"¡Viva el Paraguay. Mucha fuerza! Siempre pueden contar conmigo", dijo el ahora ex presidente Fernando Lugo, minutos después de que una maniobra golpista protagonizada por la derecha política en el Senado con el apoyo de la oligarquía, el empresariado y la alta jerarquía católica, lo demovió de su cargo.
En un juicio inédito realizado de manera acelerada (menos de 48 horas) para evitar la reacción de las masas, Lugo fue objeto de un juicio político para el cual la derecha política manipuló la Constitución, y le responsabilizó de cinco cargos; entre ellos, los incidentes ocurridos el 15 pasado en la localidad de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, y que culminó con la todavía no explicada muerte de 11 campesinos y seis policías.
Ese fue el detonante para que los golpistas justificaran el montaje de la farsa. Sin embargo, la escena de los hechos fue profanada para inhibir una investigación oficial, cuando se ha denunciado que los muertos fueron víctimas de una emboscada preparada de antemano y con la presencia de francotiradores, para culpar al Jefe de Estado.
En su sesión final este viernes, el Senado, erigido como tribunal, apenas dio unos minutos al representante de la defensa para que ejerciera el derecho del mandatario a responder las falsas acusaciones, carentes de argumento alguno. Poco después, la votación en un Senado dominado por la derecha, toda vez que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) —que cogobernaba con las fuerzas sociales y de izquierda que acompañan a Lugo en la Alianza Patriótica para el Cambio, lo traicionó—, se saldó con una votación de de 39 senadores a favor de la destitución del Presidente, cuatro en contra y dos ausentes.
Las masas, que desde la víspera se movilizaron para dar su apoyo a Lugo, seguían agolpadas a las puertas del Congreso y hubo amago de actos represivos por parte de la policía cuando aquellos gritaron contra la asonada.
Se espera que el vicepresidente Federico Franco, precisamente del derechista PLRA, sea nombrado ahora como mandatario, pero las fuerzas sociales lo repudian y anuncian un juicio popular contra el Congreso.
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