Bolsonaro a contracorriente

El presidente brasileño Jair Bolsonaro, reconocido difusor de falsas mentiras a su favor, está ahora enredado en diferentes litigios políticos, mientras trata de sofocar de manera prematura cualquier intento de la izquierda para hacerse de nuevo con el gobierno federal el próximo año.

Bolsonaro (1955), un excapitán del ejército nacional, exdiputado federal durante 28 años consecutivos sin un aporte en su gestión, está ahora, cuando le falta más de un año para concluir su mandato, imbuido en varias disputas institucionales para desviar la atención pública de lo que medios políticos califican de pésima gobernanza.

Para quien deja entrever la posibilidad de no postularse a la reelección el año próximo ante una eventual candidatura izquierdista poderosa, como se espera, parecerían fuera de lógica sus actuales discrepancias con la más alta magistratura del país y sus acusaciones contra el sistema electoral, al que considera fraudulento, sin prueba alguna.

Este figurón de la burocracia política brasileña llegó a la presidencia por obra y gracia de la oligarquía, que desvirtuó verdades y acusó falsamente al exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva para dejarle el camino expedito a un individuo sin pensamiento crítico, amante de la dictadura y de los uniformes, misógino y alentador del fanatismo religioso. Los miembros de la iglesia evangélica han sido su mayor apoyo, en una nación semianalfabeta política, encantada con su verborrea machista y guapetona.

Bolsonaro, padre de tres hombres jóvenes también dedicados a la política y más de uno investigado por irregularidades en sus gestiones, atacó duramente en las últimas semanas al Instituto Nacional Electoral (INE) por permitir el voto electrónico, considerado el de mayor confiabilidad que se conozca, y pronunciarse por el manual o escrito, el único que aceptará en la contienda presidencial.

En una de sus reconocidas perretas, a principios de este mes aseguró que “sin elecciones limpias y democráticas no habrá elecciones”, en un mensaje a sus simpatizantes —que no rebasan el 20 %— localizados en la ciudad de Brasilia, la capital federal y sede gubernamental, y el Estado de Río de Janeiro.

En esa ocasión, este político —que envió más de dos millones de mensajes en redes sociales en su campaña electoral contra el Partido de los Trabajadores (PT) en 2018, y así se comprobó— aseguró que el voto electrónico está lleno de imperfecciones, lo cual fue negado de inmediato por las compañías que implantan el sistema.

La amenaza del presidente sin partido cayó como una bomba en el INE, rector de los procesos comiciales en el país y en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) que ratifica la seriedad de la acción.

Aunque habló desde el Palacio de la Alvorada en la capital federal, donde se recuperaba de una intervención quirúrgica, sus palabras e imagen fueron reproducidas en camiones con escenarios improvisados. “Ustedes son, de hecho, mi ejército, nuestro ejército, nosotros vamos a hacer que la voluntad popular sea respetada, haremos lo que sea necesario”, con lo que obvió al resto de los poderes establecidos en la Constitución Nacional. Incluso, elevó el tono al plantear que daría una “última oportunidad” al Congreso Nacional, en el que está respaldado por una mayoría derechista, para que modifique el actual modelo de votación con urnas electrónicas, las que serían reemplazadas por comprobantes de papel.

Sin embargo, y a pesar de sus bravuconerías, ningún artículo de la Carta Magna prevé que un gobernante tenga competencia para convocar o dejar sin efecto las elecciones porque le parezca inapropiada la forma de sufragio. Hay coincidencia en medios alternativos que Bolsonaro trató de anticipar su intención de dar un golpe de Estado el próximo año bajo el alegato de fraude —que solo él considera posible— porque prevé que perderá el tope comicial.

Con absoluta desfachatez dijo que en 2014 la expresidenta Dilma Rousseff cometió fraude en las urnas electrónicas para ganar su reelección ante el candidato conservador Aécio Neves, quien desmintió esa afirmación.

En otra intervención telefónica dirigida a los residentes en Río de Janeiro, donde antes el futbolista Neymar, uno de los más populares seguidores de su régimen ultraderechista, hizo loas al mandatario en la Copa América, solicitó archivar los equipos electrónicos el próximo año.

La famosa ciudad-balneario tiene poderosos vínculos con Bolsonaro, pues allí se encuentra el distrito electoral que lo eligió siete veces a la diputación federal. En ese sureño territorio se concentran las llamadas milicias paramilitares, muy vinculadas a sus familiares, las cuales prestan todo tipo de servicio, incluso asesinatos contra los adversarios del régimen. Hay ciertos indicios de que esas formaciones, compuestas por miembros retirados o activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, podrían realizar sabotajes en el 2022 como parte de un plan para quedarse en el poder.

