La corrupción política es un mal crónico no solo en América Latina, donde explotan en distintos momentos los entresijos conspirativos de presidentes, legisladores y empresarios sobornados por grupos mafiosos o empresariales. Ese contexto delictivo se arrastra en Ecuador, donde parece que ahora la Fiscalía del país está dispuesta a meter en la cárcel a los complotados.
Diana Salazar (1981), Fiscal General de la República desde 2011, cargo al que accedió por concurso, investiga los casos de corrupción notables, al desenmascarar a figuras presidenciales, como Lenin Moreno y su predecesor, el banquero Guillermo Lasso, ambos involucrados en presuntos delitos de cohecho.
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Aunque Moreno, antiguo hombre de confianza del expresidente Rafael Correa, quien lo propuso como candidato de su partido Revolución Ciudadana, fue el impulsor de la entrada violenta del neoliberalismo en el país, con la venta de empresas estatales esenciales para la economía, también sacó provecho de su cargo. Estimaciones del Ministerio Público indican que, por ejemplo, la empresa estatal china Sinohydro presuntamente pagó sobornos que rondaron los 76 000 000 de dólares.
Los funcionarios involucrados en el delito encarecieron esta obra, debido al gasto adicional por la adjudicación a la firma china de la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. El costo subió de 1 979 000 de dólares a 2 245 000 millones de la moneda estadounidense,
En el caso del expresidente (2007-2011) y su familia, la Fiscalía cifró en 660 000 dólares el supuesto dinero ilícito recibido, de los que recibieron 220 000 Moreno y su mujer, que adquirieron, entre otras propiedades, una residencia en Alicante, España.
Según Salazar, el grueso de los presuntos pagos beneficiaron también a Conto Patiño, amigo de los Moreno, con, al menos, 44 000 dólares.
En la audiencia inicial de la acusación por cohecho, Salazar consideró necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados, pero la Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, como el exmandatario, su esposa y otros 12 investigados, para quienes pidió el arresto domiciliario. Sin embargo, Moreno fue designado por la Organización de Estados Americanos como su comisionado para Asuntos de Discapacidad en Paraguay, donde reside junto a sus parientes.
Las cuentas de todos los implicados fueron retenidas e inmovilizadas por órdenes de la Corte Nacional de Justicia.
Guillermo Lasso, quien sustituyó al ex dirigente de la Revolución Ciudadana en Carondelet, también ha dejado un rastro de corrupción, a pesar de ser uno de los hombres más ricos de Ecuador, dueño de un banco, y con otros negocios.
En esas circunstancias, una de las denuncias involucró a uno de sus cuñados y pudo establecerse un lazo entre ambos y su presunta participación en el delito.
Lasso denunció renunciar a la primera magistratura al estar relacionado con ese escándalo de corrupción por el cual era investigado por el Congreso Nacional, con una eventual separación del cargo por sus relaciones con los grupos mafiosos.
Luego de una muerte cruzada –que implica cierra del Legislativo y elecciones presidenciales anticipadas- asumió el gobierno el empresario y millonario Daniel Noboa, de 36 años, quien estará en el cargo solo 15 meses hasta la celebración de nuevos comicios. Ecuador está envuelto en una de las peores crisis de violencia originadas por bandas paramilitares que buscan el control del tráfico en el país, en especial en la provincia de Guayas, dominada en la práctica por el narcotráfico. Noboa asumió un Estado donde como norma figura el delito de corrupción.
DIANA SALAZAR Y LIMPIEZA A FONDO
La Fiscal General de la República (1981) posee experiencia en el manejo de los casos de corrupción existentes en el llamado país meridiano del planeta.
Esta abogada inició su carrera en el cargo de amanuense en 2001 y cinco años después ocupó el de secretaria. Ascendió a fiscal en 2011.
En 2019 fue designada como fiscal general del Estado, tras la revisión del concurso de méritos y oposición convocado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, en el cual obtuvo un altísimo puntaje, lo que la convirtió en la primera mujer negra en ocupar esa función.
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Actualmente forma parte también de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, desde enero de 2020.
