Con la decisión del Tribunal Supremo español de decretar penas de cárcel contra un grupo de dirigentes independentistas catalanes ligados a los procesos de realización de referendos populares de los últimos años en favor de la causa separatista, rebrotan en esa convulsa región las protestas ciudadanas masivas, y con ellas la respuesta violenta de las fuerzas policiales.
Se trata de un diferendo histórico que en fechas recientes llegó a un punto álgido con los resultados de las ya citadas consultas públicas que otorgaron preferencia a la tendencia que aspira a la independencia, con decisiva presencia en el gobierno y el legislativo locales.
Entonces, en un artículo publicado en estas mismas páginas, hablábamos de la vigencia de dos claras vertientes contrapuestas con relación al caso catalán.
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De un lado “la percepción de los catalanes que aspiran a la independencia sigue siendo la de total asfixia a sus mayoritarias aspiraciones y decisiones, y lógicamente semejante escenario no hace otra cosa que alebrestar las voluntades y y respetuoso.” Del otro la evidente ausencia en la agenda del gobierno del derechista Mariano Rajoy (entonces aposentado en La Moncloa) de criminalizar a los catalanes independentistas y tipificarlos como enemigos públicos, sediciosos, alborotadores y violadores de las leyes.
Desde entonces, ya oficialmente se tramitaba la actuación del Tribunal Supremo contra las figuras más importantes del separatismo…y la conclusión del proceso, presentada justo este octubre, se convirtió en el actual detonante.
Según despachos de la prensa española, la máxima instancia judicial “condenó a 13 años de prisión al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, así como a 13 años de inhabilitación absoluta.”
“Para Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, la condena es de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación, también por los mismos delitos de sedición con malversación…a Carme Forcadell se le sentenció a 11 años y seis meses sólo por sedición; a Joaquim Forn y Josep Rull, a 10 años y seis meses también por sedición, y a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a nueve años por el mismo delito.”
No obstante, el Tribunal Supremo indicó “como una clave de su unánime decisión” que a esa entidad no le corresponde “ofrecer soluciones políticas a un problema de raíces históricas", por tanto su actuación en el caso de marras estuvo encaminada a penar actos no admitidos por la ley vigente
De inmediato masivas manifestaciones populares comenzaron en varias ciudades catalanas, incluida Barcelona, donde el aeropuerto local debió cerrar sus actividades ante los enfrentamientos entre ciudadanos y policías en las inmediaciones de la instalación.
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Los medios informativos han dado a conocer indistintas cifras de heridos y detenidos, toda vez que las protestas se vienen sucediendo una tras otra, en tanto dirigentes de las agrupaciones independentistas y la mayoría parlamentaria regional, también adscrita al separatismo, llaman a la resistencia ciudadana y planifican nuevas acciones opuestas a la decisión del Tribunal Supremo.
Y mientras el panorama se mantiene candente y explosivo en Cataluña a la medida de los más tirantes incidentes de meses atrás, España sigue enredada en la imposibilidad de establecer un gobierno central a partir de la falta de acuerdo del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, ganador por escasa mayoría de la más recientes elecciones generales, y las restantes fuerzas políticas con representación en las Cortes, lo que empuja a la convocatoria -una vez más-de una nueva y agobiante convocatoria nacional a las urnas.
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