En esta decadente etapa del gobierno ultraderechista, integrado por un alto número de militares-ministros, el general Walter Souza Braga Netto, a cargo de la cartera de Defensa, advirtió al poder legislativo que podría impedir las próximas elecciones si este mantiene en pie, dijo, la votación electrónica.

En este contexto, y como parte de las varias acusaciones contra Bolsonaro, el juez del Tribunal Supremo Electoral, Alexandre de Moraes, ordenó reanudar de inmediato la indagación sobre un supuesto intento presidencial de interferir políticamente en la Policía Federal, que estaba en suspenso. La acusación primaria partió de su exministro de Justicia y Seguridad Pública, el exjuez federal de Curitiba, Sergio Moro (cuya mentirosa trama contra el exmandatario Lula da Silva quedó al descubierto). Moro denunció en 2020 a su superior por cambiar al jefe de la policía de Río de Janeiro, bajo su mando, para proteger a sus hijos de varias indagaciones, entre ellas lavado de dinero y apropiación ilícita de fondos del Estado.

Moraes indicó que “no se justifica el mantenimiento de la suspensión del procedimiento ni la ampliación del plazo para finalizar el proceso” que involucra a los jóvenes Bolsonaro.

El pasado viernes el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, suspendió una reunión prevista entre los jefes de los tres poderes para adoptar una posición común ante los incesantes ataques a miembros de la Corte Superior de Justicia.

Fux precisó que el dignatario reiteró ofensas a los ministros de ese órgano Luiz Roberto Barroso y Moraes, y advirtió que los magistrados se mantendrán firmes en la misión de juzgar con independencia e imparcialidad, apegados a las leyes y a la Constitución.

Medios de prensa, como Brasil de Fato, recordaron que los dos jueces fueron agredidos verbalmente por el dignatario, luego de que incluyeran su nombre en la pesquisa sobre noticias falsas emitidas en redes sociales, entre ellas la del sistema nacional de votación, lo cual crea un desequilibrio político en el país.

En ese contexto, analistas coinciden en que, a pesar de los descalabros y su mala gestión de gobierno, entre otras cuestiones, en el manejo de la pandemia de la COVID-19 y la reducción de los índices económicos, es poco probable que Bolsonaro sea impugnado en el cargo, tal como solicitan más de 200 personalidades y organizaciones políticas.

Hasta ahora, el Congreso Nacional, y en especial su Cámara de Diputados —que recibe las denuncias, las juzga y las engaveta—, no parece dispuesto a impugnar la gestión oficialista, pues con unas elecciones a la vista será muy difícil encontrar un reemplazo al controvertido personaje, entre otros inconvenientes.

Una posibilidad, todavía considerada remota, es que sea la propia cúpula militar que le acompaña en su gestión la que decida retirarlo del cargo, obligándolo a renunciar o poniendo en duda, como muchos otros sectores, su salud mental.

Algunos politólogos consideran que resulta improbable que la vieja derecha conservadora que lo situó en el Palacio del Planalto, a pesar de su evidente baja cultura e inexperiencia administrativa, vuelva a apoyarlo después de la tragedia que deja en el país su paso por la primera magistratura.

El bajo nivel intelectual del mandatario le hizo interpretar de manera equivocada el daño que causó el nuevo coronavirus, dijo el profesor César Leitao, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Desde que se conoció el primer caso en febrero de 2020, casi 20 000 000 de personas fueron contagiadas y más de 550 695 personas murieron. Bolsonaro minimizó el riesgo de la enfermedad, actuó al contrario de lo indicado por los científicos y se negó a comprar vacunas procedentes de China y de Rusia por motivos políticos e ideológicos.

El ministerio de Salud Pública brasileño apuntó el pasado viernes que el promedio actual de casos diarios de contagios asciende a 40 716.

El gigante suramericano es el tercer país con mayor cantidad de infectados a nivel mundial, por detrás de Estados Unidos y la India, y el segundo en cantidad de muertes, solo superado por el país norteño.

En este complejo escenario que vive Brasil sobresale la figura de Lula da Silva, quien recuperó sus derechos políticos y es el posible candidato del PT en las futuras elecciones presidenciales.

Bolsonaro nunca perdonó al STF que devolviera a Lula la posibilidad de reentrar en la política nacional, al comprobarse el complot del acusador exjuez Moro para dejarle el paso libre a la derecha.

El exmandatario —quien dejó el Planalto con un 87 % de apoyo popular cuando concluyó su segundo mandato y éxitos notables en la sociedad brasileña, como la reducción de la pobreza— es una persona con una inteligencia estratégica y una relación afectuosa con la población y con sus opositores, y posee un prestigio político a nivel mundial, todo lo contrario del excapitán.

Mientras, ante la izquierda se presenta un panorama alentador que debe ser afianzado en el año y medio que falta aún para las presidenciales. La oligarquía buscará ocupar el espacio que seguramente dejará Bolsonaro con un candidato más próximo a la racionalidad.