En 2023, la Asamblea Nacional de Ecuador, con 74 votos a favor, 47 en contra y seis abstenciones, aprobó una resolución de respaldo y apoyo a su accionar en el denominado caso Metástasis y ahora en el Purga, por lo que solicitó cooperación judicial internacional de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.
NARCOPOLÍTICA EN ECUADOR
El presidente Noboa, consciente de los tropiezos que causa a su administración la violencia paramilitar, anunció que la lucha contra la corrupción y el narco sería prioridad de su gestión.
De ahí su apoyo a Salazar, quien en los últimos meses puso en práctica dos operaciones contra la mafia del narcotráfico, presuntamente vinculada al sistema judicial ecuatoriano, en lo que constituye el operativo más importante contra ese flagelo en la historia nacional.
La Fiscal publicó un video en redes sociales donde aparecen decenas de allanamientos en siete de las 24 provincias ecuatorianas con saldo de 29 personas arrestadas, entre ellas, jueces, fiscales, políticas, abogados y sujetos relacionados con el crimen organizado e incautación de armas.
En el operativo Metástasis, como lo designó la Fiscalía, fue detenido William Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, organismo estatal que vigila y disciplina la función judicial. Terán, no obstante, asegura que se trata de un plan para desacreditar al sistema de justicia y a sus hacedores.
El Consejo de la Judicatura, por su parte, defendió al presunto implicado en un comunicado de prensa y tachó el operativo como una “campaña de desprestigio y ataque que se ejecuta desde hace varios meses contra la función judicial, la que ha sido denunciada públicamente por el Presidente del Consejo”.
De acuerdo con Salazar Méndez, líderes de estructuras criminales utilizaban dinero de actividades ilegales y pagaban a los funcionarios que llevaban sus procesos en los organismos judiciales para brindarles ventajas indebidas.
Metástisis, dijo la Fiscal, ¨es una radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para mediante dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos”.
En este proceso judicial son investigadas 39 personas desde el 15 de diciembre pasado e indaga a una “empresa criminal” que permeó a la justicia y otros órganos públicos, liderada por el fallecido narcotraficante Leandro Norero, alias el Patrón, quien buscó fallos judiciales y beneficios penitenciarios para él, su familia y varios de sus socios.
Como derivación de este proceso se han abierto otros, como el llamado Purga, que daría continuidad a la depuración del sistema de justicia.
Siguiendo la misma línea de Metástasis, en Purga se analizará una supuesta corrupción generada desde las más altas esferas de la “política legislativa”, la cual, afirma Fiscalía, ponía a su servicio y al del narcotráfico la administración de justicia en Guayas, una de las provincias más influyentes del país.
Otro de los acusados es el exlegislador Ronny Aleaga, quien afirmó no regresará del exterior por el peligro que correría su vida en el país.
Procedente del partido Revolución Ciudadana del expresidente Correa, es acusado de ser operador del mafioso Leandro Norero en la Asamblea Nacional. Norero, alias Patrón, fue asesinado en un motín en la cárcel de Latacunga en octubre de 2022.
Aleaga tuvo varios roces y enfrentamientos con el también legislador Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto de 2023, luego de un evento de su campaña con el partido Construye a los comicios presidenciales anticipados.
Una de esas confrontaciones fue en 2022, a raíz de que Villavicencio publicó una fotografía en la que se observa a Aleaga en una piscina en una casa en Miami, Estados Unidos (EE.UU.), junto a personas indicadas como corruptos.
Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, profirió varios epítetos contra el exlegislador y sus acompañantes, acusándolos de estar inmersos en actividades ilícitas. Frente a ello, el correísta lo denunció ante la Fiscalía.
No obstante, la Embajada de EE.UU. le notifico el retiro de su visado para ingresar a la nación norteña.
En uno de los diálogos de septiembre del 2022, Norero y Xavier Jordán hablaron de irse “con todo” en la Asamblea contra Villavicencio.
La teoría de la Fiscalía sostiene que se habría utilizado al órgano legislativo para “apartar a los funcionarios públicos que les eran incómodos”.
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