Dos notas, relacionadas con el caso de los Cinco y que casualmente se publicaron en varios medios cubanos el mismo día, resumen afirmaciones tan obvias y a la vez tan ignoradas por las autoridades norteamericanas, que merecen compartir titulares.
La primera tiene que ver con la nueva moción presentada por el abogado de René González, pidiendo otra vez lo que ya demandó al salir de la prisión: que le permitan volver a Cuba, donde están su hogar y su familia.
La noticia ahora es que él renuncia a su ciudadanía norteamericana a cambio de que se cumpla su demanda.
La otra verdad de Perogrullo y aun así jamás dicha antes por una autoridad legal en relación con el caso está contenida en las declaraciones de Gabriela Knaul, relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados. Preocupada por irregularidades del proceso tan graves como la falta de acceso de la defensa a todas las pruebas disponibles, ella advierte también, por fin, lo que a muchos nos pareció absurdo desde que comenzaron las apelaciones: que los recursos de habeas corpus presentados por sus defensas sean considerados “por la misma jueza que previamente estuvo a cargo de los casos”.
René no quiere ser ciudadano del imperio. No le interesa. Seguramente ama y respeta el lugar donde nació por casualidad y causalidad -sus padres estaban allá solo temporalmente y por razones económicas-, pero no tiene sentido que mantenga la nacionalidad de un país que usa esa ciudadanía para castigarlo una y otra vez, incluyendo el más cruel de los castigos: impedir que se reúna con su familia después de cumplir ejemplarmente con casi 14 años de encierro inmerecido.
Cómo y por qué la nación que persigue y deporta cada día a miles de inmigrantes, se empeña en obligar a portar su “cara” ciudadanía a un hombre que ha anunciado públicamente su deseo de renunciar a ella.
Cualquiera advierte que detrás de la absurda imposición de la libertad vigilada a René dentro de territorio norteamericano, hay el deliberado propósito de seguir castigándolo, mientras se le hace creer al mundo que ya está en libertad. Y ese es otro abuso.
René está contra su voluntad en un territorio donde no hay garantías para su vida. La administración norteamericana lo obliga a permanecer allí para usarlo como rehén de su política de chantaje y negociación con ventaja -que de otro modo no saben negociar los políticos imperiales- en la absurda pretensión de canjearlo por Alan Gross, el agente de la USAID que aun no ha cumplido un tercio de la sanción que le fue impuesta por diseñar y ejecutar en Cuba programas de desestabilización del gobierno.
¿Se habrá percatado esa administración de que, manteniéndole la ciudadanía para forzar su permanencia allí y pretendiendo negociar su recortada libertad por un reo en prisión firme, está equiparando desiguales y que eso podría estar estimulando a que René los demande por la reiterada violación de sus derechos como “ciudadano norteamericano”?
¿No es la tradición en un país donde dónde se calcula en dinero? ¿No tendrá el ciudadano norteamericano René González el derecho a demandarlos por estos tres años de supuesta libertad en que le están obstaculizando toda posibilidad de reconstruir su vida en familia? ¿Quién paga por los efectos sicológicos de estos abusos?
En cuanto a la declaraciones de la Relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, ya era hora de que alguna instancia de ese carácter se pronunciara por lo que hasta los adolescentes se cuestionan en Cuba, cada vez que se habla de un paso en las apelaciones de los Cinco y se reitera que la decisión está en manos de la misma jueza que les dio las máximas condenas, porque tal como se documenta en el histórico fallo del tribunal de Atlanta de junio de 2005, ella tiene la mayor responsabilidad en un juicio tan plagado de irregularidades que tres jueces ordenaron anularlo y hacerlo nuevamente.
Quién sabe cuántos otros absurdos de este largo proceso de absurdos seguirán emergiendo en lo inmediato. Ellos abundan como los abusos sobre los Cinco, incluyendo a René que no está entre rejas, pero tampoco en libertad. Estados Unidos debería estar preparándose para más de una demanda.
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