Sin prestigio, gobierno de facto de Paraguay sigue aislado en la región

Cuando falta apenas una semana para que se cumplan dos meses del golpe de Estado ilegitimo contra el presidente de Paraguay Fernando Lugo, el gobierno de facto de esa nación se mantiene en un limbo diplomático, sin respaldo internacional, que cobró aún más fuerza luego del puntillazo de gracia brindado por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

Los dirigentes de UNASUR, reunidos a principios de esta semana, ratificaron las sanciones impuestas al régimen de Federico Franco, el títere de Estados Unidos que maniobró para que Lugo fuera sacado del cargo, el pasado 21 de junio, luego de un proceso parlamentario en que solo tuvo dos horas para defenderse de acusaciones que carecían de una base jurídica.

Esta modalidad de golpe de Estado —alertada por el presidente cubano, Raúl Castro- sobre las novedosas fórmulas utilizadas en esta etapa histórica de América Latina por la derecha oligárquica apoyada por Washington para eliminar los gobiernos progresistas en la región- destituyó a Lugo cuando faltaban menos de nueve meses para elecciones generales, en lo que se entiende como un aviso a otros regímenes que han eliminado la tradicional partidocracia para crear nuevas formas democráticas de participación popular.

Aunque los derechistas paraguayos, que ataron de pies y manos a Lugo para que no pudiera cumplir sus promesas electorales a favor de los pobres durante tres años, creyeron salirse con la suya —al menos por el momento- la repercusión del atentado a la democracia, con el mayor descaro, trajo como repercusión a lo externo el aislamiento político de Paraguay, a pesar de las mentirosas defensas de Franco y sus ministros para su burda actuación.

La realidad es que desde el primer momento, las organizaciones económicas y políticas a las que perteneció Asunción reaccionaron con la suspensión en su membresía. Así ocurrió con el Mercado Común del Sur y UNASUR, dos poderosas entidades que han ratificado las inmediatas sanciones de separación impuestas a la pequeña nación suramericana.

La ratificación de las medidas de UNASUR contra la ilegitimidad del gobierno franquista, la que ha sido divulgada en grandes titulares por la prensa paraguaya, echa por la borda cualquier esperanza que tuviera el régimen de recibir el apoyo de la Organización de Estados Americanos, que, con la pretensión explícita de

Estados Unidos, trataba de matizar el golpe de Estado antipopular e ilegitimo.

Poco después de la maniobra de la oligarquía interna del país guaraní para sacar al presidente constitucional, el secretario general de la OEA, Miguel Insulza, viajó a Asunción para entrevistarse con las partes envueltas en el ilegitimo conflicto, en espera de la reunión del próximo día 22, en la que el golpista Franco tenía puestas sus esperanzas de ser reconocido como Presidente, y legitimizado su gobierno ante la opinión latinoamericana.

De esa visita se desprendió un informe de Insulza a la Asamblea de la OEA que —según fuentes allegadas a la institución- justificaría el golpe de Estado parlamentario, y daría vía libre para la ratificación oficial del gobierno franquista en las naciones miembros.

El tiro, sin embargo, le salió por la culata, tanto a Franco como a Insulza, pues la actitud digna de UNASUR —como lo fue la del Mercosur en su reciente Cumbre Extraordinaria en Brasilia- aleja toda posibilidad de un reconocimiento político a un ejecutivo instaurado por la fuerza .

El Grupo de Alto Nivel de UNASUR ratificó este martes las violaciones de las libertades políticas y los derechos humanos que tienen lugar en Paraguay, conocidas por las denuncias continuas de organizaciones sociales que han sido presentadas en el Foro Social Paraguay Resiste, con fuerte presencia en las masas desde que abrió sus discusiones este martes en la capital del país.

Dirigentes de UNASUR, como su presidente, el peruano Salomón Lerner, y Marco Aurelio García, asesor especial para las Relaciones Exteriores del gobierno de Brasil, negaron cualquier posibilidad de un consenso que apoye a Paraguay en la OEA, aunque Estados Unidos siga presionando en tal sentido.

Desde hace semanas, se conoce el despido masivo de seguidores de Fernando Lugo, amenazas a periodistas, y del cierre de la televisión estatal, desalojos de campesinos sin tierras, y —según denuncias de líderes políticos- negociaciones con empresas multinacionales para la adquisición de las riquezas nacionales, en un continuado intento por fortalecer la política económica neoliberal.

La única posibilidad del gobierno de facto de Asunción es la celebración de elecciones libres y democráticas, dentro de algunos meses, que devuelvan la precaria seguridad democrática al país, y que —tras ser evaluada la situación por las organizaciones regionales- se le acepte de nuevo en el seno político y socio-económico de la región.

Mientras, el presidente Lugo -quien se mantiene como articulador de la unidad de la izquierda paraguaya luego de su forzada destitución - declaró que nunca esa ideología había estado tan unida en Paraguay como ahora. Nunca antes, 12 partidos y ocho movimientos se sentaron juntos, en referencia al Frente Guasú, integrado en marzo de 2010 y que ahora convoca a las manifestaciones de protestas en distintas localidades de la nación.

El destituido Mandatario precisó que el Frente concentrará su accionar en dos frentes: disputar la Presidencia de la República en abril próximo y alzarse con el mayor número de escaños en el Congreso Nacional.

Mientras, Bolivia denunció la posibilidad de que Estados Unidos instale nuevas bases militares en Paraguay en la frontera que une a los dos países. Para nadie es secreto que Washington ha hecho lo imposible por el derrocamiento del gobierno popular del presidente Evo Morales.

Ingrid Zabala, presidenta de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados de Bolivia, refirió que hubo una denuncia del diputado Luis Alfaro, del Movimiento al Socialismo (MAS) sobre las negociaciones del régimen de facto del vecino país con militares norteamericanos de alto rango para situar una base de la norteña nación en el Chaco del Paraguay, próxima a la frontera con Bolivia.

La Comisión parlamentaria de Política Internacional de Bolivia convocó al Canciller David Choquehuanca para que esclarezca la situación, se tomen las previsiones y con independencia de la soberanía de Paraguay de tomar sus decisiones al respecto, también La Paz tome las suyas.