Paradojas de la paz en Colombia (+Fotos)

Las FARC-EP y el gobierno colombiano reanudaron, luego de un receso de cinco días, las conversaciones de paz que sostienen en la capital cubana.

El anuncio de un foro de la sociedad civil -auspiciado en Bogotá por la ONU y la Universidad Nacional- para recoger propuestas sobre el primero de los cinco puntos acordados en la agenda, llamado desarrollo agrario integral, que presupone la modificación de las relaciones de propiedad en el campo colombiano. Es el primer asunto de un temario que abarca además garantías para la participación política de los guerrilleros, el narcotráfico, la reparación a las víctimas y el fin del conflicto armado.  El foro de la sociedad civil sesionará desde el 17 de diciembre y también se acordó a partir del 7 de este mes que una página web podrá recibir propuestas sobre el tema del desarrollo agrario integral.

El problema del acceso a la tierra en Colombia, marcado por el latifundio y también por el control de las riquezas mineras en manos de empresas transnacionales, está en la base del conflicto armado más prolongado de Latinoamérica. En cuanto a la participación política, los guerrilleros no olvidan que en la década de los 80 del siglo pasado un proceso negociador les cedió un espacio civil a través de un partido de nombre Unión Patriótica que rápidamente devino la tercera fuerza política del país pero la mayoría de sus dirigentes fueron asesinados en muy corto plazo. El tema de las víctimas es visto de manera radicalmente distinta por las partes: el gobierno pide a la guerrilla “pronunciamientos claros y categóricos” sobre la práctica de retener en su poder prisioneros de guerra y civiles -algo que ha restado apoyo a los insurgentes y que éstos han declarado haber descontinuado- y por su parte las FARC-EP insisten en que el terrorismo de estado sigue siendo común en ese país, como demuestran las revelaciones del 2008 sobre  los “falsos positivos” que pretendían hacer aparecer a civiles asesinados por el ejército como guerrilleros muertos en combate.

El tema del narcotráfico es un fenómeno que marca gran parte de la vida colombiana, donde jueces, políticos y empresarios a todos los niveles han sido acusados de vínculos con las mafias de la droga y muchos campesinos empobrecidos por las políticas neoliberales ven en el cultivo de plantas alucinógenas una vía de sobrevivencia, mientras desde el poder se acusa a la guerrilla de cobrar impuestos a la extracción de la hoja de coca en las áreas bajo su control.

En el terreno militar, el gobierno colombiano no ha aceptado la tregua unilateral declarada por la guerrilla y la semana inició con informaciones del ejército acerca de una nueva ofensiva que habría cobrado veinte bajas mortales a los insurgentes. Algo que un dirigente de las FARC-EP, que participa en las conversaciones de La Habana, calificó irónicamente como “regalo de navidad del gobierno”.

En medio de realidades tan complejas, ambas partes han sido discretas respecto al contenido de las conversaciones, aunque representantes de la guerrilla manifestaron a finales de noviembre una valoración optimista de su desarrollo y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, calificó este lunes de positivos los primeros pasos a e insistió en que los diálogos deben concluir a más tardar en noviembre de 2013, un límite con el que las FARC-EP no están de acuerdo.

Desde que comenzaron las negociaciones en el habanero Palacio de Convenciones, los representantes de las FARC-EP han estado haciendo un uso intensivo de la prensa mientras los delegados del gobierno colombiano han sido parcos, reiterando que no negociarán ante los micrófonos. Como una expresión paradójica de la complejidad de este proceso, la guerrilla, acusada por los medios y el discurso oficial de la Unión Europea y Estados Unidos de terrorista, insiste en el cese al fuego y utiliza constantemente la comunicación política, mientras sus contrapartes hablan poco y mantienen viva la violencia armada en las montañas colombianas.