONU, mostró la complejidad del proceso en curso y puso en evidencia a los enemigos de la paz. En un país en que el 1,5 por ciento de los propietarios posee el 52% de las tierras cultivables y 4,9 millones de hectáreas se dedican a la agricultura y más 38,6 millones a la ganadería, el gremio de empresarios ganaderos se negó a participar en las conversaciones, decisión que fue aplaudida por el expresidente Álvaro Uribe desde su cuenta en Twitter. Sectores políticos colombianos, desde el propio mandatario Juan Manuel Santos, hasta el presidente del Congreso, Roy Barreras, criticaron la posición de los ganaderos, mientras el Comandante de las FARC Iván Márquez, que participa en las conversaciones de La Habana, acusó a los representantes de esos grandes propietarios de vínculos con el paramilitarismo.
Aunque en La Habana, el jefe de los negociadores gubernamentales y exvicepresidente colombiano, Humberto de la Calle, afirmó que “no estamos negociando el modelo de desarrollo de Colombia”, si no cambian las relaciones de propiedad en el campo -base histórica del conflicto- el camino hacia la paz permanecerá bloqueado. De la Calle afirmó que los guerrilleros “no tienen que abandonar su ideología y el Gobierno no tiene que cambiar su modelo de sociedad” pero Márquez recordó el destino de los insurgentes que se incorporaron a la vida política bajo el Partido Unión Patriótica en la década de los ochenta del siglo pasado y fueron asesinados en masa “a partir de la confianza de promesas retóricas” e insistió en que Colombia necesita cambios en el modelo de sociedad y del antidemocrático sistema político para la paz. Las FARC-EP mantienen desde el inicio de las conversaciones una tregua militar unilateral que no ha sido reciprocada por el gobierno.
En ese contexto, el sitio Web habilitado para recoger criterios de la ciudadanía colombiana ha recibido casi 3000 propuestas a evaluar por ambas partes. Cuando se reanuden las conversaciones, a mediados de enero, habrán concluido dos meses de los doce que el gobierno puso como límite -no aceptado por las FARC-EP- para obtener un acuerdo sobre los cinco puntos de una agenda que, además del “desarrollo agrario integral”, abarcan garantías para la participación política de los guerrilleros, el narcotráfico, la reparación a las víctimas y el fin del conflicto armado.
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