Pareciera una obviedad que la Asamblea Nacional del Poder Popular discuta y apruebe un acuerdo para regular el vínculo de sus diputados con los electores. A simple vista, pudiera atentar contra el sentido común una disposición que, según ha reconocido el propio secretario del parlamento, no es habitual en el mundo. Pero también pecaríamos de injustos si nos negamos a reconocer cuan atinado y valioso resulta.
Lo que pretende convertirse en un mecanismo de control y en la guía de nuestros parlamentarios para cumplir sus funciones, marca una evidente voluntad de desperezar un cuerpo legislativo que no siempre ha sabido representar la voz del pueblo ante las máximas figuras del Estado y el Gobierno.
Se trata, sobre todo, de la concreción de una cultura política recogida, incluso, en la Constitución de la República y que cobra sentido en la propia esencia del proceso revolucionario iniciado en 1959.
La disposición no solo ataca al viejo fantasma de la Asamblea subordinada e incapaz de pensar y actuar por sí misma, sino que también deja ver las bases en las que ha se ha asentado nuestro modelo de democracia. El cual, por cierto, ha pretendido desconocer los “sagrados preceptos” del liberalismo, incluidos sus nimiedades y vericuetos, para formarse a partir de una interpretación propia del protagonismo de las masas en la construcción de las políticas.
Una Asamblea desconectada de la gente que la eligió, como ya reconoció el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, no podría llamarse nunca del Poder Popular. Por eso, más allá de normativas, el trabajo de los diputados debe sustentarse en la ética y la responsabilidad social.
El llamado, en definitiva, sigue siendo el de escuchar al pueblo y bregar junto a este. La Cuba de hoy demanda pensamiento y construcción colectiva desde mecanismos eficaces de comunicación y participación. Pues poco o nada se logrará sin la intención popular de proponer, hacer y fiscalizar.
Les corresponde entonces a los diputados aunar esfuerzos alrededor de los desafíos que enfrenta el país y trabajar en estrecha colaboración con las comunidades para conocer de primera mano sus necesidades y preocupaciones. Una práctica que resulta vital y se antoja el primer paso hacia la solución de cada uno de los retos económicos, políticos, sociales y culturales que tiene por delante la nación.
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